Los jueces migratorios despedidos se disponen a dar la batalla al Departamento de Justicia de Trump

Los avisos de despido a los jueces migratorios llegaron sin aviso previo a través de un correo electrónico de tres frases. Entre esas líneas no se daba ningún motivo. A pesar de que apenas hay unos 600 magistrados para los más de tres millones de casos estancados en las cortes de inmigración y mientras la Administración de Donald Trump despliega su cruzada de deportaciones, la cual incluye supuestamente el refuerzo del sistema judicial enfocado en casos de migración, 50 jueces han sido relevados. Ahora, una vez fuera y sin las limitaciones de expresión que requería el decoro de sus cargos, los jueces despedidos están denunciando ante los medios y a través de demandas que sus terminaciones han sido arbitrarias, injustas y, en conjunto, suponen un ataque político a la justicia.

Cada caso varía un poco. Algunos apuntan a represalias por decisiones en los tribunales que incomodaron a la Administración. Otros, a cuestiones ideológicas o discriminación de género y origen. Todos, sin embargo, coinciden en una preocupación mayor: la erosión de las instituciones jurídicas sometidas a presiones políticas.

Jennifer Peyton, jueza de inmigración desde 2016, formaba parte del grupo de jueces más visibles de la corte de Chicago, encargada de capacitar a nuevos magistrados y supervisar casos de alta complejidad. El 4 de julio, contó a la cadena CBS, mientras estaba de vacaciones con su familia, recibió su correo de cese por absoluta sorpresa. Asegura que nunca enfrentó una sanción disciplinaria y siempre recibió evaluaciones positivas.

A falta de una razón oficial para su despido, una de sus teorías para explicarlo es haber aparecido en una “lista negra burocrática” difundida por un grupo ultraconservador que acusaba a funcionarios públicos de oponerse a la agenda de Trump. También señala una visita guiada que ofreció al senador demócrata Dick Durbin como posible detonante. El senador por Illinois, expresidente del Comité Judicial del Senado y actual miembro de mayor rango del mismo, calificó el despido como un “abuso de poder”.

Según el sindicato que representa a los jueces de inmigración, por lo menos medio centenar de magistrados han sido despedidos, incluyendo a las encargadas del sistema el segundo día de este mandato de Trump, pero además alrededor de otros 50 han sido transferidos o forzados a jubilarse. El presidente del gremio, Matt Biggs, ha asegurado que los jueces restantes “se sienten amenazados”.

Porque a pesar de que la situación de cada juez es particular, hay también, de acuerdo a las declaraciones del puñado que como Peyton han hablado públicamente, similitudes. Los jueces denuncian en particular la presión que han recibido para desestimar casos migratorios, el primer paso para que acto seguido agentes migratorios puedan detener a migrantes afuera del juzgado, pues ya no están protegidos legalmente por tener un proceso judicial abierto. Quienes se han resistido a estas y otras presiones políticas del Gobierno, dicen los jueces, son quienes han sido despedidos.

Es el caso de Carla Espinoza, que solo será jueza migratoria en Chicago por un tiempo más. Técnicamente, no ha sido destituida, sino que se le avisó, también en un corto correo, que su periodo de prueba de dos años no pasaría a ser permanente. Lo recibió mientras dictaba una sentencia. Espinoza alega discriminación por género y apellido, pero también ve como posible explicación su actuación en un caso particular reciente.

Liberó el 12 de junio al inmigrante mexicano Ramón Morales Reyes, falsamente acusado de amenazar al presidente. El caso fue desestimado tras descubrirse que había sido víctima de una incriminación. Pero anteriormente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había reproducido acusaciones en su contra y nunca se retractó. Espinoza no se arrepiente de haber tomado una decisión “justa”, pero sabe que en ese momento vivió el peso de la presión política. Y sospecha que ahora que ha sido apartada de su trabajo esté pasando lo mismo, pero con mayores consecuencias.

A pesar de que han sido los jueces recientemente despedidos quienes han alzado la voz ahora, la situación trasciende los tribunales de inmigración. Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia, fue despedido tras admitir ante un juez federal que Kilmar Abrego García había sido deportado por error. Según ha relatado a la radio pública, la Casa Blanca esperaba que declarara que el hombre, enviado a El Salvador, era un terrorista. “No había evidencia de eso. No podía mentirle a un juez”, afirmó. El caso de Abrego García se ha vuelto emblemático de los excesos de la cruzada migratoria de Trump.

Reuveni, que como parte de su trabajo defendió la agenda migratoria de Trump durante su primer mandato, presentó esta semana una denuncia por irregularidades. Asegura que los líderes políticos del Departamento de Justicia están manipulando los procesos judiciales para acelerar deportaciones. En una reunión interna en marzo, según su testimonio, un alto cargo del departamento sugirió ignorar a los jueces si trataban de bloquear los vuelos de expulsión. Ese funcionario, Emil Bove, fue confirmado en los últimos días como juez federal de apelaciones por el Senado, a pesar de las protestas de la bancada demócrata.

La denuncia de Reuveni fue preparada durante meses por un equipo de expertos en derecho laboral y ética gubernamental. Aun así, y aunque ya ha perdido su trabajo, teme represalias. Pero tanto él como numerosos jueces afectados han decidido hablar públicamente y dar la batalla al Departamento de Justicia. “Una sola voz puede ser ignorada”, dice Reuveni. “Pero un coro… eso ya no se puede callar”.