La niñez emberá en Bogotá sobrevive en medio del microtráfico y las disputas burocráticas

Las infancias indígenas deambulando por las calles de Bogotá, en su mayoría del pueblo emberá desplazado por la violencia, se han vuelto parte del panorama capitalino. Se trata de una escena desgarradora que desde 2020 se agudizó con la llegada de 500 desplazados al Parque Nacional, en el centro de la ciudad, y cuya atención no ha logrado ser resuelta eficazmente. Pese a que se han anunciado numerosos retornos a sus territorios, y también se han reacomodado cientos de familias en dos centros del distrito, los niños emberá siguen desprotegidos en la capital, y cada par de meses parece aumentar el nivel de riesgo que enfrentan en las calles. En un rifirrafe reciente, entre los indígenas y la alcaldía, las instituciones acusaron de “reclutamiento” de menores a la guardia indígena, y también revelaron que los pequeños estaban siendo usados en redes de microtráfico.

La discusión arrancó el pasado miércoles, en una escena que ya se ha repetido varias veces, cuando 70 indígenas, entre niños y adultos, llegaron al Parque Nacional y pasaron allí la noche. De acuerdo con declaraciones en X de Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, exigían un retorno pronto a sus territorios, Chocó y Risaralda. La Alcaldía sostuvo que la responsabilidad de los retornos recae en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y que desde el Distrito ya se han invertido 17.000 millones de pesos en atender a las comunidades indígenas. Pero con el pasar de las horas las acusaciones subieron de nivel, y no fueron solo sobre cuál es la burocracia a cargo del retorno.

“Vamos a evaluar si cabe la posibilidad de denunciarlos por reclutamiento de menores”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo, refiriéndose a la guardia indígena. Esas afirmaciones de Restrepo fueron rechazadas inmediatamente por la Defensoría del Pueblo, institución que rechazó la estigmatización a la población indígena. “La Guardia es una forma legítima de organización de los pueblos indígenas y sus autoridades, reconocida por la Constitución”, aseveró la Defensoría. No es un grupo con armas, sino con bastones de mando, y sobre todo no es una guerrilla o grupo paramilitar, por lo que es imposible hablar de reclutamiento de menores. La relación entre Alcaldía e indígenas inmediatamente se puso amarga.

A Restrepo se unió Roberto Angulo, secretario de Integración Social (SDIS), con denuncias más serias. Este último indicó que desde su entidad habían interpuesto dos denuncias. No habló de reclutamiento, pero sí de constreñimiento ilegal de menores, refiriéndose de nuevo a la Guardia Indígena. “Los voceros de la comunidad Emberá y algunos miembros de la guardia indígena, expresaron tajantemente a los funcionarios de la Secretaría, que no se autorizaba el traslado de ningún niño o mujer a los Centros Amar, incluyendo bebés de brazos y mujeres lactantes”, explicaron a este medio. Es decir, que negaban una atención prioritaria de la Alcaldía para el cuidado infantil. Pero más preocupante aún resultó la segunda denuncia por posible uso de menores indígenas para el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, la alarma se encendió el pasado mes de abril cuando varios funcionarios evidenciaron que menores de edad hacían traslados injustificados entre donde se ubica La Rioja, uno de dos centros donde fueron ubicados familias emberá, y el barrio San Bernardo, un sector dominado por el microtráfico. Que los niños emberá terminaran afectados por el consumo y venta de drogas en este barrio céntrico de Bogotá era un riesgo que se veía venir.

“Durante la administración de Claudia López, se hizo un informe que se le entregó a la misma Alcaldía, Procuraduría y Contraloría, donde se manifestaban los posibles riesgos a los que se enfrentaba esta población si su permanencia en esas localidades se extendía por más de siete meses”, cuenta Jairo Montañez, coordinador saliente de las Autoridades Indígenas de Bakata.

Montañez aceptó que durante la larga crisis humanitaria que han vivido en Bogotá, que ya cumple más de tres años, las autoridades propias han ido perdiendo terreno con los jóvenes que se han visto expuestos a escenarios ajenos a su cultura. Y los líderes indígenas dicen que los niños no tienen espacios seguros para jugar libremente, por eso terminan deambulando entre consumidores y vendedores de droga en el parque San Bernardo. La Alcaldía, por su lado, dice que los niños estarían mejor si los adultos los llevaran a los Centros Amar.

Quién es responsable de cuidar a los niños ha sido un tema de debate desde la primera ocupación de los pueblos en el Parque Nacional, cuando sus líderes denunciaron al menos una veintena de muertes de niños indígenas. Eso a causa de afecciones relacionadas con las malas condiciones en esos asentamientos. Luego, en las reubicaciones en 2022 a los centros La Rioja y La Florida, fue el inicio de otras graves problemáticas. Primero, se denunciaron hacinamiento y condiciones precarias –afirmaciones respaldadas por un fallo de tutela en 2023- en La Rioja, lo que generó enfermedades cardiorrespiratorias en varios bebés. Después se registró la muerte de un menor emberá de apenas meses de edad bajo la custodia del ICBF. Actualmente, no es claro la totalidad de menores de edad indígenas que han muerto en el marco de la larga emergencia. Solo es claro que los señalamientos saltan de aquí para allá, entre alcaldía, gobierno y autoridades indígenas. Tres años en los que los niños, más que protegidos, han quedado solos.