El Gobierno de Ayuso retrasa la aprobación del nuevo manual de eutanasia de Sanidad que busca agilizar los casos urgentes

El texto del manual de buenas prácticas en eutanasia, que acelerará los casos más urgentes y dará más protagonismo a la enfermería, estaba ya pactado entre los técnicos del Ministerio de Sanidad y los de las comunidades autónomas. Pero cuando iba a ser votado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este jueves, la Comunidad de Madrid ha pedido un aplazamiento.

La Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso explica que el objetivo es “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que le parece “razonable que se trabaje con el máximo consenso”. Ese punto del orden del día del interterritorial será aplazado a la siguiente reunión del organismo, según han acordado tanto el ministerio como las comunidades.

La idea es que el texto resultante sustituya a la guía que se venía utilizando desde la entrada en vigor de la ley, en 2021. Desde entonces, uno de los obstáculos para su aplicación ha sido que la burocracia entorpece en ocasiones el acceso a la prestación: un tercio de las personas que la solicitan fallecen antes de recibirla.

Para tratar de corregirlo, el manual propuesto recomienda tramitar de forma abreviada los casos más urgentes, de manera que pueda reducirse al mínimo posible el plazo entre las dos solicitudes que debe presentar el paciente, fijado con carácter general en al menos 15 días. Esa reducción podría aplicarse cuando exista un riesgo inminente para la vida o para las capacidades de la persona y el médico lo justifique en un informe, sin alterar las garantías legales, que siguen exigiendo la intervención de un médico, un segundo facultativo ajeno al caso y un comité de garantías.

Otra de las novedades que presentaba el texto era el refuerzo del papel de la enfermería, que pasará a convertirse en figura de referencia a lo largo del proceso. Sus funciones incluirían el apoyo informativo y el acompañamiento a la persona solicitante, la preparación del entorno y del material necesario, la realización de cuidados y procedimientos, así como el apoyo a familiares y cuidadores y la orientación sobre los recursos disponibles para el duelo.

Sanidad trata además de responder con este manual a otra de las dificultades que ha aflorado en la aplicación de la ley: la inequidad territorial. Según los datos oficiales, hay comunidades que realizan, en términos relativos y sin una explicación demográfica que lo justifique, hasta 20 veces más eutanasias que otras.

La nueva edición quiere incorporar una estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, ya presentes en varias autonomías, que deberán facilitar información a la ciudadanía, apoyo operativo a los profesionales y coordinación con los servicios de salud.

El documento también estaba destinado a introducir cambios en los tiempos del proceso una vez reconocido el derecho. El paciente podría solicitar un aplazamiento de hasta seis meses, frente al margen de entre uno y dos meses contemplado hasta ahora, y se añade la posibilidad de suspender temporalmente la prestación por “circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”.

Por primera vez, además, el manual incluía un apartado específico sobre donación de órganos, con protocolos claros para quienes decidan donar tras recibir la prestación, siempre de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia.

Cuidados paliativos

En la misma reunión, Sanidad ha aprobado la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, con la que pretende blindar esta atención como un derecho para cualquier persona, viva donde viva y tenga la enfermedad que tenga.

El enfoque del documento deja atrás una visión centrada solo en los últimos meses de vida y sitúa el foco en el sufrimiento causado por la enfermedad como criterio para activar la atención. Según el texto, el 75% de las muertes se producen ya por enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas, y aunque el cáncer representa una cuarta parte de esos casos, el peso de las enfermedades no oncológicas, como las demencias, las insuficiencias de órgano o la fragilidad avanzada, obliga a una identificación más temprana de estas necesidades en todos los niveles asistenciales.

La estrategia plantea una atención específica para niños y adolescentes desde la etapa prenatal, medidas para evitar transiciones bruscas a los recursos de adultos, atención continuada las 24 horas durante todo el año, refuerzo de la telemedicina y una mayor coordinación entre hospital y domicilio.

El texto incorpora, además, una dimensión social, con referencias al sesgo de género en la valoración del dolor, a la sobrecarga que asumen muchas cuidadoras y a la necesidad de evitar una peor atención para las personas mayores en residencias.