Un juez federal restringe el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes frente al edificio del ICE en Portland

Las protestas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland se han convertido en uno de los puntos más visibles del rechazo a la política migratoria del presidente Donald Trump. Ahora, un juez federal ha puesto límites estrictos a cómo pueden actuar los agentes que custodian el lugar, después de escuchar durante días testimonios de manifestantes y periodistas que denunciaron haber sido rociados con gas lacrimógeno, spray de pimienta y otras municiones químicas mientras participaban en manifestaciones pacíficas.

El juez federal de distrito Michael Simon emitió el lunes una orden judicial preliminar que restringe el uso de gas lacrimógeno y otros dispositivos de control de multitudes por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante protestas afuera del edificio del ICE en Portland, Oregón, en el noroeste del país. La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Oregón en representación de manifestantes y periodistas independientes.

La orden llega después de una audiencia de tres días en la que los demandantes —entre ellos un manifestante conocido por presentarse con un disfraz de gallina, una pareja de octogenarios y dos periodistas independientes— relataron cómo agentes federales utilizaron municiones químicas o proyectiles contra ellos mientras participaban en protestas.

En su fallo, Simon señaló que las pruebas presentadas en el tribunal, incluidas grabaciones de video, muestran con claridad cómo se emplearon esas tácticas contra manifestantes no violentos. “Los demandantes proporcionaron numerosos videos, que fueron admitidos como prueba y muestran sin ambigüedad a agentes del DHS rociando spray de pimienta directamente en la cara de manifestantes pacíficos y no violentos que, como mucho, participaban en una resistencia pasiva, y disparando gases lacrimógenos y munición de balines de pimienta contra multitudes de manifestantes pacíficos y no violentos”, escribió el juez.

El magistrado también advirtió sobre el efecto que este tipo de acciones puede tener sobre la libertad de expresión y el derecho a protestar. “La conducta de los acusados —agredir físicamente a manifestantes y periodistas sin advertencias previas de dispersión— es objetivamente escalofriante", agregó.

La orden establece que los agentes federales solo podrán utilizar gas lacrimógeno, bolas de pimienta u otras municiones químicas si existe una amenaza inminente de daño físico para los oficiales o para otras personas. Además, el fallo prohíbe disparar estas municiones hacia la cabeza, el cuello, o el torso de una persona “a menos que el agente tenga justificación legal para usar fuerza letal contra esa persona”.

También se prohíbe el uso indiscriminado de spray de pimienta contra grupos cuando ello pueda afectar a transeúntes o personas que no estén involucradas en actos violentos. Los agentes únicamente podrán usarlo contra individuos que participen en conductas violentas o que resistan activamente un arresto, o cuando sea necesario en defensa propia.

El juez fue más allá al aclarar qué tipo de comportamiento no justifica el uso de estas tácticas. Según el fallo, acciones como traspasar una zona restringida, negarse a moverse o no obedecer una orden de dispersión constituyen resistencia pasiva y no activa.

El juez Simon también concluyó que los agentes federales desplegados en el edificio del ICE violaron políticas internas del DHS sobre el uso de la fuerza al emplear dispositivos de control de multitudes “contra manifestantes no violentos, incluyendo aquellos que participaban en resistencia pasiva”.

La decisión incluye además una certificación provisional de clase, lo que significa que la orden se aplica no solo a los demandantes originales, sino a todos los manifestantes pacíficos y periodistas que cubren las protestas en el lugar.

El juez también expresó preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas dentro de la agencia. “Además, las pruebas revelaron que ningún agente federal ha sido reprendido ni ha recibido ningún tipo de medida correctiva u orientación tras infringir la política sobre el uso de la fuerza en el edificio del ICE de Portland”, escribió.

Durante las audiencias, abogados del Departamento de Justicia señalaron que existen cuatro investigaciones internas pendientes relacionadas con el uso de la fuerza en el lugar. Sin embargo, el juez señaló que las pruebas presentadas por los abogados de la ACLU indicaban que esas investigaciones se iniciaron solo después de que se presentaran quejas públicas.

La orden también aborda el tema de la identificación de los agentes federales. Simon indicó que quiere que los oficiales desplegados en el edificio del ICE lleven algún tipo de identificación visible que permita reconocerlos a cierta distancia, y ordenó a los abogados de ambas partes trabajar en los detalles de esa medida.

Las protestas frente al edificio se han intensificado en los últimos meses, en medio de manifestaciones en varias ciudades del país contra la agenda de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump. El lugar se ha convertido en un punto de reunión frecuente para quienes se oponen a las políticas migratorias federales.

La decisión de Simon se produce unas semanas después de que otro juez federal en Oregón emitiera una orden similar en un caso presentado por residentes de un complejo de viviendas asequibles ubicado frente al edificio del ICE. Ambas decisiones podrían ser apeladas por el DHS mientras el litigio continúa. Mientras tanto, la orden preliminar permanecerá en vigor durante el desarrollo del caso.