El Gobierno baraja cobrar por anticipado impuestos de 2026 para sanear sus cuentas

El Gobierno de Gustavo Petro baraja nuevas fórmulas para sanear el desbalance en las cuentas públicas. La última alternativa ha sido dada a conocer esta semana. Se trata de aumentar la base en el dinero que, por el impuesto de renta, pagan por anticipado las empresas. El borrador del decreto con el cual se espera reanimar la recaudación se publicó este lunes. No obstante, la preocupación en diversos sectores económicos o académicos ya es tangible. En especial debido a los resultados de una medida ya ensayada, en 2023, dentro de la reforma tributaria impulsada por el entonces Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

De hecho, el presidente Petro criticó en diversas ocasiones aquellos anticipos. En septiembre del año pasado, los tachó de “error administrativo del Gobierno” y responsabilidad directa de Ocampo. El mandatario también ha subrayado la distorsión de caja que causaron: si en 2023 aumentó el recaudo tributario, en 2024 se desplomó a consecuencia del adelanto desembolsado. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, advierte de que con los anticipos los líos de tesorería del Estado mejorarán algo, pero una vez más a costa del bolsillo de los colombianos. Y anticipa que los sectores carboníferos y petroleros serán los más afectados.

La tarifa de la denominada autorretención en la fuente pasaría del 3,2% al 5,5% , para el caso de las empresas carboneras. En el renglón petróleo, por su parte, aumentaría del 5,6% al 7%. El notable incremento de estos anticipos en ese sector se lee como una nueva avanzada del Ejecutivo en su plan de transición verde. Por ello, llama más la atención el ajuste, del 2,2% al 4,55%, dispuesto para las comercializadoras y generadoras de energía. Un universo de empresas, algunas públicas, otras privadas, con sus propios problemas de tesorería y choques con el presidente, que las acusa de inflar sus tarifas. Salazar resume: “Es como si al hacer una compra nos cobrarán más, con el argumento de que dentro de un año nuestros recursos mejorarán y, en teoría, nos harán un descuento”.

El representante a la Cámara por el oficialista Pacto Histórico Alejandro Ocampo asegura, por el contrario, que se trata de una “estrategia que promueve una mayor equidad” e insiste en que es “fundamental para garantizar la continuidad de los programas sociales que benefician a millones de colombianos”. La misma línea del presidente Petro quien, a un año y tres meses de finalizar su mandato, parece mirar de soslayo una burbuja de deuda que no hace otra cosa que hincharse. Esa es la raíz del apuro para buscar fuentes de financiación.

Todo lo anterior indica que el Gobierno de izquierdas dejará un agujero más grande del que recibió de la Administración del conservador Iván Duque. Hoy el déficit fiscal ha saltado a casi el 7% del PIB desde el 4,3% registrado en 2023. La deuda neta del Ejecutivo ronda el 60% del producto interno bruto. Dos indicadores que aprietan los linderos considerados aceptables para las finanzas estatales. No obstante la importancia recaudatoria del nuevo ajuste parece, según estimaciones oficiales, insuficiente, pues no pasaría de los 5 billones de pesos para cubrir un faltante de por lo menos 12 billones. “Cuando estaba el ministro Ocampo, la justificación para aumentar la tarifa era anticipar el recaudo del impuesto de renta de la reforma de 2022, en especial a los hidrocarburos y el carbón”, recuerda la economista y experta en Gobierno Johanna López.

En aquel entonces casi todo salió al revés. La Corte Constitucional derribó la parte del proyecto que prohibía a las grandes compañías de hidrocarburo deducir el pago de regalías para calcular el impuesto sobre la renta. Las metas de impuestos no se cumplieron. Esta vez, señala el Ministerio de Hacienda, el sustento es el crecimiento de la economía colombiana. En síntesis, ha juzgado que el ciclo es adecuado en aras de cerrar la brecha creciente entre las autorretenciones, que cada empresa hace durante el año para girarle al fisco, y el impuesto final que debe pagar el año siguiente, cuando ya pueda contabilizar todos sus ingresos y gastos.

En algunos sectores, agrega Hacienda, es un desfase de hasta el 20%. La idea, según el borrador, es acelerar aquellos pagos para que la casi totalidad del impuesto se pague a lo largo del año. “En esta ocasión aplica al oro, sectores de la agricultura y otros renglones de servicios. Se trata de que el gravamen se anticipe más, en el mismo año que se está generando la actividad económica. El efecto sería positivo para el recaudo, aunque dependerá de la dinámica de ingresos de esos rubros a los cuales les están aumentando”, apostilla López.

El remedio, sin embargo, no ha dejado de provocar dudas: “Nosotros enviamos un derecho de petición pidiendo la información desagregada de adelantos de renta y autorretenciones. Nunca nos han querido responder”, recuerda Mauricio Salazar. De la misma forma indica que en el universo de los impuestos existen muchas variables e imprevistos que podrían trastocar los planes: “La gente responde de forma diferente a los tributos. Algunos se quiebran. Las empresas cierran. Hay quien se retira del mercado por falta de liquidez. Otros hacen optimización tributaria y mueven sus firmas a otro país. Pero el equilibrio en Colombia es: cada vez que no hay recaudo, apuntamos contra el contribuyente”.

Al menos una vez cada dos años, desde hace dos décadas, cada Gobierno en Colombia pone sobre la mesa un proyecto de nueva reforma tributaria. Desde 2016 ha habido cuando menos tres. Por ello, son pocos los analistas capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo funciona el motor fiscal en Colombia. O cuáles son los requisitos para adaptarlo a las nuevas circunstancias. La de 2023, por ejemplo, en principio generó consenso. A pesar de las críticas, muchos decían que al final era progresiva. Que ayudaba a distribuir mejor las cargas y reducir las desigualdades.

Con la noticia de este lunes se da otro giro. Además, en un momento económico aún borroso: “Con esta medida las personas naturales y jurídicas perderán liquidez en el corto plazo, lo que puede afectar su capacidad de consumo”, asegura el Observatorio Fiscal Javeriano. El centro universitario concluye que si el Gobierno no garantiza su temporalidad, y no calibra bien su aplicación, se lesiona la estabilidad. “La gente puede cerrar las compañías, mover la residencia fiscal o, eventualmente, despedir trabajadores. La solución no puede ser seguir subiendo impuestos”, incide Salazar.