Una jueza federal bloquea por segunda vez el intento de Trump de cancelar el ‘parole’ de reunificación familiar

Una jueza federal ha vuelto a poner un freno a los intentos del Gobierno de Donald Trump por desmantelar programas migratorios creados en años recientes. La magistrada Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Boston, bloqueó de manera preliminar la eliminación del estatus legal de más de 8.400 migrantes que viven en el país bajo el parole de reunificación familiar, una medida que fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional a finales de 2025.

La decisión fue emitida la noche del sábado e impide que el Gobierno termine el parole humanitario otorgado a familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes procedentes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Estas personas ingresaron de forma legal a Estados Unidos gracias a programas que permitían a sus familiares patrocinarlos mientras esperaban la disponibilidad de una visa de inmigrante.

Los programas de reunificación familiar fueron creados o ampliados durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden con el objetivo de ofrecer una vía legal y ordenada para la migración, además de reducir los cruces irregulares en la frontera. Bajo este esquema, ciudadanos estadounidenses y residentes legales podían solicitar que ciertos familiares cercanos vivieran temporalmente en el país, accediendo a permisos de trabajo y estabilidad mientras avanzaba su proceso migratorio.

Sin embargo, el 12 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que pondría fin a estos programas. La Administración Trump argumentó que eran incompatibles con sus prioridades de control migratorio y que habían sido utilizados de forma indebida para permitir el ingreso de personas “insuficientemente investigadas”. El plan era que la cancelación entrara en vigor el 14 de enero de 2026.

Ante esa decisión, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaron una demanda colectiva, señalando que la eliminación del programa expondría a miles de familias a la deportación y rompería procesos legales que ya estaban en marcha. Como respuesta inicial, la jueza Talwani emitió una orden temporal que congeló la medida durante 14 días, mientras evaluaba si correspondía un bloqueo más amplio.

Ese análisis derivó ahora en una orden judicial de mayor alcance, la cual no tiene una fecha de vencimiento fija y se mantendrá hasta que haya una decisión final en los tribunales o hasta que una corte superior la levante. En su fallo, Talwani sostuvo que el Departamento de Seguridad Nacional no logró justificar de manera adecuada el cambio de política. En particular, señaló que la agencia no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos de fraude ni evaluó las consecuencias concretas para las personas afectadas, muchas de las cuales ya habían vendido propiedades, abandonado empleos o reorganizado por completo sus vidas en sus países de origen.

“La Secretaria no pudo ofrecer una explicación razonada del cambio de política sin reconocer esos intereses”, escribió la jueza en su resolución, en referencia a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Al no hacerlo, añadió Talwani, la actuación del Gobierno fue “arbitraria y caprichosa”, un estándar legal que permite a los tribunales bloquear decisiones administrativas.

La jueza, que fue nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama, también señaló que el Gobierno no explicó cómo estas personas podrían regresar de manera realista a sus países de origen tras haber recibido autorización oficial para residir temporalmente en Estados Unidos.

Este no es el primer choque entre Talwani y el Gobierno de Trump. La jueza había bloqueado anteriormente el intento de la Administración de poner fin al parole humanitario de unas 430.000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esa orden fue levantada por el Tribunal Supremo, y más tarde fue revocada por un tribunal de apelaciones.

Por ahora, la nueva orden judicial ofrece un respiro a más de 8.000 personas y a sus familias, al mantener vigente su estatus legal mientras el caso continúa en los tribunales.