La oligarquía de la maquinaria de deportaciones de Trump se enriquece a costa del sufrimiento de los inmigrantes

Con la aprobación de la nueva megaley fiscal, Donald Trump y los republicanos han dejado claro que su prioridad es financiar el miedo y el castigo y desfinanciar la salud y la dignidad. Pero, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Este paquete legislativo de mil páginas es una transferencia masiva de recursos públicos hacia los bolsillos de los ultrarricos, las corporaciones privadas y el aparato de detención migratoria.

Entre sus medidas más alarmantes, el proyecto asigna más de $170.000 millones de dólares para el control migratorio y para operaciones relacionadas con la frontera. Igualmente, convierte al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la agencia con la mayor financiación del Gobierno federal. Para nuestra comunidad latina, significa más agentes enmascarados aterrorizando nuestras ciudades y pueblos y muchas más familias separadas.

La misma ley incluye recortes históricos y devastadores a programas vitales como SNAP, o estampillas de comida, y Medicaid —programas de los cuales millones de familias trabajadoras latinas dependen para sobrevivir. Estos servicios federales no son lujos; son esenciales para la sobrevivencia de los estadounidenses pobres, discapacitados y personas mayores. Más del 31% de los latinos dependen de Medicaid para su cobertura médica, y casi el 67% de los latinos que reciben Medicaid trabajan. Igualmente, casi uno de cada cuatro niños latinos no tiene acceso garantizado a comida.

Pero esta ley no es una anomalía, sino parte de un patrón más amplio: una estrategia sistemática de Trump y sus seguidores para enriquecer a los ricos—oligarcas, contratistas privados y aliados políticos— a costa del bienestar público. Detrás de cada muro, cada nuevo centro de detención y cada redada migratoria, hay intereses económicos poderosos que se benefician enormemente del sufrimiento humano.

Entre los oligarcas más poderosos detrás del telón se encuentra George Zoley, fundador y presidente ejecutivo de GEO Group, una de las corporaciones de cárceles privadas más grandes y lucrativas del mundo. Por muchísimo tiempo, Zoley y GEO Group han sido donantes prolíficos de causas y candidatos conservadores, donado más de $348.000 dólares a las campañas de Trump y a los comités de acción política (PAC) que están alineados con él. Mientras nuestras comunidades están siendo aterrorizadas por las redadas y deportaciones masivas, Zoley y GEO Group se están haciendo cada vez más ricos con el sufrimiento de nuestra gente. De hecho, aproximadamente el 41% de los ingresos totales de GEO Group provienen de contratos directos con el ICE.

Al mismo tiempo, la riqueza personal de Zoley se ha más que duplicado desde las elecciones de 2024. Tras la aprobación de la Ley Laken Riley, el primer proyecto de ley firmado por el presidente Trump en enero que elimina las protecciones del debido proceso para los inmigrantes, GEO Group ha comenzado a cosechar grandes beneficios, ya que ha sido ventajoso para la industria de centros de detención y cárceles privadas. GEO Group planea reabrir centros de detención inactivos, aumentar las detenciones y ampliar su sistema de vigilancia.

GEO Group se beneficia del encarcelamiento de personas, y con Trump en el poder, su negocio prospera. Ya no se trata de seguridad nacional ni de proteger la frontera —se trata de ganancias y de convertir el sufrimiento humano en ingresos.

Otro actor clave es Peter Thiel, multimillonario tecnológico, inversionista de capital y cofundador de PayPal y Palantir Technologies. Thiel fue uno de los patrocinadores principales de Trump durante su campaña presidencial de 2016, donando aproximadamente $1,5 millones de dólares a grupos pro-Trump. Su empresa, Palantir, se ha convertido en un elemento central de la maquinaria de deportación de la Administración Trump, proveyendo al ICE con potentes herramientas tecnológicas que facilitan redadas, vigilancia y rastreo de inmigrantes. Durante el primer mandato de Trump, Palantir colaboró extensamente con el ICE, proporcionando sistemas de perfilación digital para ejecutar políticas antiinmigrantes.

Y no termina ahí. Multimillonarios como Howard Lutnick, Tilman Fertitta y Linda McMahon ahora dirigen agencias clave del Gobierno del republicano, donde definen políticas que benefician sus propios intereses financieros, no a los del pueblo estadounidense.

Eso es la oligarquía: un pequeño grupo de ultrarricos que reescriben las reglas para enriquecerse aún más, mientras desmantelan los servicios que sostienen a las familias trabajadoras.

Los latinos no podemos olvidar quiénes se enriquecen a costa de nuestro dolor. No podemos permitir que quienes encarcelan, deportan y deshumanizan a nuestra gente sigan gobernando sin consecuencias. En las elecciones de medio término de 2026, debemos recordar este momento: quiénes estaban del lado de los oligarcas, y quiénes estaban del lado de nuestra comunidad. Nuestro voto es nuestra voz, y nuestra memoria es nuestra fuerza. Es hora de organizarnos, de movilizarnos y de demostrar que no seremos cómplices del sufrimiento.