Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada suspenden los diálogos de paz con el Gobierno

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) han suspendido este viernes los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. El grupo de origen paramilitar, que opera en Santa Marta y las zonas costeras de Magdalena y La Guajira, ha cuestionado al Ejército por un operativo realizado el miércoles contra un campamento de combatientes. “El saldo de ese extraño e injusto ataque fue la pérdida de tres colombianos”, dice una carta abierta al Ejecutivo. “Se hace indispensable que (...) en el Ejército nacional se respete la voluntad de paz”.

Las ACSN, que se autodefinen como un “grupo político-militar”, han reiterado en su misiva que cumplen “un mandato” de las comunidades de la zona y solo se dedican a proteger la Sierra Nevada de otros armados. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario: es un grupo netamente criminal que se financia a través del tráfico de drogas y las extorsiones a las comunidades. Las ACSN, denominadas así desde 2020, son herederas de estructuras que desde hace medio siglo controlan la zona a través de la violencia y el miedo.

Los armados han elevado la tensión al acusar sin pruebas al Ejército de tener una alianza con el Clan del Golfo, otro grupo criminal con el que se disputan la zona desde hace varios años. Han solicitado que, para retomar los diálogos, se haga una delimitación territorial de la presencia de ambas estructuras y la fuerza pública. Para Luis Fernando Trejos, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte, esto “deja la pelota en el campo del Gobierno”, al que cuestiona por el operativo del miércoles. “Llama la atención que el Ejército llevara a cabo estas acciones cuando ya se había hecho el anuncio de la mesa de diálogos y se había verificado la voluntad de paz del grupo”, apunta por WhatsApp.

Un proceso accidentado

La relación entre las ACSN y el Gobierno de Gustavo Petro siempre ha sido difícil. Durante los primeros dos años de la Administración los armados pidieron en reiteradas ocasiones que se les incluyera en las negociaciones simultáneas de la política de paz total. Después, acordaron un cese al fuego entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de ese año. No hubo continuación y recién hubo novedades en agosto del 2024, cuando el Gobierno anunció “un espacio de conversación sociojurídico”, el nombre destinado a aquellos grupos los que no les reconoce estatus político y para los que no hay un marco legal definido. Desde entonces, poco se ha avanzado: los diálogos no han pasado de la etapa preliminar.

Jose Luis Pérez, miembro del Estado Mayor de la estructura, aseguró en febrero en una entrevista con El Espectador que el grupo tenía voluntad de llegar a un acuerdo de desarme “en 5 o 10 meses”. Según él, uno de los impedimentos era que el Gobierno solo había levantado tres órdenes de captura, cuando ellos pedían otra adicional. “El Estado todavía no ha iniciado esto en firme”, dijo entonces. El Ejecutivo finalmente firmó este martes un decreto que levanta seis órdenes de captura para que altos mandos participen de los diálogos.

La suspensión de este viernes es un golpe más a la paz total. Las negociaciones con el ELN quedaron suspendidas en enero, cuando la guerrilla comenzó una ofensiva en el Catatumbo que derivó en un centenar de muertos y 60.000 desplazamientos forzados. Las disidencias de las FARC, por su parte, se han fragmentado y una gran parte ha vuelto a los combates contra la fuerza pública. Los diálogos con el Clan del Golfo, en tanto, están estancados. Solo tienen posibilidades de prosperar el proceso con el Frente Comuneros del Sur, una disidencia local del ELN en el departamento de Nariño, y el que se adelanta con el llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente, la federación de grupos disidentes de las extintas FARC que lidera alias Calarcá Córdoba.