Una jueza de Chicago ordena que los agentes de inmigración desplegados en la ciudad deben llevar cámaras corporales

Las escenas de enfrentamientos entre residentes y agentes federales y policías coloreadas por el humo amarillo de los gases lacrimógenos se han vuelto recurrentes en el mes y medio del despliegue de fuerzas federales en las calles de Chicago. A raíz de ello, este jueves, una jueza ha ordenado que los agentes federales de inmigración desplegados en la ciudad tendrán que llevar cámaras corporales. También les prohibió usar ciertas técnicas antidisturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. La orden es un revés importante. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de algunos de los cargos más altos de la Administración Trump después de desvelarse presuntas ofertas de recompensas económicas por parte de pandillas mexicanas para atacar oficiales federales, su misión apenas comienza.

Enviados en el marco de un operativo migratorio conocido como Midway Blitz a comienzos de septiembre, sus resultados no han estado a la altura de las expectativas, con poco más de 1.000 detenciones de indocumentados hasta ahora, de acuerdo a reportes. Con el paso de las semanas, sin embargo, el objetivo de la movilización se ha ido cambiando poco a poco. Hace una semana, la Guardia Nacional fue enviada para responder a los “criminales” que habían supuestamente tomado la ciudad y estaban torpedeando, emboscando y agrediendo a los agentes. Y, esta semana, la acusación de que grupos criminales mexicanos están ofreciendo recompensas por agredir agentes o funcionarios federales ha aumentado la presión sobre la ciudad una vez más.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), redes criminales mexicanas —no detalla cuáles— han dirigido a sus colaboradores en Estados Unidos para que monitoreen, hostiguen y hasta asesinen a agentes federales en la ciudad. Se presenta también un sistema de recompensas para incentivar la violencia contra el personal federal: 2.000 dólares por recopilar información o divulgar datos personales de los agentes, incluidas fotos y detalles familiares; entre 5.000 y 10.000 dólares por secuestrar o agredir de forma no letal a agentes del ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y hasta 50.000 dólares por el asesinato de altos funcionarios.

En respuesta, el Gobierno ha prometido redoblar sus acciones y la presencia de agentes en las ciudades del país que acusan, de nuevo en contra de las evidencias, de ser las más inseguras del mundo. “No vamos a dar un paso atrás. El presidente Trump y la secretaria [de Seguridad Nacional, Kristi] Noem le darán a nuestras fuerzas los recursos que necesitan para ser exitosos y limpiar las calles de Estados Unidos”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, el martes.

Aunque las autoridades no han proporcionado pruebas que sustenten la información de inteligencia sobre las recompensas, reportes de un arresto de principios de octubre se perfilan como el origen. Un presunto miembro de la pandilla Latin Kings, el mexicano Juan Espinoza Martínez, de cuyo ingreso al país no hay registro, por lo cual se presume que es indocumentado, fue detenido en un suburbio de Chicago y acusado el 6 de octubre de ofrecer una recompensa por el asesinato del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien lideró las redadas migratorias que llevaron a protestas en Los Ángeles en junio y ha mantenido un alto perfil desde entonces. El DHS cita evidencia como una captura de pantalla en Snapchat en donde un usuario identificado como “Juan” parece ofrecer 2.000 dólares por información y 10.000 por el asesinato. Un mensaje separado hacía referencia a los Latin Kings.

Aparte de esto, ha habido algunos otros reportes difíciles de verificar de la participación de grupos criminales locales. En el primer fin de semana de octubre, cuando Chicago se convirtió “en una zona de guerra”, según el Gobierno, en el marginado sur de la ciudad, que es de mayoría negra, presuntos miembros de algunas pandillas se enfrentaron a los agentes desplegados en la zona para defender a sus vecinos latinos. Los reportes y publicaciones de redes sociales del momento aseguraron que había habido disparos, aunque no se presentaron víctimas mortales, solo varios heridos y numerosas detenciones.

Usando este tipo de confrontaciones violentas, y muchas otras pacíficas contra los agentes federales, el Gobierno sostiene que sus acciones son necesarias para mantener el orden en ciudades que, asegura la Casa Blanca, están fuera de control por el crimen de pandillas y las actividades supuestamente terroristas de grupos de extrema izquierda. En respuesta, las autoridades locales —de Chicago, pero también de Portland, otra urbe conocida por su progresismo y que está en la mira de Trump—, críticos y activistas, denuncian que, al contrario, es la acción federal la que está avivando las llamas del conflicto. “Es evidente que esto no es sobre seguridad, no es sobre deportaciones. Es el presidente de Estados Unidos de América que está buscando fomentar el caos y temor en nuestras calles”, ha dicho el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, a quien el presidente Trump ha llamado a arrestar.

La semana pasada, la jueza federal April Perry aceptó los argumentos de las autoridades de Illinois e impuso un bloqueo de 14 días a la movilización de soldados de la Guardia Nacional en la ciudad. Perry, nombrada para el cargo por el expresidente demócrata Joe Biden, indicó en su anuncio verbal preliminar que no veía “pruebas creíbles” de que se esté generando una insurrección en las calles, como argumenta la Administración Trump. En cambio, apuntó que las tropas sí pueden “añadir leña al fuego”. Ahora, sin embargo, con los reportes de las recompensas ofrecidas a cambio de agresiones a oficiales federales, la posición del Gobierno se refuerza.

El bloqueo acaba a finales de la próxima semana, así que aún está por verse exactamente cuál será la siguiente estrategia de las autoridades federales, pero por ahora han recibido otros reveses en los tribunales en los últimos días. Además del de este jueves, el mayor juez del condado Cook, donde está ubicada la ciudad de Chicago, firmó una orden el pasado martes que prohíbe al ICE arrestar a personas en los tribunales, una táctica desplegada este año y que ha generado protestas, tanto en Chicago como en otros lugares del país. La orden, que entra en vigor el miércoles, prohíbe el arresto civil de cualquier “parte, testigo o posible testigo” mientras se dirigen a los procedimientos judiciales. Incluye los arrestos dentro de los juzgados y en los aparcamientos, las aceras circundantes y las entradas.

La “toma” federal de ciudades gobernadas por los demócratas, y en particular Chicago, ha sido una amenaza y promesa de Trump desde antes de ser elegido. Durante los primeros días de su presidencia, de hecho, la ciudad pasó jornadas en vilo, esperando la llegada de fuerzas federales. Tardaron ocho meses, pero llegaron. Ahora, no hay señales de que estén cerca de irse, sino todo lo contrario.