Li Ann Sánchez, activista trans e indígena a favor de los migrantes LGTBI en Estados Unidos: “Estamos viviendo una nueva era de transodio y xenofobia”

Li Ann Sánchez nació dos veces. La primera vez, hace 37 años, en los confines de la región chinanteca, entre Veracruz y Oaxaca (México); y la segunda, en Misisipi (Estados Unidos), luego de terminar un show de travestis en el que interpretó a Selena, y la comunidad queer y afroamericana entre el público la bautizara como la “estrella” del lugar. Desde entonces, se le conoce como Li Ann Estrella Sánchez, la activista mexicana que ha tenido que sortear a lo largo de su vida la triple discriminación que supone ser mujer transexual, indígena e inmigrante.

En 2018, fundó Community Estrella, una organización dirigida a defender los derechos de los migrantes indocumentados, sin distingo de raza o nacionalidad, pero con foco en la comunidad LGTBI; y tras un fallo histórico en el Estado de Georgia, con el que obtuvo su estatus de asilada —fue la primera mujer trans en recibirlo—, y la residencia legal tras más de una década de irregularidad. Entre 2009 y 2010 (no recuerda la fecha con precisión) estuvo detenida 30 días por posesión de hormonas que compró en una farmacia clandestina. Li Ann también ha sido trabajadora sexual y víctima de las redes de trata que operan en la frontera. “En Cancún, cuando aún no era ni mayor de edad, conocí a una señora que me bajó los cielos. Me dijo: ‘te vas a Estados Unidos, te cuidas a una anciana y ganarás mucho dinero’. No sé ni cómo me cruzaron. Desperté en Texas, encerrada en un cuarto sin ver la luz del sol (...) Tuve sexo con otros jóvenes a punta de pistolas, no sé cómo describir esta maldad”, confiesa.

Afortunadamente, pudo escapar y regresó a México, pero solo por poco tiempo porque meses después cruzó nuevamente la frontera. Comenzaba el segundo mandato de Barack Obama, y las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se multiplicaron en numerosas zonas del país. Bajo el pacto 287(g), de cooperación entre policías locales y agentes de inmigración, cayó detenida por segunda vez, esta vez con la agravante de tener en su expediente el incumplimiento a una citación judicial previa, una falta considerada felonía.

“Muchos inmigrantes caemos en el mismo error, porque desconocemos el sistema judicial estadounidense”, apunta. Estuvo un año encarcelada, y en el Atlanta City Detention Center, el primer centro en el que fue recluida, no sabían si acomodarla con los hombres o las mujeres. “Me criminalizaron por ser una mujer trans. Me vistieron de rojo, como los delincuentes más peligrosos. Me encerraron en un confinamiento solitario, el famoso hoyo; me practicaron chequeos espantosos; me rompieron la oreja, y me mantenían medicada como una enferma mental. Estuve a punto de sufrir agresiones sexuales, pero me defendí”, cuenta sobre el maltrato del que fue víctima durante su detención. A diferencia de instalaciones similares en California, que poseen cuartos o celdas exclusivos para la comunidad trans, en Georgia no existen este tipo de consideraciones para la población LGTBI. Tampoco el suministro de terapia hormonal. “A ninguna persona indocumentada se la dan y es uno de nuestros grandes reclamos”, añade.

Abogados de Immigration Equality consiguieron su libertad tras tomar su caso. Los seis años que tomó el otorgamiento de su asilo y la conformación de su propia organización, estuvo involucrada con otras asociaciones dirigidas a informar a la comunidad migrante detenida y en riesgo de deportación sobre sus derechos en albergues y centros de detención. También logró que inmigrantes trans mexicanas en Estados Unidos pudieran rectificar su acta de nacimiento para ser reconocidas por su propio nombre e identidad de género. “Salí de la cárcel con una enorme sed de justicia, deseando que nadie más sea encerrado en esas condiciones insalubres, inhumanas, recibiendo maltrato físico y emocional. Esos centros deben cerrar”, reclama. “Por años hice mi activismo con un grillete en el tobillo que les permitía saber todos mis movimientos, y sufriendo amenazas de que sería deportada”.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y los decretos contra las políticas de inclusión en el Gobierno federal y las variaciones de género, que niegan la existencia de las personas trans, han supuesto un revés para Sánchez y su comunidad. De hecho, los ataques contra este colectivo, lejos de reducirse, siguen creciendo. Según el proyecto Trans Murder Monitoring, 350 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en todo el mundo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. El 70% de estas muertes ocurrieron en América Latina y el Caribe; mientras que en Estados Unidos, los crímenes de odio aumentaron de 31 a 41 en este mismo periodo.

Pregunta. ¿En qué condiciones están trabajando las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad trans y migrante en esta nueva Administración?

Respuesta. Estamos viviendo una nueva era de transodio y xenofobia. Sabemos que están investigando a todas las organizaciones que trabajamos a favor de los inmigrantes. Para cuidarnos, hemos decidido pausar nuestra página web. También estamos siendo cautelosas a la hora de hacer un pronunciamiento. Cuando salimos a protestar, nos estamos cubriendo la cara con mascarillas, gafas de sol y gorros. Tampoco estamos compartiendo nuestros eventos en redes. Pero seguimos en la lucha.

P. ¿Pausaron sus recorridos para informar a la comunidad migrante y LGTBI sobre sus derechos?

R. Con el esfuerzo de muchas organizaciones, conseguimos que la comunidad esté bien informada, pero los agentes del ICE están usando otras tácticas que están dejando indefensos a todos. Te esperan en las esquinas, no importa el tiempo que tengan que hacerlo. Se quedan allí hasta capturarte, llegando del trabajo o en el momento menos advertido. No sé si los están vigilando por teléfono para saber a qué hora puedes llegar a tu domicilio o por dónde andas, pero es lo que está pasando en Atlanta.

P. ¿Tienen registros de detenciones y deportaciones de inmigrantes LGTBI en las últimas semanas?

R. Se han llevado a dos. Una mexicana que llegó con CBP One. La fueron a buscar a su casa, casi le tiran la puerta. No se presentó a una cita en una corte de inmigración, y la arrestaron. “Pasaron por mí, y ya no quiero seguir en este país”, me dijo estando detenida, así que firmó su deportación. También registramos el caso de una hondureña, que se llevaron mientras estaba de compras. Ella también decidió irse.

P. Para muchas, el regreso a sus países de origen, supone un riesgo a su integridad y hasta su vida...

R. Así es. Lamentablemente, este fue el caso de una de nuestras colaboradoras, Melissa Núñez. Vivía entre Nueva York, Tennessee y Atlanta. Era trabajadora sexual. Pidió un permiso para viajar a su país, Honduras (no precisa cuál era su estatus migratorio). Cuando regresó, no le permitieron la entrada por la vigencia del Título 42, y la deportaron. Una o dos semanas después, fue asesinada, en circunstancias que aún desconocemos. La comunidad LGTBI que está en el país en condiciones de refugiado no puede ser expulsada.

P. A pesar de su activismo y la protección que le brinda su asilo, ¿tiene miedo de salir a la calle ahora?

R. Sí, porque las órdenes ejecutivas están cambiando constantemente. Todo depende de cómo se levante el presidente. Capaz mañana decide que todas las trans se corten el cabello, ¿qué sé yo?

P. Ha luchado por el cierre de los centros de detención de migrantes, pero la agenda migratoria de Trump los está incentivando...

R. Formo parte de una coalición de organizaciones que sigue enfocada en conseguirlo. Se están invirtiendo millones de dólares en centros de detención en los que se violan los derechos humanos, y lo digo porque yo lo viví. El Gobierno está pagando 110 dólares diarios por cada inmigrante detenido en estas cárceles privadas. Lo que está pasando es que estas empresas se están enriqueciendo. Somos un negocio para ellos. Cuando investigas un poco sobre los que están detrás de estas compañías, encuentras que son personas blancas que detentan el poder en Estados Unidos, y muchos apoyaron a Donald Trump. Todo esto está planificado.

P. En medio de estas circunstancias, ¿qué programas siguen adelante en Community Estrella?

R. Seguimos con nuestro programa Salud y vida, que se encarga de atender todo relacionado con la concientización, no solo del VIH, también de tratamiento de reemplazo hormonal; Vivamos en paz, otro proyecto para prevenir y atender el asalto o violencia sexual, bullying... También promovemos los derechos laborales de la comunidad trans; y tenemos una casa comunitaria, que perteneció a nuestra cofundadora, en la que podemos reunirnos y ofrecer distintos tipos de ayuda. Por otro lado, seguimos visitando los albergues para migrantes y los centros de detención para ayudarles con lo que necesiten, asesoría legal y psicológica. Nosotros no brindamos directamente esta ayuda, pero servimos de puente con otras organizaciones. Es un trabajo en red.

P. ¿Teme que pierda las ayudas o fondos necesarios para operar estos próximos cuatro años?

R. Recibimos fondos de organizaciones más grandes, y hemos aplicado a fondos federales. En este último, ya no podemos usar la palabra trans, queer, inmigrante... Tenemos que ser resilientes, resistir esto que se nos viene.

P. ¿Cuál es su mayor anhelo desde que inició esta lucha?

R. Mi ciudadanía estadounidense.

P. ¿En serio?

R. Quisiera no tener que estar peleando por todo. Vivir sin tener que huir o cuidarme de lo que digo. Sin tener que suspender la web de mi organización, revisar el plan de trabajo anual, los folletos... Mi mayor sueño es vivir con dignidad.