La Casa Blanca estudia exigir a los bancos verificar la ciudadanía de sus clientes

En una decisión que bloquearía el acceso de miles de migrantes indocumentados a un sistema bancario, la Administración de Donald Trump evalúa una nueva medida que podría obligar a los bancos en Estados Unidos a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes, tanto actuales como futuros.

La propuesta, que según reportan medios nacionales como The Wall Street Journal podría tomar la forma de una orden ejecutiva o de otra acción impulsada principalmente por el Departamento del Tesoro, obligaría a las instituciones financieras a solicitar documentación adicional —como pasaportes u otros documentos que acrediten la ciudadanía— a quienes deseen abrir o mantener una cuenta bancaria. Actualmente, no existe una norma que prohíba a los no ciudadanos abrir cuentas en Estados Unidos, ni las reglas vigentes exigen verificar el estatus migratorio como parte de los controles habituales.

Bajo las disposiciones de “conozca a su cliente” (know your customer), los bancos deben recabar información básica para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, incluyendo nombre, fecha de nacimiento y dirección, generalmente verificados mediante una licencia de conducir u otro documento de identidad. También están obligados a cumplir con leyes contra el lavado de dinero y a reportar transacciones sospechosas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), creada en el marco de la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, estas exigencias no incluyen la recopilación específica de datos sobre ciudadanía ni su reporte sistemático al gobierno.

La iniciativa iría más allá de esos requisitos. Según citaciones de personas familiarizadas con las deliberaciones internas, la medida podría aplicarse no solo a nuevos clientes, sino también a titulares de cuentas existentes, lo que implicaría una revisión retroactiva de millones de relaciones bancarias. No está claro si la posible orden obligaría simplemente a recolectar información adicional o si llegaría al extremo de exigir el cierre de cuentas de quienes no puedan presentar la documentación requerida. Aproximadamente la mitad de la población estadounidense no posee pasaporte, lo que ha generado inquietud sobre el impacto práctico de la propuesta.

La industria financiera ha reaccionado con alarma. Ejecutivos bancarios han manifestado preocupación por tener que solicitar una categoría inédita de documentos a sus clientes y por verse involucrados directamente en la aplicación de la política migratoria federal. Representantes de grandes bancos y de asociaciones del sector han declinado hacer comentarios públicos, pero fuentes del sector citadas por The Washington Post han descrito la idea como “inviable” y han advertido que verificar la ciudadanía de cada cliente sería logísticamente complejo y costoso.

Algunos bancos ya recaban pasaportes o números de Seguro Social como parte de sus procesos de identificación, pero no están obligados a determinar ni registrar formalmente la ciudadanía. Además, varias entidades importantes permiten abrir cuentas sin número de Seguridad Social. La eventual exigencia de prueba de ciudadanía podría traducirse en la pérdida de clientes extranjeros y en una reducción de depósitos, con posibles efectos en la capacidad de los bancos para otorgar crédito e invertir en economías locales.

La Casa Blanca ha evitado confirmar los detalles de cualquier acción inminente. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, ha reiterado que cualquier información sobre medidas no anunciadas oficialmente constituye “especulación infundada”. Funcionarios de la Administración han señalado que ninguna orden ha sido aprobada y que las opciones legales continúan en revisión.

Entre las vías consideradas figura la posibilidad de que el Tesoro, a través de FinCEN, utilice su autoridad bajo la Ley de Secreto Bancario para modificar los requisitos de verificación de identidad. No obstante, un cambio de este tipo podría requerir un proceso formal de reglamentación. En paralelo, el senador republicano Tom Cotton ha anunciado su intención de presentar legislación para impedir que migrantes en situación irregular accedan al sistema bancario, calificando ese acceso como un privilegio reservado a quienes respetan las leyes del país.

La discusión sobre las cuentas bancarias se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Administración para limitar el acceso de no ciudadanos a distintos ámbitos del sistema financiero y administrativo. En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha impulsado medidas para reforzar la verificación de ciudadanía en formularios federales, restringir ciertos beneficios y ampliar el intercambio de información entre agencias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha puesto en marcha programas para rastrear a migrantes indocumentados mediante tecnologías remotas y vigilancia sobre el terreno.

Al mismo tiempo, la Administración ha denunciado prácticas de “debanking” contra conservadores y ha firmado órdenes ejecutivas para sancionar a bancos que restrinjan servicios por razones religiosas o políticas. El propio Trump presentó una demanda contra JPMorgan Chase por haber cancelado su relación bancaria tras el ataque al Capitolio, sucedido el 6 de enero de 2021, litigio que la entidad considera infundado.