El Gobierno de Trump accede a regresar a Estados Unidos al guatemalteco deportado a México por error

La Administración Trump está tomando las medidas necesarias para regresar a Estados Unidos al guatemalteco que responde a las iniciales O.C.G. y que fue deportado por error a México en febrero pasado. Así lo anunciaron los abogados del Gobierno en documentos judiciales este miércoles, en los que aseguran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviará de regreso a O.C.G., que se encuentra escondido en Guatemala, en un vuelo chárter. Agentes de inmigración estuvieron en contacto con los abogados del guatemalteco el pasado fin de semana, según la información aportada.

El anuncio contrasta con la posición que el Gobierno ha tenido hasta ahora de desobedecer las órdenes judiciales para regresar a Estados Unidos a los migrantes deportados por error.

En el caso de O.C.G., el juez federal Brian Murphy, de Boston, exigió el viernes pasado a la Administración que llevara al guatemalteco de vuelta a Estados Unidos porque su expulsión “carecía de cualquier atisbo de debido proceso”. El guatemalteco es parte en una demanda colectiva que impugna la deportación a terceros países sin darles la oportunidad de defenderse.

En febrero pasado, después de que un juez le concediera la protección para evitar que fuera deportado a su país de origen, O.C.G. fue metido en un autobús junto a una veintena de migrantes, rumbo a México. Una vez allí, ante la perspectiva de estar detenido durante meses mientras se gestionara su petición de asilo, pidió que le deportaran a su país, donde se encuentra escondido desde entonces.

Ninguna de las dos opciones se presentaba como segura para O.C.G., que por ser gay sufrió persecución y violencia en ambos países. La primera vez que intentó entrar en Estados Unidos, en febrero de 2024, fue deportado casi de inmediato a Guatemala. Un mes después lo intentó de nuevo y, al llegar a México, fue violado y secuestrado. No fue liberado hasta que su hermana pagó un rescate, según consta en su declaración en los tribunales. El magistrado consideró creíbles las amenazas a las que se vería expuesto si volvía a Guatemala, por lo que en febrero pasado le concedió la protección que prohibía su expulsión a su país de origen. Ante la posibilidad de ser enviado a un tercer país, el juez le aseguró que no sería posible.

O.C.G. creyó que el fallo judicial le supondría la libertad, pero, en cambio, ICE le mantuvo detenido dos días, tras lo cual le envió en un autobús a México.

La Administración Trump ha enviado a cientos de migrantes a terceros países cuando los suyos de origen no los aceptan, una práctica que ha sido frenada por los tribunales, pues en los traslados se violó el derecho que tienen los detenidos a demostrar si estarían a salvo en su destino.

En el caso de O.C.G, el Gobierno admitió que su envío a México se debió a un error informático, por el que supuestamente había información de que el detenido no tenía miedo de ser deportado al país vecino. La realidad, sin embargo, es que nunca fue preguntado por ello y tampoco se pudo identificar al agente que supuestamente le interrogó.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, que llamó a Murphy un “juez activista federal”, dijo que O.C.G. estaba en el país ilegalmente, y que se le envió a México porque era “una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo”.

De llevarse a cabo la repatriación, O.C.G. habrá tenido más suerte que otros migrantes deportados por error y a quienes el Gobierno se ha negado de regresar a pesar de los fallos judiciales que así lo han dictado.

Otros casos abiertos

El salvadoreño de 29 años Kilmar Abrego García, continúa encerrado en una cárcel en El Salvador desde el 20 de marzo pasado, cuando fue deportado por error. Abrego García, que vivía desde hace 14 años en Maryland y tiene mujer y tres hijos, contaba en su haber con una protección judicial que prohibía su deportación. De nada han servido hasta ahora los fallos judiciales que han instado a la Administración a que lo lleve de vuelta a Estados Unidos, a pesar de que el propio Gobierno admitió su error. Ni siquiera el fallo del Tribunal Supremo, que dictó que “facilite” su regreso, ha supuesto un cambio en la actitud de las autoridades, que se han negado hasta ahora a tramitarlo.

El Ejecutivo tampoco ha cumplido la orden judicial que obliga a regresar a Cristian, un hombre que llegó a Estados Unidos desde Venezuela como menor no acompañado en busca de asilo. A pesar de que la resolución de ese caso aún está pendiente en el tribunal de inmigración, Cristian fue uno de los 238 venezolanos deportados a El Salvador el pasado 20 de marzo y enviados al Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), la megacárcel famosa por la violación de los derechos humanos que padecen los presos.

La jueza federal de Maryland Stephanie Gallagher reprendió al Gobierno esta semana por desafiar su orden de proporcionar información antes del martes pasado sobre las “medidas que han tomado para facilitar el regreso de Cristian a los Estados Unidos”. Les concedió hasta el próximo lunes para subsanar su “incumplimiento”.

También se encuentra en El Salvador Daniel Lozano-Camargo, un venezolano deportado en marzo a pesar del fallo judicial que requería que, antes de ser expulsado, se resolviera su solicitud de asilo. Casos que, por ahora, la Administración Trump no está dispuesta a solventar.