Las madres cubanas acusadas de tráfico de menores por llevar a sus hijos a Estados Unidos: “Es un castigo por ser emigrantes”

Sin entender todavía cómo, Betsy Segura fue acusada de contrabandear a su hija de nueve años. También Irianna Gilimas, madre de un niño de la misma edad. Un día —cada una por su cuenta— cerraron la puerta de la casa en Cuba, no miraron atrás y optaron por el largo y transitado camino del emigrante. Querían, dicen, llegar a Estados Unidos, trabajar, mandar a los pequeños a la escuela y ayudar a la familia. Nada que no hayan hecho otros, antes y después que ellas. Pero su historia ha sido diferente. Según el Gobierno estadounidense, no son solo madres, sino las traficantes de sus propios hijos.

“Nunca pensamos que nos acusarían por el simple hecho de no haber abandonado a nuestros hijos, por haberlos traído a buscar lo mismo que hemos buscado los cubanos por años”, dice Gilimas, de 36 años, desde su casa en Miami. Betsy Segura, residente en Houston de 37 años, se siente igual: “Nos acusan de traficar con la niña cuando solo queremos su bienestar en este país. Es muy duro, uno no es un delincuente”.

Gilimas llegó a Estados Unidos en 2021 y Segura un año después. Huyeron como miles de cubanos que salieron en masa de la isla cuando empezó el mayor éxodo de la historia del país, que alcanzó la cifra de casi dos millones de personas en los últimos cuatro años. Habían vivido una pandemia que terminó de colapsar los hospitales cubanos, que cerró las puertas al turismo y que, ligado a otros factores, terminó por hundir al país en la crisis económica de la que nadie cree que vaya a salir. La solución era marcharse. Ellas lo hicieron, con sus esposos y sus hijos.

EE UU les abrió las puertas. Una vez en la frontera, a ambas familias las recibió un funcionario que las dejó entrar en el país, las dirigieron a centros de detención, procesaron sus documentos, las liberaron con sus respectivos paroles (un estatus migratorio) y les dijeron “welcome". Todo marchaba bien. Era la garantía que necesitaban para, tras permanecer en Estados Unidos por un año y un día, aplicar a la vigente Ley de Ajuste Cubano, que desde la década de los sesenta ha beneficiado legalmente a varias generaciones de cubanos en territorio nacional. Tras el tiempo requerido, solicitaron su Green Card o permiso de residencia permanente.

Pero las cartas que lo cambiarían todo llegaron más de un año después de haber solicitado el estatus de residente permanente. El día que recibieron noticias de las autoridades migratorias fue para hacerles saber que les habían denegado la residencia a ellas y a sus esposos. A sus hijos no, al menos ellos podrían regularizarse. A veces la hija de Segura, que ya maneja el inglés y se ha adaptado a una nueva vida mucho más rápido que sus padres, mira a su mamá y le pregunta: “¿por qué a mí sí y a ustedes no?”. Ni Segura ni su esposo tienen la respuesta.

La notificación les llegó del Tribunal del Distrito Este de Washington, en la ciudad de Spokane. Las autoridades comunicaron que las familias habían entrado “ilegalmente en Estados Unidos” y habían sido detenidas por la Patrulla Fronteriza “en el puerto de entrada o cerca de él”. Además, que “las pruebas indican” que eran “inadmisibles por participar en el tráfico de extranjeros”. Que habían “infringido” la ley por cruzar la frontera sur junto a sus hijos.

“Esta acusación de tráfico de personas nos cogió bien de sorpresa”, asegura Gilimas. “No sabíamos que eso existía, nunca habíamos tenido conocimiento o imaginado que a nosotros como padres biológicos del niño nos pudieran acusar de haberlo metido. Nosotros estamos casados, somos una familia. Nunca pensé en dejar a mi hijo atrás, eso no fue una opción”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) define el contrabando humano como la “importación de personas a Estados Unidos mediante la violación deliberada de leyes migratorias”. El delito incluye “traer a extranjeros indocumentados al país, como también la transportación y el albergue ilícito de extranjeros indocumentados que ya se encuentran en EE UU”.

La Comisión de Sentencias estadounidense da cuenta de 17.336 casos relacionados con delitos de inmigración denunciados en 2024, de los cuales el 25,1% estaban relacionados con el tráfico de extranjeros. Un 78,5% de los condenados son hombres, el 81,2% hispanos, y el 13,2% de los delitos estaban relacionados con el tráfico ilegal de menores no acompañados. Sin embargo, la Comisión no menciona delitos relacionados con menores acompañados, menos por sus padres biológicos.

Segura y Gilimas no son las únicas madres que se encuentran en esta situación. Según dicen, tienen noticias de más de una decena de familias en este limbo migratorio, cuyos casos también fueron atendidos en la misma oficina de Spokane. “Es una acusación gravísima”, dice Segura. “Tenemos el infortunio de haber caído en esa oficina, aun cuando miles y miles de madres han venido por la frontera, incluso con niños que no son sus hijos, y les han dado la residencia”.

El abogado de migración Willy Allen, que atiende cuatro de estos casos, asegura que se trata de “un castigo por ser emigrantes”. “Creo que es un funcionario abusando de su poder”, dice a EL PAÍS el abogado, quien en 40 años de trabajo no había visto un caso similar en la comunidad cubana.

“Creo que alguien en esa oficina determinó que iba a castigar la entrada de los migrantes a Estados Unidos, y qué mejor forma que acusarlos de traficar a sus hijos”, sostiene. Aunque Allen explica que la entrada al país de manera ilegal “siempre es un delito criminal”, también considera que las autoridades “están aplicando la ley como nunca antes lo habían hecho”.

Gilimas y Segura ya han sentido el peso de ese castigo. A la primera no le han aprobado el permiso de trabajo ni le han emitido la licencia de conducción con la que puede trabajar unas horas como chofer de Uber. La segunda teme que, una vez vencido, tenga que abandonar su puesto como recepcionista en una clínica hispana.

Ambas comparten el pánico que viven el resto de los migrantes hoy, en medio de la contienda que no solo busca deportarlos, sino ahogarlos de tal forma para que sean ellos mismos los que elijan el camino de regreso. “Lo que están haciendo es llevarnos a la desesperación, no nos dicen que nos vayamos, pero no nos dan permiso de trabajo, ni licencia de conducir. Y así no podemos sustentar a nuestro hijo”, dice Gilimas. “Si no trabajamos, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo pagamos a los abogados que defienden nuestros casos? Lo peor es que no tenemos idea de la magnitud de esto, de hasta dónde puede llegar”.