El auge de las motos en Colombia lastra al sistema de salud

La epidemia de muertes y lesiones en siniestros viales en Colombia es inocultable. Las miradas apuntan, cada vez más, al evidente auge de las motocicletas que inundan las calles, y entre más se escarba entre cifras y estadísticas, el panorama no hace más que empeorar. Los usuarios de motocicletas son, además, quienes menos aportan al sistema de aseguramiento para atender lo que ya es considerado un enorme problema de salud pública. Las cifras son apabullantes. Más del 60% de los casi 20.000 de vehículos registrados en Colombia ya son motocicletas, prácticas y económicas, pero ese auge se ha traducido en un infierno sobre el asfalto.

La información preliminar de fatalidades viales en 2024 apunta a más de 8.000 muertes en todo el país, como ha ocurrido en los dos años anteriores, aunque los números definitivos solo se conocerán en un par de meses. Los pocos requisitos para obtener la licencia para conducir motos y el exceso de velocidad –más de la mitad de los motociclistas superan los límites, de acuerdo con estudios de la universidad Johns Hopkins– son los elementos más notorios en esta crisis mayúscula, coinciden diversos observadores, aunque los acompañan otro sinfín de ramificaciones.

A diario se pierden 14 vidas en Colombia solo a causa de los accidentes de motos, subrayaba un reciente informe el periódico El Tiempo. “Se trata de un verdadero problema de salud pública con repercusiones en muy diversos campos, desde lo que significa para el país que la mayoría de las víctimas sean personas entre los 18 y los 34 años hasta lo que implica para el sistema de salud el flujo constante y en aumento de heridos”, alertaba en su editorial. Además, los llamados moteros se han organizado en muchos lugares hasta convertirse en un notable grupo de presión que se resiste a cualquier asomo de controles.

Entre muchas otras estadísticas, lo ilustra que más del 80% tanto de las muertes como de los heridos en las calles corresponden a la suma de motociclistas y peatones –que en su gran mayoría son atropellados por motociclistas–. “Vivimos en un país de motociclistas que se matan y matan a otra gente”, sintetiza el analista Mauricio García Villegas, que ha dedicado varias columnas y reflexiones a estudiar el problema después de que su padre murió arrollado por una moto. Colombia registró más de un millón de lesionados por siniestros viales que recibieron atención médica en el año 2023. De ese total, los usuarios de motocicleta representaron cerca del 70%, o más de 736.000 personas, de acuerdo con un análisis conjunto del Ministerio de Salud, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El problema se acentúa al poner la lupa sobre el aseguramiento. La cifra más contundente es que seis de cada diez motos carecen del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o SOAT, que en teoría debería cubrir a todos los vehículos que circulan. Apenas el 39% de las motos lo tiene vigente, de acuerdo con Fasecolda. Los datos oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, son aún peores . “En las grandes ciudades sí hay algo de control porque tienen cámaras que permiten verificar si una moto está en el registro”, explica Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana. “Eso pasa en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali, pero en la mayoría de municipios de Colombia no hay cómo controlar que las motos efectivamente tengan SOAT o revisión técnico-mecánica”, añade.

Esa evasión se traduce en un hueco fiscal. La estatal Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ADRES, debe pagar entre 200.000 y 300.000 millones de pesos al año en atenciones de salud de siniestros que no cubre el SOAT, porque los vehículos implicados no tenían el seguro. Si se extrapolan esos datos con los reportes de la ANSV, entre 80.000 y 215.000 millones de pesos anuales dedica la ADRES a pagar por atenciones médicas de siniestros en los que estuvo involucrada una motocicleta, detalla Hernán Ortiz, coordinador de datos de la Iniciativa Bloomberg para la seguridad vial.

Cualquier persona que conduzca un vehículo en Colombia debe tener ese seguro, pero si no lo tiene, el derecho fundamental a la salud prevalece sobre su incumplimiento de la ley. Por lo tanto, el Estado acaba pagando las cuentas de los hospitales que atienden a los conductores que no pagaron lo que debían. “La teoría es que cada vehículo debería pagar el seguro proporcional al riesgo que represente andando por las calles”, apunta Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda. Pero no ocurre así con las motos, que gozan de ventajas como no pagar los peajes y tener cuotas reducidas en el SOAT. “Los costos de las motos asociados a impuestos, peajes y seguros son más bajos de lo que deberían”, valora Morales, lo que en alguna medida explica su proliferación.

Al auge de las motos se puede atribuir otra batería de indicadores como pérdida de productividad, emisiones y ruidos o pensiones por invalidez, entre muchos otros, que pueden llegar a llevarse varios puntos del Producto Interno Bruto de un país como Colombia, pero los cálculos más convencionales se suelen concentrar en los temas de atención en salud y de discapacidad asociada. En un sentido amplio, sin entrar en tecnicismos, la proliferación de los vehículos de dos ruedas representa un costo enorme para la sociedad en su conjunto. “Estamos viendo que los motociclistas son el usuario que claramente más carga genera al sistema de salud y el que más evade el SOAT”, refrenda Ortiz, de la Iniciativa Bloomberg. A eso se suma la bajísima percepción de los riesgos que implica conducir una motocicleta, concluye.