Una corte de Nueva York ordena al Gobierno de Trump que retorne a otro inmigrante deportado indebidamente

Ya son cuatro. Una corte de Nueva York ha exigido que el Gobierno de Donald Trump “facilite” el retorno de un cuarto inmigrante deportado indebidamente. El salvadoreño Jordin Melgar-Salmerón, de 31 años, fue expulsado a su país natal en mayo minutos después de que el tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminara que el hombre debía permanecer en Estados Unidos.

En una orden emitida esta semana, los jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito declararon que el Gobierno debe facilitar el regreso de Melgar-Salmeron “tan pronto como sea posible”. Los jueces señalaron en su fallo del martes que la suspensión de la expulsión de Melgar-Salmeron se emitió el 7 de mayo a las 9.52 de la mañana, pero que un vuelo que lo transportaba a El Salvador partió aproximadamente 30 minutos después.

La Administración Trump ya había admitido ante la corte que la deportación del hombre se había producido debido a una “una confluencia de errores administrativos”. Ahora, el tribunal exige que el Gobierno presente, dentro de una semana, una declaración que incluya dónde se encuentra Melgar-Salmeron actualmente, qué pasos se tomarán para traerlo de vuelta a Estados Unidos y cuándo.

Es una historia que ya se ha repetido cuatro veces en la cruzada anti inmigrante del presidente Trump. El caso más conocido es el del salvadoreño Kilmar Abrego García, de 29 años, quien junto a más de 200 venezolanos terminó deportado a El Salvador en marzo pasado para ser encarcelado en una infame cárcel de máxima seguridad denunciada por sus malas condiciones. La suya también fue una expulsión “por error”.

Abrego García fue devuelto al país a principios de este mes, después de que el Gobierno se negara durante meses a facilitar su retorno como habían exigido varios tribunales, incluido el Supremo. El migrante ahora se enfrenta a un juicio por tráfico de indocumentados.

También está el migrante guatemalteco identificado con las iniciales O.C.G., quien en febrero fue deportado por error a México. Él también fue devuelto a Estados Unidos este mes. O el venezolano Daniel Lozano-Camargo, expulsado a El Salvador en marzo pasado a pesar de tener un documento judicial que lo escudaba de la remoción. Todos ellos estaban protegidos de la deportación y aun así acabaron a bordo un avión rumbo a otro país.

Nuevas cárceles para migrantes

Y es que la maquinaria de detenciones y deportaciones de la Casa Blanca no tiene límites. La Administración Trump anunció recientemente que incorporaría nuevas cárceles a su creciente lista de centros de detención en un momento donde han aflorado las críticas por el hacinamiento en estas instalaciones y las pésimas condiciones en que mantienen a los miles de detenidos.

Ahora, el migrante común detenido por agentes federales, aquel que salió del trabajo un día cualquiera, o asistió a su audiencia en la corte, o recibió un ticket por una infracción de tráfico, podría terminar encerrado en la misma cárcel por la que han pasado reclusos célebres como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán; el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico y delincuencia organizada; o el músico Sean “Diddy” Combs, investigado por crimen organizado y tráfico sexual. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, descrito por los propios internos como un “infierno en la tierra”, es una de las tres instalaciones penitenciarias federales que el Gobierno de Trump destinará a albergar a los migrantes.

Benjamin O’Cone, portavoz de la Oficina de Federal de Prisiones, hizo saber al medio Miami Herald que, además de la prisión de Brooklyn, la Institución Correccional Federal de Lewisburg, en Pensilvania, y el Centro de Detención Federal de Honolulú, Hawái, también comenzarán a recibir migrantes en sus instalaciones, como parte de un acuerdo de dicha entidad y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En el mensaje enviado al medio de Florida, O’Cone confirma que están “ayudando” a las autoridades de migración con el alojamiento de detenidos, y que seguirán “apoyando” a sus “socios encargados de hacer cumplir la ley para cumplir los objetivos políticos de la administración”. Según el portavoz, hasta el momento han colaborado con la “detención temporal” de más de 4.000 personas.

Con estas últimas adquisiciones suman ocho las prisiones federales que acogerán a detenidos que, en la mayoría de los casos, no tienen historial criminal en el país. Datos internos obtenidos por la cadena CBS News reflejan que el ICE tiene bajo su custodia a 59.000 inmigrantes en centros de todo Estados Unidos y que, de ellos, el 47% no tienen antecedentes penales y menos del 30% han sido condenados por delitos criminales. Igualmente, los datos extraídos del Gobierno indican que, al menos hasta finales de junio, el nivel de detención del ICE era superior al 140% de su capacidad, un número que excede las 41.500 camas destinadas a los reclusos en toda la nación.

El Gobierno federal también ha construido centros de detenciones en todo el país, en aras de poder alcanzar la meta trazada de unas 3.000 detenciones diarias, o el equivalente a más de un millón en el primer año del Gobierno republicano. Así se construyó el Delaney Hall, en Nueva Jersey, que cuenta con más de 1.000 camas, y con el mismo propósito se ha empezado a construir el “Alligator Alcatraz”, en Florida, un centro que contará con unas 5.000 camas.

Pésimas condiciones

Aun así, la deportación histórica que pretende hacer Trump necesita más espacio e infraestructura, y por eso el Gobierno está echando manos de cárceles donde los migrantes permanecerán en condiciones deplorables y expuestos a todo tipo de violencias. Por ejemplo, la prisión localizada en Brooklyn, inaugurada en los primeros años de los noventa y que hoy alberga a 1.095 personas, ha sido muy criticada por retrasos con la atención médica a la población penitenciaria, el mal estado de los alimentos, la restricción del acceso a visitas o las llamadas, y los muchos problemas por tráfico de drogas en la instalación.

Los migrantes en ese sitio, además, se estarían exponiendo a la violencia, ampliamente señalada por defensores de derechos humanos. Hace cinco años, Cameron Lindsay, quien trabajó como alcaide del lugar, dijo que “era uno de los centros más problemáticos, si no el más problemático, de la Oficina de Prisiones”.

En 2019, la prisión acaparó titulares luego de que tuviera lugar un corte de luz eléctrica que dejó a los detenidos sin calefacción, bajo temperaturas mínimas, y provocó la protesta de la población penal. En 2024, se reportó la muerte en el lugar de Uriel Whyte, de 37 años, apuñalado por otros reclusos, y la de Edwin Cordero, de 36 años, víctima de otra pelea entre reos. El propio Genaro García Luna describió las condiciones de la cárcel en una carta enviada a los medios de comunicación el pasado año. “He estado detenido en MDC Brooklyn N.Y. por un período de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad”, contó.

Si hay otro factor que afecta a esta cárcel, y a otras en el resto del país, es la escasez de personal que trabaje en este tipo de instalaciones. La de Brooklyn hoy opera con el 55%, lo que lo hace un lugar mucho más peligroso por la falta de vigilancia y la poca seguridad en la que permanecen los detenidos. Kathleen Toomey, subdirectora adjunta de la Oficina de Prisiones, dijo ante el Congreso en febrero que había unos 4.000 puestos vacantes en todo el territorio nacional, y que la agencia gastó 437,5 millones de dólares en el año fiscal 2024 en pagos por horas extras. “Estas carencias suponen la mayor amenaza para garantizar la seguridad y la protección de los reclusos y el personal”, sostuvo.