Los indígenas colombianos mantienen la fe en Petro aunque pierden la paciencia con su Gobierno

Los indígenas colombianos sienten que se acaba el tiempo. Gustavo Petro, el presidente que los ilusionó al llegar al poder en 2022, apenas tiene 16 meses de mandato por delante y los resultados de su Gobierno, hasta ahora, han sido más bien magros: aunque los indígenas se sienten más escuchados, no han obtenido las tierras, ni los recursos ni las competencias que esperaban. Sus dirigentes debaten qué hacer. Quieren reivindicar su autonomía y exigirle a la Administración que cumpla con las promesas, pero temen debilitar al presidente por el que votaron y que consideran mejor que los anteriores. La convocatoria a una gran minga nacional, que diferencie entre la voluntad del mandatario y el accionar de su Gobierno, está sobre la mesa.

Gerardo Jumi, consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), comentó hace varias semanas que el movimiento preparaba marchas masivas. “Tenemos nuestra propia agenda pendiente de cumplimiento por parte del Gobierno (...). Vamos a tener movilizaciones permanentes, espaciadas, reivindicativas”, dijo mientras participaba en una marcha que convocó Petro para protestar contra el Congreso por el hundimiento de la reforma laboral. Para Jumi, apoyar al mandatario en sus proyectos para el conjunto de la sociedad colombiana es compatible con organizar movilizaciones para reclamos específicos de los indígenas.

La Mesa Permanente de Concertación (MPC), que reúne a la ONIC y otras seis organizaciones, representativas de 115 pueblos indígenas, elaboró en estos últimos días un documento para presentarle al Gobierno. Le recuerda acuerdos que suscribieron antes de la elección presidencial: la ampliación de resguardos, la puesta en marcha de las entidades territoriales indígenas que contempla la Constitución de 1991, las garantías de financiamiento para sistemas propios de educación, salud y regulación ambiental. “El movimiento hace un llamado al Gobierno nacional a cumplir con su palabra”, se lee en el documento.

La gran pregunta es cuándo y cómo concretar las movilizaciones que respalden este texto. Paulo Añokazi, secretario técnico de la MPC, reconoce que ha habido algunas diferencias al respecto. “Hay un sector muy petrista que cree que una minga no favorece a Petro, que primero hay que apoyarlo con la consulta popular [para sacar adelante la reforma laboral] y solo después ir con nuestros reclamos”, apunta. Sin embargo, comenta que ha primado la postura de priorizar las reivindicaciones propias y denunciar “a los ministros incumplidores”. “Después de que firmen nuestros decretos, podemos hablar de cómo respaldamos la consulta y otras reformas”, dice. Enfatiza que el tiempo se acaba, que las propuestas más ambiciosas no saldrán adelante con otro Gobierno y que “la oportunidad es ahora”.

Entre tanto, unos 2.000 indígenas del suroccidente del país, disidentes de la MPC, se han adelantado con una movilización paralela. Han establecido un campamento en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el corazón político de Colombia, para exigir que se reconozca una nueva organización, la Confederación de Territorios y Naciones Originarias. Denuncian que el Ejecutivo no dialoga con ellos ni les da recursos por haberse separado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Esta disputa, tan a la vista de la opinión pública, ha producido preocupación en la MPC. Los dirigentes han optado por aplazar la minga nacional y mantenerse en fase de “alistamiento”. “Algunos creen que se podría confundir con los reclamos en la Plaza si la hacemos ahora”, explica Añokazi.

Los reclamos

Más allá de la postergación, el enojo y la frustración con el Ejecutivo siguen latentes. El secretario técnico de la MPC comenta que “se acabó” la paciencia con un Gobierno que define como “un fiasco”. “Ya no queremos mesas técnicas, acuerdos ni rutas. Queremos que los ministros saquen del escritorio los decretos que ya preparamos y los firmen”, enfatiza. Enumera reclamos pendientes: un programa de reincorporación de excombatientes indígenas, recursos para la protección del medio ambiente, un catastro multipropósito para avanzar en la entrega de tierras. Cuestiona, además, que la titulación de algunas tierras a campesinos puede ser perjudicial para los indígenas, que en muchos casos reclaman los mismos predios. “No nos consultaron para la reforma agraria, ni la jurisdicción agraria ni el Plan Catatumbo”, recalca.

Algo similar opina Armando Valbuena, expresidente de la ONIC y actual asesor de la organización en temas de paz. “Cualquier proceso de paz debe contar con nosotros, que somos los propietarios de los territorios y los que los conocemos. No nos están incluyendo como gobierno indígena”, apunta. Encuentra especialmente preocupante que apenas se haya avanzado en la entrega de tierras y en programas de paz. “Logramos acuerdos, pero no hay recursos. Nos dicen que hay que priorizar el pago de la deuda”, afirma.

Pese al enojo, ambos dirigentes coinciden en que Petro no es el principal responsable. En sintonía con las justificaciones que ha dado el presidente, señalan a los subalternos del mandatario de “engavetar” decretos. “Pareciera que hay un desorden ministerial. No comprenden”, dice Valbuena. Para Añokazi hay “una burocracia excluyente” de la que Petro no es parte. “Cada vez que nos sentamos con el presidente, le decimos un par de cosas que nos pasan con sus ministros y nos ayuda”, explica. Un ejemplo es un artículo sobre consultas previas a comunidades indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo: “Alfonso Prada [exministro del Interior] nos lo bajó. Petro lo llamó y le dijo que lo reincorporara”.

Esa fe y confianza en el presidente permanecen intactas, a diferencia de lo que sucedió con otros líderes de la izquierda latinoamericana, como Rafael Correa en Ecuador. Valbuena destaca “la labor pedagógica” de Petro. “No ha habido otro presidente con esa capacidad. Ha explicado por qué no funciona el Estado y eso ya es un paso en la transición que necesitamos”, apunta. Añokazi, en tanto, valora la labor de Petro como opositor al Gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022). “Eso le da legitimidad”, dice. Sin embargo, matiza que su apoyo principal no es al mandatario, sino al proyecto político que suscribieron antes de las elecciones y que promete autonomía a los indígenas. “Llevamos más de 500 años de resistencia. Petro es un pequeño instante”, resalta.

La unidad en torno a Petro

Paulo Ilich Bacca, etnógrafo jurídico y subdirector del centro de investigación Dejusticia, explica que la elección presidencial de 2022 unió a un movimiento indígena “muy amplio y plural”. Organizaciones de varias regiones dejaron atrás sus diferencias para apoyar “a un Gobierno que se concibió como un cambio”. Pese a las decepciones y los reclamos, Bacca enfatiza que existe un punto de acuerdo en que la situación era peor antes, con gobiernos “abiertamente racistas, que negaban desigualdades históricas”. “Uno podría pensar que ahora los cambios son retóricos y no se traducen en reformas estructurales, pero es un comienzo”, subraya en una videollamada.

Esa unión en torno a Petro se evidencia en la Plaza de Bolívar. Los líderes consultados en el campamento, críticos de las organizaciones de la MPC, también diferencian entre el presidente y los ministros. “El enojo es con su equipo, que no lo está acompañando y lo hace quedar mal. Es por ellos que el país se encuentra como está”, dice Edwin Rivera, del pueblo Quillacinga. Coincide en pedir un diálogo directo con Petro. “Es la máxima autoridad del país. Por lo tanto, es con él con quien tenemos que hablar sobre los incumplimientos”, resalta.