El ICE arremete por segunda vez contra una granja de Nueva York en proceso de sindicalizarse

Los trabajadores de una granja del norte de Nueva York vivieron hace unos días un infortunado déjà vu. En su camino al trabajo fueron víctimas de una redada del ICE, la segunda en poco más de tres meses. Cuatro mexicanos y tres guatemaltecos de la empresa agrícola Lynn-Ette & Sons, en el condado de Orleans, fueron detenidos el pasado 14 de agosto. El sindicato agrícola United Farm Workers (UFW) denuncia que se trata de una persecución específica a ciertos trabajadores, líderes del proceso de firmar un contrato sindical.

El sindicato explica que tras esta segunda acción del ICE han quedado más familias rotas y demanda el fin de las redadas migratorias que tienen como objetivo a los trabajadores agrícolas. Pero en particular pide el fin de lo que en UFW ven ”como una vergonzosa complicidad de los empleadores con los esfuerzos de la Administración de Trump de eliminar protecciones legales y perpetuar bajos salarios para los trabajadores del sector, además de la implementación inmediata del convenio en Lynn-Ette”.

En mayo, una redada similar en el mismo lugar dejó 14 trabajadores detenidos. Cuatro han sido liberados bajo fianza, pero el resto fueron deportados a sus países de origen. Entre ellos estaban los líderes iniciales del esfuerzo de organización laboral. Además, uno de los liberados tras la primera redada estaba también en la camioneta interceptada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) este mes y fue interrogado.

UFW actualmente está organizando a los trabajadores del campo en distintas granjas del Estado de Nueva York. En el caso de Lynn-Ette, tiene la certificación para representar a los contratados temporalmente —con visados H2A— que forman parte de una fuerza laboral total de unos 140 empleados. Aquellos que trabajan todo el año en la granja, como los que fueron detenidos en la camioneta, no tienen aún esta representación.

Armando Elenes, secretario y tesorero del UFW en Nueva York, asegura que después de lo ocurrido en mayo no hay constancia de que la granja haya dado capacitación a quienes operan estas camionetas y se encargan de los empleados para defenderlos en caso de redadas. Asimismo, al sindicato no le consta que haya habido redadas semejantes en otras granjas de la zona.

Ante estas operaciones, Elenes explica que el sindicato está buscando ayuda para apoyar a los trabajadores, aunque oficialmente no son miembros, como ya lo hicieron con los detenidos en mayo. “Ya buscamos fondos para las fianzas y representación de abogado. Adicionalmente, [a los deportados en mayo] aún se les debe dinero porque no han cobrado sus cheques. Sabemos que los tiene el Departamento de Trabajo, pero no se les ha podido entregar”.

Desde que en 2020 se puso en marcha la ley de Prácticas Justas de Trabajadores del Campo en el Estado de Nueva York, los trabajadores tienen derecho a un convenio colectivo. La UFW ha hecho un esfuerzo de organización laboral importante y en 2025 ha logrado sacar adelante varios contratos mediante arbitraje, ya que los dueños de las granjas no quisieron participar en los procesos de negociación puestos en marcha. Elenes asegura que Lynn-Ette es uno de los que no han empezado a implementar el convenio.

Elenes también insiste en el ambiente de temor que se está generando por estas redadas del ICE entre personas “que tienen que trabajar, que tienen que ganar dinero porque la renta y la comida no esperan, hay que pagarlas”. La política antiinmigrante de la actual Administración ha aumentado la carga entre una población que ya era vulnerable, con unas condiciones de trabajo duras y desprotección laboral crónica.

La empresa Lynn-Ette & Sons no se ha pronunciado al respecto y ha declinado responder a las preguntas de este periódico. En mayo, sin embargo, emitió un comunicado en el que afirmaba que estaban “desconsolados con la reciente acción de ICE”. En ese momento, desde la granja se defendió que los trabajadores no solo eran vitales para las operaciones, sino que además eran “miembros valorados” de la “familia”, ya que muchos de ellos habían trabajado durante años en esta propiedad en la que se cultivan vegetales y cereales. En el comunicado se expresaba la preocupación sobre cómo se había desarrollado la redada, se pedía dignidad en el trato a los detenidos y se rechazaban las acusaciones de que la redada fuera una represalia por la actividad sindical.