Un tribunal de apelaciones pausa el litigio ambiental de Alligator Alcatraz por el cierre del Gobierno federal
El centro de detención migratorio sigue funcionando, operado por el Estado de Florida a través de su División de Manejo de Emergencias

Un tribunal ha pausado este miércoles la batalla legal sobre el impacto al medioambiente del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz en los Everglades, al oeste de Miami, a petición de los abogados del Departamento de Justicia que argumentaron que no podían trabajar debido al cierre del Gobierno federal, que comenzó hace casi un mes. La orden de la Corte de Apelaciones de Atlanta deja en el limbo el litigio que grupos de protección al medioambiente iniciaron en junio, a merced del desenlace de la pugna por el presupuesto federal, mientras el centro de detención sigue funcionando, operado por el Estado de Florida a través de su División de Manejo de Emergencias. Los demandantes alegan que el fallo permite al Gobierno evadir la rendición de cuentas, mientras el centro sigue destruyendo el ecosistema.
Varios grupos medioambientalistas demandaron al Gobierno y al Estado de Florida acusando que no habían seguido las leyes de protección al medio ambiente cuando se levantó el infame centro para inmigrantes en cuestión de pocos días a finales de junio. Los grupos Amigos de los Everglades, Earthjustice, y el Centro para la Diversidad Biológica demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Estado de Florida y el Condado Miami-Dade alegando que la contaminación por el ruido, el tráfico y los desechos del sitio causarán “un daño irreparable” al sensible ecosistema donde viven numerosas especies en peligro de extinción como la pantera de Florida. La tribu de los indios Miccosukee de Florida, un pueblo originario que considera el territorio parte de su cultura ancestral, se unió a la demanda en julio. En agosto, la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, les dio la razón.
En su fallo, Williams prohibió enviar más detenidos al sitio, y ordenó desmontar las instalaciones, incluyendo generadores y sistemas de deshechos, en un plazo de 60 días. Pero el Gobierno apeló, y un tribunal de apelaciones falló en septiembre que la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige evaluar el impacto ambiental para proyectos de este tipo, no aplica a los Estados, y puso freno a la orden del desmantelamiento, mientras continúa el litigio.
Los demandantes dicen que la pausa del miércoles es una estrategia del Gobierno para ganar tiempo. “Con esta demora, el Gobierno está eludiendo su responsabilidad e imponiendo aún más daño a los frágiles Everglades”, dijo Eve Samples, directora de Friends of the Everglades.
Tania Galloni, abogada de Earthjustice, uno de los grupos demandantes, dijo que el Gobierno federal no “está litigando cientos, sino miles de casos en todo el país durante el cierre” del Gobierno, y que “no quieren litigar este porque, hasta ahora, han podido evitar rendir cuentas”.
El Gobierno federal cerró el primero de octubre, al no lograrse un consenso sobre el presupuesto entre demócratas y republicanos. El año fiscal del Gobierno federal comienza el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Para aprobar el presupuesto se necesita una mayoría de votos (60) del Senado. La Administración Trump ha culpado a los demócratas por el cierre, uno de los más largos de la historia, y ha lanzado una campaña con publicaciones en páginas web gubernamentales y mensajes en las pantallas de los aeropuertos acusando a los demócratas de negar financiamiento al Gobierno federal.
Alligator Alcatraz fue levantado en solo ocho días con carpas de lona, baños portátiles y tráileres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la pista del antiguo Aeropuerto Dade-Collier, y comenzó a recibir detenidos a comienzos de julio, tras una visita de espaldarazo del presidente Donald Trump. Las autoridades dijeron que el centro tendría capacidad de albergar hasta 5.000 personas y celebraron la larga pista de aterrizaje, del tamaño de las del Aeropuerto de Miami, que podría recibir aviones grandes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró en agosto que más de un centenar de personas habían sido deportadas desde el lugar. El antiguo aeropuerto es lo que quedó de un megaproyecto cancelado en los años setenta tras una fiera batalla en los tribunales con grupos de protección al medio ambiente de Miami, y está rodeado por Big Cypress, una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Patrimonio Mundial.
El centro de detención ha sido objeto de varias demandas, incluyendo una de grupos de defensa de los inmigrantes que alegan violaciones de los derechos constitucionales de los detenidos. El sitio ha sido objeto de denuncias de malos tratos y condiciones deplorables casi desde que empezaron las operaciones. El Gobierno rechaza las acusaciones.
Los defensores del medio ambiente convocaron a una protesta este domingo a las afueras del centro, antes de una vigilia que grupos religiosos realizan cada semana en el mismo lugar. “Alligator Alcatraz sigue operando en desafío a la ley, y estamos más decididos que nunca a cerrar la instalación”, dijo Samples, de Friends of the Everglades.
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