El guatemalteco deportado por error a México regresa a Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ha regresado al guatemalteco que deportó por error a México en marzo. Así lo han confirmado los abogados de O.C.G., siglas por las que responde el deportado, que se encontraba escondido en Guatemala.

“Se puso en contacto con nosotros mientras esperaba para pasar por inmigración”, dijo su abogada, Trina Realmuto. “Prevemos que será detenido ahora”, informa Reuters.

Es la primera vez que la Administración Trump cumple una orden judicial que le obligaba a reparar uno de los errores cometidos en sus deportaciones. El juez federal Brian Murphy, de Boston, exigió el viernes pasado a la Administración que llevara al guatemalteco de vuelta a Estados Unidos porque su expulsión “carecía de cualquier atisbo de debido proceso”.

El propio Ejecutivo había reconocido que su expulsión se había producido por ciertos equívocos. O.C.G. contaba con una protección judicial que impedía su deportación a Guatemala por sufrir persecución por el hecho de ser gay. El Gobierno le envió a un tercer país, México, aduciendo que el detenido había respondido a preguntas de un agente asegurando que no temía ser enviado a ese país. La Administración admitió que no aparece el agente que le interrogó y que nunca se produjo tal entrevista.

La semana pasada el Gobierno manifestó que estaba en conversaciones con los abogados de O.C.G. para llevarlo de vuelta a Estados Unidos.

El guatemalteco llegó por primera vez a EE UU en febrero de 2024, pero fue expulsado casi de inmediato. Al mes siguiente lo volvió a intentar, pero en México fue violado y secuestrado, según su declaración ante el tribunal. La persecución y violencia que sufrió en Guatemala le valieron la protección judicial que impedía su regreso. La alternativa de México no se presentaba mejor y tras ser expulsado a este país pidió ser trasladado al suyo de origen, donde se mantuvo escondido hasta ahora.

O.C.G. no es el primer migrante deportado por error en la campaña antiinmigración de la Administración Trump, aunque ha corrido mejor suerte que los otros casos. El salvadoreño Kilmar Abrego García continúa detenido en una cárcel de El Salvador desde que fuera deportado el 15 de marzo. Abrego García también contaba con una protección judicial que prohibía su expulsión y que las autoridades migratorias pasaron por alto al enviarlo al Cecot, la infame prisión del país centroamericano. En este caso, el Gobierno ha hecho caso omiso de las órdenes judiciales que requerían su regreso. Ni siquiera el fallo del Tribunal Supremo, que pidió que “facilitara” su vuelta,ha sido obedecido.

Abrego García fue uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador el 15 de marzo. El Gobierno, que ordenó la expulsión sin órdenes judiciales, alegó que pertenecían a las pandillas criminales, la venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13. Nunca presentó pruebas de ello y un informe reciente reveló que al menos medio centenar de ellos entraron legalmente a Estados Unidos, contradiciendo la versión oficial de que todos eran indocumentados.

‘Habeas Corpus’ desde el Cecot

El miércoles un juez federal ordenó a la Administración Trump que permita el recurso del habeas corpus a los migrantes que fueron deportados a El Salvador. El juez del distrito de Washington James Boasberg, dijo que las personas que fueron enviadas a la prisión en marzo no han podido impugnar formalmente las expulsiones ni las acusaciones de que son miembros de las pandillas.

El fallo del juez ordena al Gobierno que otorgue a estas personas la oportunidad de explicar ante un juez por qué no deben ser detenidas, aunque no detalla las medidas que debe tomar. El magistrado señaló que han surgido “pruebas significativas” que indican que muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no están vinculados con la pandilla “y, por lo tanto, languidecen en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles, incluso frívolas”.

Boasberg le dio al Gobierno una semana para encontrar una manera en que “al menos 137” personas puedan hacer esas declaraciones, incluso mientras estén formalmente bajo custodia de El Salvador. “Aunque la corte es consciente de que tal recurso puede implicar cuestiones delicadas de diplomacia o seguridad nacional que son competencia exclusiva del poder ejecutivo, también tiene la obligación constitucional de proporcionar un recurso que repare el daño causado”, escribió.

Boasberg bloqueó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada solo en situaciones de guerra, que el Gobierno usó para realizar las expulsiones sin ninguna orden judicial. El juez ha hallado causa probable de que la Administración cometió desacato al desobedecer su orden de que regresaran los aviones que llevaban a los detenidos a El Salvador.