El impago de la telefónica brasileña Telecall le cuesta a Colombia 70 millones de dólares

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia no alza cabeza. Telecall, el cuarto operador de Brasil, ha incumplido el pago de 41.000 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) al Estado colombiano para entrar a competir como cuarto actor en el sector de la telefonía móvil e Internet. La deuda suma ya cuatro meses: la fecha límite para saldar la primera cuota establecida (13%) por el uso de las frecuencias de quinta generación (5G) fue el pasado 12 de noviembre. La empresa ha argumentado que la crisis general del sector la ha arrastrado a postergar el desembolso para activar la concesión que adquirió a través de la subasta pública celebrada en diciembre de 2023.

En aquella puja, donde se adjudicaron las concesiones para operar la tecnología 5G, Telecall se hizo con un bloque de espectro de 80 MHz en la banda de 3,5 gigahercios por más de 300.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 70 millones de dólares). Tecnicismos aparte, se trata de la avenida más moderna, de propiedad estatal, que permite el desarrollo de áreas como el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el metaverso o los carros autónomos. Es decir, la materia prima para que la empresa brasileña desplegara en Colombia un servicio con altas velocidades y buen balance entre cobertura y capacidad.

“El primer pago se debía hacer dentro de los 90 días hábiles después de la firma y la oficialización de la parte administrativa, que fue en mayo del año pasado”, recuerda el exviceministro de conectividad del Ministerio de las Tecnologías, Gabriel Jurado. A partir de entonces, sin embargo, comenzaron las solicitudes de aplazamiento por parte de los brasileños. “Empezamos a inquietarnos”, precisa Jurado, “porque ya veíamos una actitud de excesiva litigiosidad cuando ni siquiera tenían el título definitivo para empezar a ejecutar la licencia”. El abogado habla de una sucesión de requerimientos como aclaraciones y reposiciones que movieron el cronograma hasta dejar la fecha en noviembre.

Los movimientos tenían como objetivo tantear mejor el terreno y ganar tiempo: “Las noticias empezaron a hacer ruido el año pasado. Wom se acogió a la ley 1116; luego salta la fusión de Tigo y Movistar bajo el argumento de que el mercado no es sostenible; todo el mundo dice que el sector está muy apretado por la dominancia de Claro. Entonces, cuando el Ministerio nos iba a entregar el permiso de espectro, el inversionista retira el compromiso que estaba firmado”, detalla el representante legal de Telecall en Colombia, Iván Mantilla. De igual forma, reclama que, a partir de ahí, el consorcio ha emprendido una búsqueda de más capital para avanzar con la operación. Entre ellos cuenta, se ha sumado Steve Papas, fundador de Parallel Wireless, líder mundial en redes 5G.

Jurado señala que se trata de tropiezos ajenos al Estado, y que la compañía brasileña ha debido sopesarlos antes de concursar en una subasta pública cuyas normas estuvieron siempre bien delineadas. “Telecall ha aducido que algunos de sus socios se retiraron del negocio sobre la marcha, y que incumplieron por la situación del sector. Quieren seguir aplazando la fecha de pago, pero el ministerio no puede modificar unas reglas que funcionaron para todos, y menos aún cuando los demás operadores ya cumplieron”, sostiene Jurado.

¿Cuál es la penalización? Para el exviceministro, las reglas de la subasta son claras: “Si usted no paga dentro del plazo estipulado, se iniciará un proceso para dejar sin efecto administrativo el otorgamiento de la licencia”. A saber: se anula el procedimiento y Telecall pierde el derecho a utilizar el espectro. Mantilla reclama que el trato para sus apoderados brasileños ha sido desigual. Recuerda que la situación financiera de la compañía es “muy similar” a la de Wom, el tercer operador del país y en proceso de reestructuración desde mayo del año pasado.

Su argumento central es que esa compañía ha gozado de varios aplazamientos a la hora de cumplir con sus obligaciones. Es un planteamiento matizable, ya que esta última se engloba dentro de las facilidades que da la ley de insolvencia colombiana. “Tiene una protección especial. Todos los pagos quedan congelados porque hay que preservar la unidad de la empresa hasta que el juez resuelva cómo debe cumplir con sus obligaciones. No obstante, Wom debe pagar este año la primera cuota del pago del espectro”, precisa Jurado. Un asunto crucial para la tercera empresa de telefonía móvil del país: Wom anunció en enero un acuerdo con el fondo anglosajón Sur Holding para sellar su rescate financiero.

Mientras tanto, en el Ministerio de las Tecnologías cursa un proceso administrativo contra la empresa brasileña por incumplimiento de pago. “El proyecto de Telecall en Colombia está parado”, resume Mantilla, “pero hemos mantenido la comunicación con el Ministerio. Ya pedimos de manera oficial que se apruebe el plan de cumplimiento que radicamos para poderles pagar”.

Los competidores, entre tanto, han manifestado su descontento. Uno de ellos es Claro, dominador con un 52,8% de cuota en el sector: “Telecall participó en un proceso competitivo de subasta de espectro con unas condiciones transparentes para todos los interesados”. Por eso, la filial de la mexicana América Móvil señala que la empresa brasileña, que factura unos 130 millones de dólares al año, incumplió con el pago al Estado colombiano aun sabiendo las reglas de juego. Un hecho, prosigue, que obliga al Gobierno a “recuperar el espectro”.

Todo ello conforma una amalgama de malas noticias para las cuentas estatales: “El ministerio tiene un déficit importante. Esto va a limitar los ingresos de proyectos de telecomunicaciones sociales”, afirma Jurado. Claro, por último, advierte de que el peor escenario para Colombia sería que además del impago de Telecall, una compañía presente en países como Japón o Portugal, “el Gobierno no sea diligente en ejecutar las garantías. Se generaría una pérdida adicional para la Nación”.