La Administración Trump, incapaz de aclarar los planes de deportación para Kilmar Abrego García

En una audiencia maratoniana que comenzó a las once de la mañana y no terminó hasta casi las seis de la tarde, el Gobierno de Donald Trump no pudo concretar cuáles son sus planes de deportación para Kilmar Abrego García, que se encuentra detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania. La jueza de Maryland, Paula Xinis, había dado el lunes 48 horas a los abogados de la Administración para que explicaran qué pasos estaba tomando el Gobierno para expulsar al salvadoreño, que fue deportado por error en marzo pasado y devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos penales. En base a ello, la magistrada podría ordenar su libertad si entiende que no hay justificación para mantenerlo detenido. Xinis dijo que tomaría una decisión lo más pronto posible.

Tras la audiencia del viernes, el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, pidió su libertad y manifestó que, por las declaraciones de los abogados del Gobierno, quedó claro que no han hecho nada para buscar un destino para su cliente y que “la única razón por la que lo mantienen detenido es para castigarlo”. Denunció también que la Administración se niegue a enviarlo a Costa Rica, el único país que ha asegurado que acepta al salvadoreño como refugiado.

Los funcionarios del Gobierno revelaron que han estado conversando con varios países africanos para que acepten a Abrego García, aunque no han dado aún resultados. John Schultz, responsable de Operaciones de Deportación del ICE, testificó que uno de ellos, Esuatini, no ha accedido a recibir a Abrego García, y admitió que la Administración Trump no se comunicó con la nación africana sobre él hasta la noche del miércoles. Schultz afirmó que los funcionarios de la Administración no parecen haber realizado aún esfuerzos para evaluar si en dicho país Abrego García sería torturado, detenido o enfrentaría persecución si fuera deportado a Esuatini.

El Gobierno también ha señalado otros países africanos como posibles destinos para la expulsión del salvadoreño. Sugirió en un primer momento Uganda, que se negó a recibirlo, y, el jueves, apuntó a Ghana. El Gobierno de Ghana, sin embargo, desmintió que hubiera aceptado recibir al salvadoreño y la Administración estadounidense reconoció haberse precipitado.

Abrego García, un obrero metalúrgico de 30 años, se convirtió en un símbolo de las deportaciones injustas de la Administración Trump desde que fue deportado a El Salvador por error el 15 de marzo. El salvadoreño contaba con una protección judicial que prohibía su expulsión a ese país. Ahora enfrenta la deportación y un caso penal por supuesto tráfico de personas.

Desde el Gobierno han reiterado una y mil veces que Abrego García no podrá quedarse en Estados Unidos y han divagado sobre cuál sería el destino una vez sea deportado otra vez, aceptando que sería un tercer país distinto de El Salvador. Aunque en un principio se planteó la posibilidad de que fuera Costa Rica, impusieron como condición que Abrego García se declarara culpable de los cargos que pesan contra él. Aunque el salvadoreño aceptaría Costa Rica como destino, se negó a renunciar a su inocencia.

Campaña de desprestigio

Nada más ser deportado a El Salvador a mediados de marzo, un abogado del Gobierno admitió que la expulsión de Abrego García se debió a un “error administrativo”. El funcionario fue despedido casi de inmediato, y desde entonces el salvadoreño ha sido objeto de una implacable campaña de relaciones públicas en su contra orquestada desde el Gobierno.

Trump y altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional acusaron a Abrego García sin pruebas de pertenecer a la pandilla criminal salvadoreña MS-13, la llamada Mara Salvatierra. El republicano incluso publicó fotos de supuestos tatuajes que Abrego García tendría en sus manos para justificar la acusación, de la que él se ha declarado siempre inocente.

Desde su deportación hasta la fecha ha sido acusado de ser terrorista, maltratador de mujeres, traficante de personas y distribuidor de pornografía infantil. El caso penal del que se tiene que defender y cuyo juicio se iniciará en enero se refiere al supuesto tráfico de personas. Para justificar esta acusación, los abogados del Gobierno recuperaron el vídeo de una parada de tráfico de 2022 en Tennessee en la que Abrego García conducía un vehículo con otros nueve migrantes. Los agentes le dejaron continuar su trayecto en aquel entonces, pero la Administración de Trump lo ha usado como prueba de que transportaba indocumentados.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw Jr., que lleva el caso penal en el Estado de Tennessee, ha planteado la idea de que el tratamiento dado al salvadoreño no responde a criterios legales sino vengativos, y ha señalado que la acusación podría tratarse de una represalia por parte del Gobierno en respuesta a la denuncia sobre su injusta deportación en marzo.

Crenshaw ha dicho previamente que Abrego García ha demostrado que hay “alguna evidencia de que el enjuiciamiento en su contra puede ser vengativo”. La evidencia a la que el magistrado se refiere incluye declaraciones de varios funcionarios del Gobierno de Trump y el cronograma de presentación de los cargos.

En concreto, en un fallo emitido hace una semana, Crenshaw se refirió a las declaraciones que el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, hizo en un programa de la cadena conservadora Fox News en las que pareció sugerir que el Departamento de Justicia decidió acusar a Abrego García de tráfico de personas porque había ganado su caso contra la deportación de marzo. Las “declaraciones notables de Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones para los cargos penales de Ábrego provienen del ejercicio de sus derechos constitucionales y legales para demandar por su deportación, en lugar de un deseo genuino de procesarlo por presunta mala conducta penal”, escribió el magistrado.

Asimismo, el juez destacó que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió una investigación sobre Abrego García días después que el Tribunal Supremo determinó en abril que el Gobierno de Trump debía trabajar para traerle de vuelta a Estados Unidos desde El Salvador. La Corte se pronunció después de que la jueza Xinis ya hubiera exigido su retorno, sin ningún éxito.

El Gobierno desobedeció las órdenes judiciales y solo retornó a Abrego García en junio, cuando ya había presentado la acusación contra él por tráfico de personas. Al aterrizar en suelo estadounidense, el 6 de junio, fue detenido por agentes de inmigración y trasladado a un tribunal de Tennessee para oír los cargos. Desde entonces ha estado privado de libertad, excepto por tres días en agosto, cuando los fallos judiciales le permitieron regresar a Maryland y estar con su familia, a la que no veía desde marzo. Al cabo de los tres días, al presentarse a una cita de inmigración, el ICE lo detuvo de nuevo.

Abrego García fue deportado a El Salvador el 15 de marzo junto con más de 200 venezolanos y dos docenas de salvadoreños y encerrado en el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot). Mientras estaba confinado en la infame prisión, conocida por violar los derechos humanos de los presos, fue torturado física y psicológicamente, según él mismo ha relatado.

Su traslado a El Salvador se produjo tres días después de que fuera detenido mientras viajaba en su coche con uno de sus hijos en Maryland, el Estado en el que residía con su mujer y tres hijos.

La deportación se llevó a cabo a pesar de que una orden judicial de 2019 le protegía de ser enviado a su país de origen. Abrego García entró ilegalmente en Estados Unidos cuando tenía 16 años, huyendo de la persecución que sufría por la pandilla criminal Barrio 18 en su país de origen. Aunque su solicitud de asilo fue rechazada por no presentarse en el plazo debido, el juez le concedió la protección por un temor fundado de que sufriría represalias si volvía a El Salvador.

Los abogados de Abrego García volvieron a solicitar el asilo en agosto, con el nuevo ingreso en el país, pero la petición le ha sido denegada. La defensa puede aún apelar el fallo.