La Operación Lone Star 2.0: Texas se convierte en un “Estado-policía migratoria”

La Operación Lone Star, o Estrella Solitaria, empezó como una estrategia de Texas para frenar la entrada de migrantes por la frontera sur durante la presidencia de Joe Biden. Cuatro años después, se ha convertido en una máquina de detenciones que refuerza la cacería de inmigrantes que desató la Administración de Donald Trump. Ahora, bajo una nueva versión 2.0 de Lone Star, como la han llamado varios expertos, Texas ha asumido un papel que correspondía al Gobierno federal: en lo que va de año, más de 3.100 indocumentados han sido arrestados por el Departamento texano de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

“Constitucionalmente, está muy claro que la ley de inmigración es un asunto federal y no estatal. La diferencia aquí es que Texas no está interfiriendo con los deseos de la presidencia actual”, explica la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch. Durante el mandato de Biden, Texas enfrentó demandas federales por intentar controlar la inmigración por su cuenta. Los tribunales prohibieron al Estado poner boyas con alambre de púas en el Río Grande y bloquearon la ley SB4, que autorizaba a policías locales a detener y deportar a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente. Sin embargo, con Trump, desapareció esa oposición federal. Así que el Gobierno texano, liderado por el republicano y amigo del presidente Greg Abbott, intensificó sus operativos y comenzó a actuar en ese sentido, prácticamente con libertad total.

Según registros oficiales obtenidos por The Texas Tribune, casi 700 de las 3.131 detenciones realizadas este año por el DPS ocurrieron en ciudades como Austin, Dallas y Houston, ubicadas a cientos de kilómetros de la frontera. Lone Star ya no es solo un asunto fronterizo. Con Trump en la presidencia, “cualquier acción de control [de inmigración] que el Estado pueda o quiera tomar ahora es bienvenida por la Casa Blanca”, asegura Lincoln-Goldfinch, quien actualmente compite por un escaño en la Cámara de Representantes texana.

La iniciativa original

La Operación Lone Star ha sido una de las más costosas en la historia de Estados Unidos: casi 11.000 millones de dólares hasta la fecha, de acuerdo con datos del Immigrant Legal Resource Center, una organización nacional que ofrece formación jurídica y que defiende políticas de legislación migratoria. Esa cifra es más del doble del presupuesto que Texas suele destinar cada año al sistema de universidades públicas, y supera el presupuesto conjunto que destina a la atención médica infantil, los subsidios de vivienda y el desarrollo de comunidades rurales. Aunque todavía no hay cifras, es probable que la operación 2.0 aumente esos gastos considerablemente para financiar, por ejemplo, los equipos especiales del DPS que están desplegados por todo el territorio.

En sus dos primeros años, la Operación Estrella Solitaria dejó un saldo de 340.000 detenciones de inmigrantes, más de 23.000 arrestos criminales y 355 millones de dosis de fentanilo decomisadas. Un comunicado de la oficina de Abbott aseguró entonces que el objetivo era “asegurar la frontera; detener el contrabando de drogas, armas y personas hacia Texas; y prevenir, detectar y prohibir conductas criminales transnacionales entre puertos de entrada”. En el documento, también se jactaban en aquel momento de haber “transportado en autobús a más de 9.100 inmigrantes a la capital de nuestra nación, más de 4.900 inmigrantes a la ciudad de Nueva York, más de 1.500 a Chicago y más de 840 a Filadelfia” en unos pocos meses. Texas se deshacía de los extranjeros que llegaban como se tira un papel a la basura, enviándolos a ciudades gobernadas por los demócratas.

Sin embargo, un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reveló que la mayoría de los arrestos eran a gente con delitos menores. “El programa gasta miles de millones de dólares para perfilar racialmente y arrestar a personas que no representan una amenaza para la seguridad pública, y luego las obliga a ingresar en un sistema legal separado y desigual dirigido por el Estado”, dijo la ACLU.

“La comunidad inmigrante entiende que DPS equivale a ICE”

Tradicionalmente, el DPS se centraba en la seguridad pública como accidentes de tránsito. Ahora, gran parte de sus recursos se dedica a cuestiones migratorias. Pedro López, abogado de inmigración, considera peligroso que este organismo haya pasado a ayudar a expulsar personas del país, lo que en la práctica ve como agentes de inmigración. “Para los ciudadanos es un peligro inminente que haya una policía estatal participando directamente en estas detenciones mientras no se cuestione. Los oficiales que realicen arrestos pueden ser sujetos de demandas por violación de derechos civiles”, señala López.

La letrada Lincoln-Goldfinch apunta que “el problema con que los policías estatales o los agentes del orden estatales colaboren, cooperen o apliquen acciones migratorias es que destruye la relación entre la comunidad inmigrante y las fuerzas de seguridad del Estado”. Según la abogada, ahora la comunidad “entiende que DPS equivale a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y entonces huirán. Se negarán a hablar o a cooperar con el DPS porque lo perciben como un peligro. Eso rompe la relación entre la policía y la comunidad inmigrante, que es muy grande en Texas, y perjudica la seguridad pública de todos”, agrega.

Además, si entrara en vigor la ley SB4, actualmente bloqueada, los sheriffs locales estarían obligados a cooperar con los agentes federales de inmigración. “En esencia, esto convierte a Texas en un Estado- policía migratoria”, advierte Lincoln-Goldfinch.

Organizaciones de derechos civiles han manifestado sus preocupaciones sobre la nueva versión de Lone Star. El Immigrant Legal Resource Center la describió como una desviación de recursos que deberían dirigirse a cubrir las necesidades básicas de los texanos. La ACLU, por su parte, ha cuestionado la falta de transparencia de la operación. En un informe reciente, la organización señaló que los datos del DPS no coinciden con los registros judiciales y que en muchos casos no hay claridad sobre lo que ocurre con las personas arrestadas una vez que salen de la custodia estatal. También consideró que la operación disminuye la confianza de las comunidades inmigrantes en las autoridades, y que crea un esquema “separado y desigual” que permite al DPS actuar como una fuerza de control migratorio sin suficiente supervisión judicial.

“Bajo el presidente actual, no anticipo ninguna resistencia ni demandas del gobierno federal contra Texas por la aplicación de la ley migratoria. Al contrario, lo único que se espera es cooperación”, opina Lincoln-Goldfinch. Además, le preocupa que otros Estados implementen programas similares, sobre todo porque “cuantos más estados republicanos hagan esto, más bienvenido será por parte de la Administración Trump”.