La paz total logra un avance: la disidencia de Walter Mendoza pacta dos zonas de ubicación

A un lado de la entrada del resguardo Awá de Inda Sabaleta brilla el verde de los extensos cultivos de coca, al otro los numerosos prostíbulos. Este corregimiento azotado por el conflicto, ubicado a poco más de una hora del puerto de Tumaco, en la costa pacífica de Colombia, fue elegido para culminar el quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y la disidencia de las extintas FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Allí, durante cuatro días, la delegación al mando de alias Walter Mendoza y la del Gobierno negociaron hasta dar a luz cuatro acuerdos claves para acercarse a la meta de la paz. Entre ellos, la creación de dos zonas de ubicación temporal, una en Nariño y otra en el vecino Putumayo, para que agrupen a 120 combatientes dispuestos a llegar a la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil.

De las denominadas Zonas para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal todavía se conoce poco. Por ahora, se sabe que una de ellas se ubicará en el municipio de Roberto Payán, en la región costera de Nariño. Al igual que en lo pactado para la zona de ubicación de otra disidencia, el frente 33, en el Catatumbo, la seguridad estará en manos de la Fuerza Pública.

Otro aspecto neurálgico en la mesa es el tránsito de las economías ilícitas a unas lícitas en regiones como esta. Según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, la UNODC, Nariño es el departamento con más cultivos de coca de Colombia, el país con más coca del mundo. El departamento vivió un paro cocalero hace dos meses, en el que varias organizaciones campesinas denunciaron el incumplimiento del Estado a quienes se acogieron al Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el que el Estado buscaba adelantar esa transición.

Para ese punto, la mesa acordó impulsar un programa de transformación en el que participen comunidades y miembros de la CNEB. En él, Araña desempeñará un papel central, pues participaría en el diseño del programa para el departamento de Putumayo y en el acto de instalación. Ese compromiso del Gobierno coincide con la reciente decisión de Petro de aplazar su extradición del comandante guerrillero, y con un trino en su cuenta de X. “La ley permite zonas de concentración en los procesos más avanzados de paz y suspender extradiciones si se está en uno de ellos. Así se hizo en el pasado y se hará en el presente”, expresó el mandatario. Una medida que ha sido cuestionada y que choca con la resolución de la Fiscalía de firmar la extradición.

En el marco de este quinto ciclo también se definió que entre las funciones de los tres países garantes —Suiza, Noruega y Venezuela— estará acompañar físicamente a la delegación del CNEB en sus traslados y extracciones. Por su parte, la disidencia se comprometió a realizar una entrega de material de guerra, aunque no se ha precisado el lugar ni la fecha de ese paso.

La CNEB está integrada por dos grupos con presencia en el sur y suroccidente de Colombia, en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera que según la oenegé PARES suman en sus filas alrededor de 2.000 integrantes. El grupo es una disidencia de la disidencia de las extintas FARC conocida como Segunda Marquetalia. Anunció esa escisión a finales del 2024, luego de que en noviembre Iván Márquez, cabeza de la Segunda Marquetalia, publicara una carta en la que desconocía los avances de Mendoza en la mesa de diálogos. Hoy el Gobierno no tiene un proceso con el grupo que aún encabeza Márquez.

En febrero entró en una profunda crisis, pues Giovanny Andrés Rojas, o Araña, líder de Comandos, fue capturado en Bogotá en medio del tercer ciclo de los diálogos. Aun así, la disidencia decidió continuar las negociaciones, en las que Rojas ha participado vía virtual desde la cárcel de La Picota de Bogotá. Su situación legal – está pedido en extradición por Estados Unidos – ha sido un asunto debatido en el Gobierno y Otty Patiño, alto comisionado de Paz, acusó a la Fiscalía de atacar la política de paz de esta administración.

Tres meses después, el cierre del quinto ciclo ha demostrado que la confianza se ha ido reconstruyendo. Así lo señaló Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la rueda de prensa de cierre, en Inda Zabaleta. “Araña fue asaltado en su buena fe”, dijo. Subrayó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que resuelva los vacíos jurídicos que han sido un obstáculo para la paz total, la ambiciosa política que busca negociar la paz en simultáneo con todos los grupos que operan en Colombia. Agregó que, entre tanto, se han enfocado en llegar a acuerdos que beneficien a las comunidades afectadas por estas estructuras.

Justamente, el pueblo indígena Awá que habita entre Nariño, Putumayo y el fronterizo Ecuador, ha sido víctima de las minas antipersonales instaladas por los grupos armados ilegales. El clamor por un cese bilateral para mantener a la población fuera de las disputas estuvo presente a lo largo del cierre de ciclo. “Los territorios hemos clamado porque la paz llegue. Hoy estamos reunidos para eso: por la paz que anhelamos”, sostuvo un poblador en su intervención en la jornada de este domingo. La exigencia parece ir haciéndose realidad de a poco, como lo resaltó el alcalde de Tumaco, quien enfatizó en la disminución en las cifras de violencia en la capital de Nariño. Una dinámica positiva que se extiende más allá de esa ciudad, pues la Policía Nacional reportó que el año pasado ese departamento tuvo la tasa más baja de homicidios en dos décadas.

Nayeli Sánchez, hija de un firmante de paz del acuerdo de 2016 y, ahora, directora de la Fundación Renacer-Sonrisas De Esperanza que trabaja con jóvenes en la región, también intervino llevando un mensaje de esperanza. “Como joven nacida y criada en medio de la violencia, creo que la única forma de construir paz y de tener unos territorios tranquilos es apostándole a este proceso que debe contar con la participación activa de quienes sufrimos el conflicto”, dice en conversación. En esa misma línea se pronunció el alcalde del municipio de Barbacoas, Mario Hurtado, quien exhortó a que se escuche en la mesa, de manera especial, las voces de las mujeres a quienes la guerra afecta de forma diferencial. Actualmente solo hay dos mujeres, Ángela Bargellini, del equipo de Naciones Unidas y Gloria Arias, del equipo de Gobierno.

Pese a los escasos avances de la paz total con la mayoría de grupos, las tres mesas que muestran progresos le apuestan a medidas similares: espacios territoriales de agrupamiento en las zonas de influencia de las estructuras criminales y sustitución voluntaria de economías ilegales. El sexto ciclo entre el Gobierno y la CNEB también se realizará en Nariño, aunque aún no tiene fecha ni lugar establecido. La intención es que para ese momento esa disidencia inicie la dejación de las armas, en lo que sería el mayor éxito de la política con la que el presidente Gustavo Petro busca cumplir su promesa de lograr la paz.