De panfletos amenazantes a mentiras en TikTok: el reclutamiento infantil se agrava en Colombia

El más reciente reporte público de reclutamiento de menores que tiene el Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz está fechado del 10 de febrero. La víctima fue Miriam Lucía Pino Pesay, de 14 años, y quien desapareció en el municipio de Inzá, del departamento del Cauca, un pueblo enclavado entre la cordillera central. La última vez que la vieron iba camino al colegio del resguardo indígena al que pertenece. No ha sido el último caso, pero desde entonces las consecuencias para las familias que denunciaran se han recrudecido.

En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo ha identificado 21 casos de reclutamiento de menores de edad, la cifra más conservadora entre organizaciones e instituciones. A Madres y Mujeres por la Paz, una organización centrada en el suroccidente del país, le llegan entre cuatro y cinco reportes a la semana, solo de casos ocurridos en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La oenegé Tejedores de Paz de Norte de Santander ha atendido 45 casos este año solo en ese departamento. Otras organizaciones nacionales, como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), tienen reporte de 60 casos, de los cuales 12 están todavía en verificación. Y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que recientemente analizó y presentó un informe de ese delito, ha documentado 140 casos entre enero y abril de este año. “Cada 48 horas, un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados ilegales en Colombia”, se lee en el documento.

El reclutamiento, aunque es un delito que nunca ha cesado en el país, se ha aumentado considerablemente en cinco años, tanto durante la Presidencia de Iván Duque como en el gobierno de Gustavo Petro, ante el fracaso de la política de Paz Total del gobierno. Pero el reclutamiento ha cambiado sus dinámicas en los últimos años, y las instituciones no siempre han seguido el ritmo de esa transformación. Hilda Molano, de la Coalico, explica que aunque las formas conservadoras de reclutar a través del rapto o amenazas siguen presentes, el acceso a redes sociales ha abierto una puerta que acerca a los grupos ilegales con la niñez y la juventud, sobre todo en plataformas como TikTok. “Todo lo que tenga que ver con posibilidades de dinero fácil, el manejo de armas, tener celulares de alta gama son formas de vida que se transmiten a través de redes con un lenguaje cercano a la juventud”, explica.

En esa red social abundan los videos de cuentas anónimas que promocionan sueldos desde los dos millones de pesos mensuales (470 dólares) a quienes se sumen a las filas de algún grupo armado. En su informe, la JEP reveló que, solo en Tik Tok, identificaron 146 cuentas activas que promueven la vinculación de menores de edad a grupos armados. “Los contenidos más virales son los que utilizan audios de moda y hashtags en tendencia, camuflando mensajes normalizadores de la violencia”, se lee en el documento. Según ellos, el departamento del Cauca concentra el 54 % de las cuentas activas en redes sociales que promueven el reclutamiento. El más reciente boletín del Comité Internacional de la Cruz Rojas (CICR) concuerda: de los 61 casos de reclutamiento que ha documentado en todo el país, en lo que va del 2025, el 53 % de los casos han ocurrido en Cauca.

Otro de los patrones criminales que han identificado desde la Coalico es que los niños reclutados son, con frecuencia, trasladados a integrar grupos armados en otras zonas del país para evitar que sus familiares los encuentren. También son enviados a combate casi en el mismo momento de su vinculación al grupo. Molano explica que antes había períodos de adiestramiento por parte del actor ilegal, pero la realidad es distinta. “El afán de los grupos por combatir es tal, que tenemos documentados ocho casos de menores en el Cauca que hemos encontrado muertos en combate, apenas una semana después desde que fueron sacados de sus casas”, menciona. Ese flagelo lo vienen advirtiendo las organizaciones locales desde el año 2022, cuando se dispararon los casos de niños y niñas muertos en enfrentamientos.

Una de las víctimas más pequeñas de esa tragedia fue Valery Chilgueso, una niña reclutada en 2022, a sus 12 años, por el frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC. Meses después, logró escapar del grupo en medio de un combate del que resultó herida, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la llevó a un hogar de paso en el mismo departamento. Desde allí, la menor le enviaba audios de WhatsApp a su familia en los que le contaba que, aún estando bajo protección del Estado, la buscaban otros grupos. “Nos buscan ya de la marquetalia [Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC], los elenos [ELN]”, dijo. La menor escapó del hogar de paso y en marzo de 2024, a Sonia Chilgueso, su mamá, le informaron que su hija había fallecido en un combate en límites con el departamento de Nariño. La familia permanece desplazada desde entonces.

“¿Sus papás qué estarán dispuestos a hacer?”

En la subregión del Catatumbo, donde la confrontación entre la guerrilla del ELN y el frente 33 de las disidencias emergió en enero pasado, el panorama no es mejor. Desde la Arquidiócesis de Tibú, donde han acompañado las negociaciones de paz como garantes del proceso, advierten que las denuncias por reclutamiento se cuentan por puñados. “Esta semana se llevaron a seis niños, menores de 14, de una vereda llamada La Vigilancia”, explica el párroco Jesús Gabriel Sánchez. En esa zona, lejos de recurrir a las redes sociales para enamorar y engañar a los niños y niñas, han optado por llevarlos a la fuerza o bajo amenazas. “Cada día llegan a las parroquias entre dos y tres casos de reclutamiento”, advierte.

Diana Vargas, coordinadora del colectivo Tejedores de Paz de Norte de Santander, cuenta que, ante la necesidad de ambos grupos armados de mostrarse sólidos para sostener la guerra del Catatumbo, han optado por imitar la estrategia del Ejército Nacional de pedir que se presenten los jóvenes para determinar si son aptos -o no- para ir a la guerra. La diferencia es que, mientras en las Fuerzas Militares los jóvenes deben comparecer a sus 18 años recién cumplidos, con los grupos al margen de la ley el rango de edad son los 13. “Todos los menores con 13 años recién cumplidos, deben presentarse en una de las fincas del ELN en Catatumbo”, señala Vargas. Se trata de un predio ubicado entre los municipios de Puerto Santander y Sardinata.

Para evitar que los recluten, las familias optan desplazarse o por negociar con el grupo ilegal. A varios de los jóvenes que han asistido a la “citación”, les formulan la pregunta decisiva. “¿Qué están dispuestos a hacer sus papás para que ustedes no integren las filas?”. Y, en los mejores casos, les pagan con fincas, cultivos, ganado o altas sumas de dinero, a cambio de no llevarse a sus hijos; pero en el caso de las mujeres cabeza de familia, la oferta es otra. “A las mamás les dicen que no se llevan a los muchachos, a cambio de que ellas tengan relaciones sexuales con alguien o varios del grupo”, dice Vargas. La violencia sexual, desde entonces, también está disparada, pero ese es quizá el delito más silencioso en el conflicto armado colombiano. El desplazamiento a causa de los intentos de reclutamiento, también.

Otra de las formas que han identificado es la participación de los jóvenes en “retos” que ven en redes sociales, y que impulsan los actores ilegales. “Primero, les dicen que si postean una foto o un mensaje [que puede ser un comunicado o panfleto del grupo armado] les dan 10.000 o 20.000 pesos; ya luego van subiendo el nivel del ‘juego’, hasta que los retan a transportar droga, o ya sumarse a las filas”, denuncia Vargas. “Ellos tienen que enviar la captura de pantalla de cuánta gente vio el mensaje y la evidencia de que cumplieron, y así los van metiendo en eso”.

En el más reciente boletín de seguridad de la Gobernación de Norte de Santander, tienen documentado que, hasta abril, se habían entregado voluntariamente 27 menores de edad que pertenecían a grupos armados ilegales en esa zona fronteriza. El Ejército calcula que, en 2024, recuperaron a 447 niños y niñas en todo Colombia que fueron entregados al ICBF, que mantiene su custodia hasta la mayoría de edad. Este diario consultó al Instituto para conocer sus cifras y balance en materia de reclutamiento, pero no contestaron las preguntas.

Para hacerle frente a estas denuncias y avanzar en la recuperación de los niños y niñas reclutados, las Madres y Mujeres por la Paz han consolidado la Guardia Intercultural y Humanitaria. Se trata de la primera guardia integrada solo por mujeres, que la mayoría son madres y mujeres buscadoras, que han sumado esfuerzos para cruzar información y enfrentarse a los grupos armados para adelantar labores de búsqueda y recuperación de menores de edad. Sofía López, que acompaña el proceso, explica en un video que es una propuesta comunitaria, que por ahora solo funciona en el Cauca, con la que las mujeres indígenas, afrocolombianas y mestizas buscan a sus hijos e hijas desaparecidos y reclutados. “El Estado no las acompaña, entonces ellas levantaron un acompañamiento comunitario de la mano de las autoridades indígenas, afrocolombianas y campesinas”.