La Fiscalía imputará cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por el escándalo de la UNGRD

Un nuevo capítulo se escribe en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía ha anunciado este miércoles que solicitó al Tribunal Superior de Bogotá una audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González por el escándalo de corrupción más grande del Gobierno, al ser considerado como presunto responsable de los delitos de cohecho y lavado de activos. De acuerdo con el equipo de fiscales que lidera el caso, González es supuestamente una figura clave en la red que suma irregularidades en contratos por unos 16.000 millones de pesos o unos 4 millones de dólares.

El nombre de González, exdirector del Partido Verde, apareció en las declaraciones de varios testigos e implicados en el caso, específicamente los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla. La Fiscalía investiga el supuesto soborno por parte del Ejecutivo a miembros del Congreso para que estos respaldaran las reformas sociales del Gobierno de Petro. Según los testigos, González fue quien dio las instrucciones para la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, y 1.000 millones al representante Andrés Calle, ambos expresidentes del Congreso de la República. Name y Calle fueron detenidos la semana pasada por orden de la Corte Suprema.

El Ministerio Público también ha anunciado que pedirá una medida de aseguramiento contra González, aunque el político se encuentra fuera del país desde hace varios meses. Antes de su salida del Ejecutivo, a mediados de 2024, estuvo a la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo al que renunció por considerar que su permanencia era “incompatible con cualquier investigación judicial”.

Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, indicó en sus primeras declaraciones, tras ser detenido en 2024, que el exdirector del Dapre fue quien gestó el esquema de corrupción de la UNGRD en una reunión a la que llamó ‘cónclave’, y a la que supuestamente asistieron otros altos funcionarios. A mediados de 2024, González defendió su inocencia en un comunicado. “Mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”.

El exdirector del Dapre y de Inteligencia es uno de los políticos más cercanos a Petro desde hace décadas. Nacido en Santander, conoció al presidente cuando militaron en la extinta guerrilla del M-19 y tuvieron posiciones de mando. Fue cofundador del Partido Verde en 2005 y, desde entonces, ha sido un poder a la sombra de esa colectividad, que dirigió a una fusión con el petrismo agrupado en el movimiento Progresistas, en 2013. Una década más tarde, Petro lo llevó a dirigir el Dapre y a ser uno de los puentes entre los congresistas y el Ejecutivo, el encargado de organizar las funciones administrativas y políticas de la Casa de Nariño. Sus dos despachos colindaban.

La petición de la Fiscalía cristaliza la crisis del Partido Verde, que desde hace una década enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción y que hoy se encuentra en el ojo del huracán porque varios de sus miembros están implicados en el caso de la UNGRD. El senador Iván Name, y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, detenidos por las autoridades en medio de esta investigación, fueron defenestrados de la Alianza Verde esta semana. El partido “no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia”, sostuvo el comunicado que anunció estas expulsiones, aunque, por ahora, no se ha pronunciado por la permanencia de su cofundador.