Una jueza da 48 horas al Gobierno para que explique sus planes de deportación para Kilmar Abrego García

El cierre parcial del Gobierno, iniciado la semana pasada por la imposibilidad de prorrogar los presupuestos de la Administración de Donald Trump, no es motivo para interrumpir el desarrollo del caso de Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error en marzo y devuelto a Estados Unidos. Así lo dictó la jueza federal de Maryland que lleva el caso de su deportación y quien ya había impedido que el migrante sea expulsado nuevamente de Estados Unidos, como quiere el Gobierno. Este lunes, la jueza Paula Xinis dio a los abogados del Gobierno 48 horas para que presente documentación para justificar los planes de deportación que tiene sobre Abrego García.

La Administración anunció hace más de cinco semanas que pensaba expulsar al hombre a un país africano, pero no ha aportado nueva información a la jueza. El abogado de Abrego García, en una rueda de prensa posterior a la audiencia del lunes, dijo que espera que el próximo viernes, cuando el salvadoreño tiene la próxima cita ante el tribunal, Xinis ordene su liberación.

Abrego García, de 30 años, se encuentra actualmente detenido en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Phillipsburg, Pensilvania. Hasta su detención hace más de seis meses, vivía en Maryland con su mujer y tres hijos. Trabajaba como obrero metalúrgico y contaba con una protección judicial que impedía su deportación a El Salvador, donde fue enviado el 15 de marzo. Abrego García entró en Estados Unidos de forma ilegal a los 16 años, huyendo de las amenazas que sufría por parte de las pandillas criminales en su país. Desde que fue deportado por error junto con más de 238 venezolanos y una veintena de salvadoreños a El Salvador en marzo, su caso ha simbolizado las injusticias cometidas por la Administración Trump en su campaña contra la inmigración.

El salvadoreño, que siempre ha defendido su inocencia, ha sido acusado sin pruebas de pertenecer al grupo criminal MS-13 y se han presentado cargos contra él por tráfico de personas en un caso que se decide en un tribunal de Nashville, Tennessee. El juez federal que preside ese caso ordenó su liberación en agosto, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo volvió a encerrar mientras se decide su deportación.

Docenas de personas se manifestaron este lunes frente a la corte de Maryland para pedir su libertad. Al grito unísono de “Todos somo Kilmar”, portaban pancartas en las que se leía “Liberen a Kilmar”, “No a los dictadores en Estados Unidos” y “Los inmigrantes tienen derechos constitucionales”.

Venganza del Gobierno

La sospechas de que la Administración Trump, tras reconocer que lo había deportado por error, actuó contra el salvadoreño en represalia, cobraron mayor relieve después de que el viernes, el juez federal de Nashville que lleva su caso penal dictaminara que existe una “probabilidad realista” de que la imputación por tráfico de personas que pesa sobre el migrante constituye una acción penal vengativa por parte del Departamento de Justicia (DOJ). En consecuencia, el juez ordenó al Gobierno entregar la información y las pruebas solicitadas por la defensa al respecto y dijo que se celebrará una audiencia sobre ello.

En una decisión de 16 páginas, el magistrado Waverly Crenshaw Jr. dijo que había evidencias de que el procesamiento de Abrego García “puede deberse a represalias” del DOJ y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Crenshaw consideró que los funcionarios del Gobierno podrían haber intentado castigar a Abrego García por haber presentado con éxito una demanda impugnando su “deportación ilegal” inicial a El Salvador.

Los abogados de Abrego García acusaron en agosto al Gobierno de actuar vengativamente. Las peticiones de acción penal vengativa son extremadamente difíciles de ganar, ya que es necesario demostrar que los fiscales mostraron animadversión hacia el acusado mientras intentaban reivindicar sus derechos ante los tribunales, y que los cargos no se habrían presentado de no ser por esa animadversión. Crenshaw no ha tomado una decisión al respecto, pero el hecho de que lo esté considerando es un revés importante para el Gobierno de Trump.

El juez criticó la actuación del fiscal general adjunto Todd Blanche, que en un programa reciente de la cadena conservadora Fox pareció sugerir que el DOJ decidió acusarlo porque había ganado su caso contra la deportación de marzo. “Las notables declaraciones de Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones de los cargos penales contra Abrego se derivan del ejercicio de sus derechos constitucionales y legales de demandar por su deportación, en lugar de un deseo genuino de procesarlo por presunta mala conducta criminal”, escribió Crenshaw en su fallo.

También se refirió el juez al hecho de que el DHS reabrió la investigación sobre Abrego García días después de que el Tribunal Supremo pidiera su retorno de El Salvador.

Negación de asilo

En un fallo separado de un tribunal de inmigración, la semana pasada un juez denegó la solicitud de Abrego García de reabrir su caso migratorio. Sus abogados argumentaron que su deportación y regreso a Estados Unidos habían retrasado el plazo para presentar una solicitud de asilo, pero el juez no estuvo de acuerdo. La defensa puede aún recurrir el fallo.

Ante la posibilidad de deportarlo a El Salvador, el Gobierno ha barajado la posibilidad de enviarle a Uganda o Esuatini, el pequeño país que limita con Sudáfrica. Según la ley de inmigración de EE UU, los detenidos deben tener la oportunidad de expresar si tienen algún temor de ser deportados a un tercer país. Abrego García declaró tener miedo de sufrir persecución y tortura si era enviado a esos países.

El salvadoreño había aceptado ser deportado a Costa Rica, pero la Administración le exigía como condición que se declarara culpable de los cargos que pesan sobre él de tráfico de personas y cuyo juicio está previsto que comience en enero en Tennessee. “El hecho de que no lo quieran deportar a un país que ya ha aceptado y estén peleando por mandarlo a otro país es una explicación obvia de que lo están castigando”, dijo su abogado, Simón Sandoval-Moshenberg.

Abrego García siempre ha defendido su inocencia y rechazó el trato. Los cargos de tráfico de personas se presentaron contra él cuando regresó de El Salvador, después de permanecer casi tres meses detenido en el pais centroamericano. La fiscalía admitió entonces que su deportación se realizó por un error administrativo.

Primero fue encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde fue torturado, según sus declaraciones, del que más tarde fue trasladado a otra prisión. Durante su estancia en El Salvador, el Gobierno se resistió a la presión social, política e incluso judicial que exigía su regreso. Primero, la jueza de Maryland, Paula Xinis, pidió su retorno y poco después, el propio Tribunal Supremo, con mayoría de jueces afines a Trump, pidió al Gobierno que facilitase su regreso.

Nada más pisar suelo estadounidense, el 6 de junio, Abrego García fue detenido y llevado a un juzgado en Tennessee para oír los cargos en su contra. Los abogados del Gobierno construyeron un caso mientras se encontraba encarcelado en El Salvador basándose en el vídeo de un control de tráfico en Tennessee en 2022.

En la grabación, Abrego García aparece como el conductor de un vehículo que transportaba otros nueve migrantes. Las autoridades lo han usado para supuestamente probar que formaba parte de una red de tráfico de migrantes indocumentados. Ni las pruebas ni los testigos, cuya fiabilidad ha sido puesta en duda porque recibieron beneficios a cambio de las declaraciones, han convencido por ahora al juez Waverly Crenshaw Jr. de que no se trate de una venganza de la Administración Trump.