La CNMC incoa expedientes sancionadores masivos a empresas e instalaciones por el apagón eléctrico

Tras casi un año del apagón eléctrico, que dejó sin suministro a toda la Península Ibérica, el 28 de abril de 2025, y del expediente informativo o investigación para determinar las causas abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esta ha tomado la primera medida administrativa al incoar expedientes sancionadores a los posibles infractores, aunque no desvela su identidad. Según un portavoz de la Comisión, la lista se conocerá a partir de las 18h, a cierre de la Bolsa.

Fuentes próximas al regulador aseguran que se trata de expedientes masivos, esto es a multitud de instalaciones de todo tipo (renovables, ciclos combinados de gas y nucleares) y a empresas del sector eléctrico, concretamente, a todas las que figuraban en el informe elaborado sobre el suceso por el Ministerio para la Transición Ecológica, cuyos nombres, salvo en el caso del operador del sistema, Red Eléctrica, aparecían tachados. La CNMC ha optado por “meter a todos en el mismo saco” ante la dificultad de encontrar pruebas fehacientes de responsabilidad, indican.

En una nota de prensa totalmente cautelosa remitida este viernes, el organismo que preside Cani Fernández ha anunciado el inicio de un proceso sancionador para investigar formalmente los indicios que ya ha detectado de posibles infracciones cometidas contra la Ley del Sector Eléctrico e insiste, como los muchos informes elaborados sobre el incidente, en que este se debió a causa multifactorial.

Tras el apagón, a CNMC abrió el correspondiente expediente informativo “con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica”, explica la CNMC. Como resultado de esas investigaciones, ahora ha detectado “diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”, añade.

Según la Comisión, “estos expedientes sancionadores se incoan en el marco de las investigaciones del incidente del 28 de abril de 2025. No obstante, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”. Lo cual significa que, aunque haya plantas que sean sancionadas, por incumplimiento de los niveles de tensión (por ejemplo) no necesariamente se les podrá atribuir la responsabilidad del incidente.

En cualquier caso, la incoación de estos expedientes “no prejuzga el resultado final de la investigación”, por lo que unas podrían ser sancionadas y otras no. El procedimiento tiene una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción y de la información que se reuiera. En todo caso, “los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes”.

La decisión llega a menos de dos semanas de cumplirse el primer aniversario del apagón, una fecha clave para que las afectadas puedan reclamar daños ante los tribunales, para lo cual disponen de un año. Grandes compañías, como Repsol o Moeve, ya anunciaron el año pasado que denunciarían para reclamar 175 millones de euros y 50 millones, respectivamente. También las grandes aseguradoras, como Occident o Mapfre pedirán que se les compensen las indemnizaciones que han tenido que pagar a decenas de miles de clientes. El problema era averiguar a quién denunciar. Por el momento, la CNMC tampoco lo deja claro.

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