Las deportaciones de Trump lastran las arcas públicas y el mercado laboral de Estados Unidos

La cruzada antiinmigrante emprendida por la Administración de Donald Trump en su primer año del segundo mandato no solo supone dramas personales y sociales: la economía de Estados Unidos también se ha resentido. Falta de personal en el mercado laboral, cierre de negocios prósperos, pérdida de los ingresos por impuestos que pagan los migrantes y caída del consumo son algunas de las consecuencias sobre las que alertan los economistas, que ya se han notado en 2025 y que esperan empeoren en 2026. Incluso el nuevo impuesto del 1% a las remesas, que ha entrado en vigor desde el 1 de enero, puede perjudicar a la economía estadounidense, un mal agüero para alguien que, como Trump, ganó las elecciones con la promesa de mejorar la situación financiera de sus electores.

Los efectos más inmediatos de las operaciones de las fuerzas del orden contra los migrantes se percibieron en el mercado laboral, donde las detenciones, deportaciones y el miedo a acudir al trabajo por las redadas han causado falta de mano de obra. Edward Flores, profesor asociado de sociología y director del centro laboral de la Universidad de California en Merced, muestra en un estudio reciente la relación entre el aumento de las operaciones de los agentes federales y la caída del empleo. Toma como ejemplo California, uno de los Estados con más migrantes del país, y Washington D. C, donde el verano pasado el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para combatir un supuesto aumento del crimen que desmentían las estadísticas.

En California, entre mayo y septiembre, se produjo una disminución del 2,9% en el empleo del sector privado. En agosto hubo una recuperación debido a la interrupción de las redadas después de que un juez prohibiera las detenciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hacía basándose en el perfil racial, pero el empleo volvió a caer cuando se retomaron las operaciones policiales en septiembre.

En el Distrito de Columbia, que Flores toma como referencia, el empleo en el sector privado disminuyó un 3,3% hasta agosto, pero se registró un aumento del 0,5% en septiembre, coincidiendo con el fin del control federal de la policía local.

“El efecto del endurecimiento de las medidas de control migratorio en el mercado laboral es comparable al de la Gran Recesión y al del inicio de la pandemia de COVID-19”, afirma Flores. “El endurecimiento continuo de las medidas de control migratorio sugiere la necesidad de intervenciones políticas para mitigar las consecuencias económicas negativas”, agrega.

A las deportaciones y el absentismo por el miedo a las redadas se suma el hecho de que Estados Unidos ha perdido parte de su atractivo para atraer extranjeros, que temen ser objeto de las represalias contra los extranjeros. Además, la Administración ha puesto aún más barreras a la contratación de extranjeros al eliminar en octubre las renovaciones automáticas de los permisos de trabajo temporales (EAD).

Más de 100 empresarios acudieron en octubre al Capitolio para pedir a los congresistas que actúen para evitar la quiebra de sus negocios por la pérdida de los trabajadores. The American Business Immigration Coalition (ABIC), una coalición bipartidista que aglutina a más de 1.700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales en 17 Estados, dirigió la comitiva. No era la primera vez que lo hacían, ya que llevan meses alertando de las catastróficas consecuencias de las políticas migratorias de la Administración. Según los datos de la coalición, hay ocho millones de empleos sin cubrir en todo el país, lo que está “aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos”.

Agricultura, hostelería y construcción

El impacto no es el mismo en todos los sectores. El 51% de los trabajadores de la industria láctea son migrantes, al igual que el 45% de los trabajadores de envasado de productos cárnicos y el 29% de la construcción. Una buena parte de esos migrantes son indocumentados, el objetivo (al menos en el discurso) de las deportaciones del mandatario republicano. Ellos representan aproximadamente el 5% de la fuerza laboral estadounidense, una cifra que se dispara en algunos sectores clave como la agricultura (45%), la construcción (14%) y la hostelería (7%). Otros sectores de servicios, como las residencias de ancianos, están perdiendo personal y enfrentan escasez de trabajadores, lo que pone en riesgo la calidad de la atención que brindan al público.

Por primera vez en más de 50 años de crecimiento, la población de trabajadores migrantes está disminuyendo. Según el centro de investigación de datos Pew, en enero de 2025 había 53,3 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, lo que representaba cerca del 16% de la población del país. Para junio, la población migrante del país había disminuido en más de un millón, hasta los 51,9 millones, y es probable que esta caída haya continuado. No son buenas noticias para un mercado en el que la edad de los trabajadores es un factor a favor de los migrantes.

En 2022, casi el 90% de los indocumentados tenían edad para trabajar (entre 16 y 64 años) en comparación con el 61,3% de la población nacida en Estados Unidos. Además, se calcula que hay 1,1 millones de emprendedores indocumentados en Estados Unidos, que suelen abrir pequeños negocios locales, como gasolineras, salones de belleza, tintorerías y tiendas de comestibles.

Además del mercado laboral, la economía estadounidense se resiente de la caída de ingresos. A pesar de la creencia generalizada, los indocumentados pagan impuestos. Según American Immigration Council, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46.800 millones de dólares en impuestos federales y 29.300 millones en impuestos estatales y locales en el año 2022. Además, contribuyeron con 22.600 millones de dólares a la Seguridad Social y con 5.700 millones de dólares a Medicare, programas para los cuales no son elegibles.

“En 40 Estados, pagan impuestos sobre la renta estatales y locales a una tasa superior a la de casi cualquier otro contribuyente, llegando incluso a pagar más que el 1% de los hogares con mayores ingresos. Esto se debe a que no son elegibles para la mayoría de los créditos fiscales y muchos de estos contribuyentes no solicitan reembolsos”, apunta un informe del National Immigration Forum, una organización que aboga por los migrantes.

Menor consumo

Según la misma, el poder adquisitivo de los migrantes sin residencia legal ascendió a casi 300.000 millones de dólares en 2023. Su expulsión representaría un costo considerable para las empresas estadounidenses ya que gastan dinero en el país, comprando bienes y servicios y contribuyendo a la economía. Los economistas han estimado que las deportaciones masivas provocarían una pérdida de entre el 4,2% y el 6,8% del PIB anual de Estados Unidos, lo que equivale a entre 1,1 billones y 1,7 billones de dólares en valores de 2022. En comparación, el PIB estadounidense se contrajo un 4,3% durante la recesión de 2007 a 2009.

GoFundMe para pagar la comida

La campaña de deportaciones ha dejado a muchas familias en situaciones dramáticas, cuando el miembro que era la principal fuente de ingresos ya no puede trabajar o ha sido expulsado del país. La plataforma GoFundMe ha revelado que cada vez más familias recurren a este método para pedir ayuda con la que cubrir las necesidades básicas. La empresa que permite que cualquier persona abra una cuenta para recaudar fondos ha experimentado un aumento en el año del 20% de las colectas.

Otra de las iniciativas de la Administración que puede volverse en su contra es el impuesto del 1% que desde el 1 de enero se cobra a las remesas y que estaba incluido en la ley de presupuestos de Trump. Los expertos creen que puede suponer un incentivo a la inmigración irregular en los países receptores por la caída de los ingresos que les envían sus familiares desde EE UU. Además, los migrantes que las envían dispondrán de menos dinero para la demanda de bienes y servicios e incentivará el envío de las remesas a través de canales informales, dejándoles expuestos a posibles fraudes.