Funcionarias, migrantes, empresarios y periodistas: vidas truncadas por el primer año de Trump

Este martes se cumple un año desde la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump. Han sido 12 meses en los que Estados Unidos y el mundo han vivido pendientes de su figura pública y de su habilidad para dominar el relato a base de inundarlo todo de titulares. En esa constante batalla por la atención global, las historias de los afectados por sus políticas han quedado a menudo en segundo plano.

En el primer aniversario de su toma de posesión, ocho personas cuyas vidas el republicano partió por la mitad han contado su historia a EL PAÍS. Desde uno de los 250 venezolanos a los que su Administración deportó sin juicio previo a El Salvador a la historia de una pareja separada por el miedo de él a ser autodeportado. Y desde una enfermera haitiana que ve su estatus migratorio amenazado al empresario que decidió plantar cara a los aranceles de Trump.

Una funcionaria víctima de los recortes de Musk: “Encontrar un nuevo trabajo fue muy difícil”

K. Waye fue una de los miles de funcionarios despedidos el 14 de febrero pasado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk. Con un frío correo electrónico pasó a engrosar lo que se bautizó como la “masacre del Día de San Valentín” en Washington y alrededores, hogar hasta la llegada de Trump de unos 300.000 trabajadores.

A Waye la incluyeron en el saco de los “empleados en periodo de prueba”, los primeros en salir, pese a que ella, experta en salud pública, llevaba una década trabajando en la Administración. Tuvo la mala suerte de cambiar de trabajo el año anterior: aceptó el ascenso que suponía entrar en una nueva agencia (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), y eso puso su contador de experiencia a cero.

Durante meses peleó por lograr que se reconociera esa “injusticia” y que la readmitieran, hasta que en mayo recibió una nueva carta. “Ese golpe también fue muy duro; había llegado a creer que mi situación podría resolverse”, explicó este lunes en una entrevista telefónica.

Tardó medio año en encontrar un nuevo trabajo. “No fue fácil”, confiesa. Para lograrlo, tuvo que rebajar sus expectativas, y camuflar sus habilidades. “Adapté mi currículum para conseguir un empleo correspondiente a mi nivel de hace seis o siete años”, advierte, sobre un proceso “extraordinariamente difícil” en un mercado súbitamente inundado de funcionarios cualificados en el paro. Ahora cobra “52.000 dólares menos al año”, que es en torno a una tercera parte de su sueldo anterior. Es supervisora en una universidad sobre, “paradójicamente”, cómo se gastan las subvenciones del Gobierno federal. “Al menos, es un empleo en remoto”, dice.

Waye sigue buscando; necesita ganar más dinero en unos Estados Unidos donde el coste de la vida se ha vuelto intolerable. Está divorciada y tiene una hija que acaba de cumplir nueve años. Cuando la despidieron, acababa de comprar una casa en un tranquilo pueblo de Maryland, a una hora de Washington, no lejos de donde creció como la hija de un diplomático senegalés. Los meses en los que estuvo en paro tuvo que tirar de ahorros. “Para una mujer como yo, de mediana edad, es peligroso, está en juego mi jubilación”, lamenta. Su nuevo trabajo incluye un seguro médico, pero es peor del que tenía cuando era funcionaria. En su caso, algo así “puede ser un asunto de vida o muerte”. Padece una enfermedad autoinmune crónica que, “si no se controla correctamente, es peligrosa”.

Deportado a la megacárcel de Bukele: “El trauma sigue ahí”

Arturo Suárez-Trejo ha vuelto a revivir en estos días la misma “impotencia” que sintió el año pasado ante “un Gobierno que se cree por encima de todo”, dice. Suárez-Trejo habla de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. A él, recuerda, le sucedió algo similar en marzo pasado. Tiene 34 años, es reguetonero, e iba a grabar un videoclip en Carolina del Norte cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron y más tarde lo enviaron al CECOT, la infame megacárcel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En julio, llegó a su país, Venezuela, tras cuatro meses entre rejas, junto a otros 250 compatriotas, sin juicio previo. La vida no ha sido fácil desde que fue liberado. Agradece haberse reencontrado con su esposa y su hija, que tenía solo tres meses cuando lo expulsaron de Estados Unidos, país al que llegó en 2024 a través del entonces vigente programa CBP One. La familia le ha hecho “sobrellevar los traumas”, porque aunque pase el tiempo, dice, las marcas del CECOT están en su cuerpo para siempre. “Aún me vienen muchos recuerdos de cuando me torturaban o me pegaban. Estamos libres, pero hay muchas secuelas que quedan. Las heridas físicas han sanado, pero las mentales siguen ahí”.

Hay otro saldo que, hasta hoy, Suárez-Trejo está pagando, y es el de haber agradecido públicamente a Maduro y al Gobierno chavista que intercedieran por su liberación. Aunque asegura que lo único que le interesa es hacer música, esa postura política le ha pasado factura. Le cancelaron dos shows en Chile y ha visto reducidas las ofertas de trabajo.

“Hay una campaña de odio, solo por salir a dar mi verdad y expresar mi agradecimiento con todas las personas que tuvieron que ver con nuestra liberación”, asegura. “Aun así, sigo luchando para no tener que dejar eso que llevo años haciendo. Sigo haciendo música aunque todo se ponga cuesta arriba y el mundo me está dando la espalda. Yo jamás me imaginé que, por tratar de llevar mi música y mi arte más lejos, me iba a tocar pasar por todo lo que pasé”.

Los efectos de los aranceles: “Están perjudicando a la economía”

Rick Woldenberg lleva un año subido a una montaña rusa. Dirige una empresa de juguetes educativos en Vernon Hill, una pequeña ciudad al norte de Chicago. Learning Resources fue fundada por su abuelo en 1916. En los años sesenta su padre empezó a suministrar a las escuelas productos diseñados para facilitar el aprendizaje. Con los años, la empresa se convirtió en uno de los referentes mundiales del sector, con una plantilla de más de 500 trabajadores.

Los aranceles indiscriminados que Trump aprobó el pasado 2 de abril están afectando al negocio. “Ralentizaron el crecimiento de nuestra empresa. Nos vimos obligados a imponer un aumento de precio a mitad de año y rediseñamos nuestra cadena de suministro sobre la marcha para minimizar el impacto financiero”, cuenta Woldenberg por correo electrónico.

Abogado de formación —estudió en Princeton—, decidió plantar cara. “Desde el principio creí firmemente que esto era inconstitucional e ilegal”, dice. Las empresas de Woldenberg demandaron el pasado abril para invalidar los aranceles por exceder la autoridad del presidente.

Era una batalla de David contra Goliat. Pero ganó el primer asalto. Su caso es uno de los dos que ha llegado al Tribunal Supremo, que decidirá en los próximos días sobre la legalidad de los aranceles. Será una de las decisiones más trascendentales para la economía del país.

“Nuestros clientes no son multimillonarios: les cuesta asimilar los mayores costes de comida y otros productos básicos. Todo esto perjudica a la economía. Sin aranceles, nuestro negocio sería mayor y podríamos ayudar a más familias y escuelas con sus necesidades educativas”, apostilla. Woldenberg es parte de la plataforma We Pay the Tariffs (Pagamos los aranceles), una asociación a la que se han sumado casi un millar de empresas de todo el país para plantar clara a la agresiva política comercial de Trump.

El acoso a los medios: “Sentí que tenía luchar por el periodismo independiente”

La publicación el 14 de marzo del decreto que ordenaba el desmantelamiento de la radio Voice of America (VOA) no pudo ser una sorpresa para nadie: el Proyecto 2025, dosier que allanó intelectualmente el camino a la agenda autoritaria de la nueva Administración de Trump, incluía un capítulo que ponía en el punto de mira a un medio financiado por el Congreso que el Gobierno de Estados Unidos creó en 1942 para difundir ideas democráticas en la Alemania nazi. Al día siguiente, la reportera jefa en la Casa Blanca Patsy Widakuswara recibió, junto a otros 1.300 funcionarios, un correo electrónico en el que se le comunicaba que quedaba suspendida de empleo, aunque no de sueldo.

Una semana después, Widakuswara denunció, junto a otras dos compañeras, al Gobierno. “Actuar rápido fue crucial; la demanda tuvo éxito a la hora de parar la entrada en vigor del decreto”, recuerda la periodista en una entrevista telefónica, y añade que su decisión de dar la cara por el resto de sus compañeros fue “instintiva”. “Vi lo que estaba sucediendo, no solo con los funcionarios, sino con el Gobierno y con mi país. Pensé que necesitaba tomar una postura, resistir y luchar en mi pequeño terreno, que es el del periodismo independiente”

El juez les dio la razón y determinó que la Administración de Trump había actuado ilegalmente. Casi un año después, 12 meses en los que los ataques a los medios han sido constantes desde la Casa Blanca, la pelea en los tribunales sigue. Y Widakuswara aún cobra su sueldo como funcionaria, pero no trabaja.

La resolución del litigio va para largo. Muchos de sus compañeros se han buscado otro empleo, especialmente entre los que no estaban en plantilla, a los que dejaron de pagar en mayo. Ella no piensa abandonar la lucha, y se siente “empoderada”. “Estoy muy agradecida de poder defenderme, de contar con buenos abogados que apoyarán nuestro caso desinteresadamente, y de mis codemandantes. Me veo muy fuerte y muy optimista de cara al futuro. Obviamente, no sé si esto dará resultados, si ganaremos o no, pero mi principio es que, si no luchamos, nuestras posibilidades de ganar son nulas. Si lo hacemos, podría ser del 1%, podría ser del 90%, pero existe una posibilidad”.

De momento, la web de VOA está congelada en el tiempo. Sigue dando las noticias del 15 de marzo de 2025 como una prueba distópica de los efectos de la guerra declarada por Trump a los medios y de los estragos de esa motosierra del gasto público llamada DOGE mientras rugía con el hombre más rico del mundo a los mandos.

La resistencia en las calles: “Trabajamos casi 24 horas al día”

Lleno de “estrés, ansiedad” y sobrecarga de trabajo. Así describe el primer año de Trump Rico Durán, miembro de la Red de Defensa del Inmigrante, creada en Minnesota en 2025 en respuesta a la ofensiva migratoria del Gobierno del republicano. Durán es también cofundador de COPAL, otra organización promigrante del Estado con sede en Minneapolis, que en las últimas semanas se ha convertido en el epicentro de las redadas ordenadas por el republicano y también de las protestas en contra de ellas.

Ambas entidades han entrenado a residentes de Minneapolis para ser “observadores constitucionales” que documenten las acciones de los más de 3.000 agentes de inmigración desplegados en la ciudad, acusados de maltrato tanto a migrantes como a ciudadanos estadounidenses durante sus operativos. Tras la muerte a tiros de Renee Good, estadounidense y madre de tres hijos, a manos de uno de esos agentes, el interés por estos entrenamientos se ha disparado. “Teníamos programado un entrenamiento al día siguiente del tiroteo. Y puedo decir que de un promedio de 50 a 80 personas, se triplicó a 320 asistentes”, asegura Durán en el lugar donde Good fue tiroteada.

Durán, migrante mexicano de 52 años que lleva casi tres décadas en Minnesota, cuenta que las organizaciones están teniendo que trabajar “casi 24 horas al día” y que reciben “cientos de llamadas” de migrantes que necesitan asistencia. “No damos abasto”, apunta. “Hay familias que no pueden salir de sus casas. Los negocios se están cerrando. Es horrible y va escalando cada vez más fuerte”, lamenta.

La amenaza de la expulsión: “No puedo volver a Haití”

Edelyne Jean, enfermera de 43 años, es una de los cientos de miles de haitianos que perderán su Estatus de Protección Temporal (TPS) el próximo 3 de febrero. Lo obtuvo en 2010, cuando Estados Unidos incluyó al país por primera vez en respuesta al devastador terremoto que dejó cientos de miles de muertos, heridos y desplazados. El TPS permite vivir y trabajar legalmente a personas de países en condiciones excepcionales, como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias graves.

Jean se trasladó a Florida, donde trabajó como mesera y cuidando ancianos, hasta que pudo ir a la universidad y sacarse el título de enfermera. Cuando estalló la pandemia, acababa de tener a su hija, pero decidió incorporarse como trabajadora esencial. Estuvo empleada como enfermera en hospitales de cuatro Estados, y pasó casi todo ese tiempo lejos de su familia. De regreso a Orlando dos años después, una noche se derrumbó trabajando en un hospital local. Dice que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría.

Ahora su mayor preocupación es que está a punto de perder su estatus. Se siente “en mitad del desierto, sin saber a dónde ir”. “Vine a este país e hice las cosas bien, fui a la escuela, trabajé duro, ¿y esto es lo que obtengo? No puedo ni pensarlo. Tengo una hipoteca, un carro, un buen trabajo, pero necesito tener un permiso de trabajo. Sin trabajo no soy nada; me convierto en nada en un solo día”, agrega.

La Administración de Trump asegura que Haití ya no cumple con los requisitos para el TPS, y que permitir que sus ciudadanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos es “incompatible con los intereses nacionales”.

Jean dice que las condiciones en Haití están peor que antes del terremoto. “Esto no tiene sentido. No somos criminales, nunca hemos tenido problemas con la ley. No hay manera de que podamos regresar”, advierte. “Si me envían de vuelta, tendría que llevarme a mi hija. No pensaron en los niños que nacieron aquí. Trabajé duro para darle todas sus oportunidades. Quitárselas sería devastador”.

Los que se quedan y los que se autodeportan: “La vida que habíamos imaginado ya no existe”

Hace un año, Julie Moreno, de 47 años, vivía con su marido, Naftalí Juárez, de 46, en su casa de Newark (Nueva Jersey). Pero él ya no está. “Me despierto cada día y me doy cuenta de que no anda en el garaje preparando sus cosas para ir a trabajar, ni en la cocina. He sentido mucho dolor y tuve que aceptar que la vida que habíamos imaginado para nosotros ya no existe”, lamenta.

La suya es una historia de amor y un proyecto de vida truncados por el regreso de Trump a la Casa Blanca. Su marido se autodeportó a México, su país de origen, en octubre. Están casados desde 2017 y tenían planes para su futuro. Que Juárez no tuviera los papeles en regla nunca fue un problema, pero en 2025 las circunstancias cambiaron. No pudieron soportar más la ansiedad y el miedo ante la amenaza de que fuera detenido por los agentes del ICE.

Como ellos, 1,4 millones de familias mixtas, en las que un miembro es estadounidense y el otro indocumentado, viven con el temor de una separación forzada. Juárez llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor hace más de dos décadas; ahora Moreno planea emigrar desde ese mismo país, el suyo, para continuar el proyecto de vida que le arrebataron. En marzo se reunirá con él allí para asistir a una boda. Planean también hacer pronto un viaje por ese país para encontrar un lugar en el que construir su futuro juntos. “Sentía que Estados Unidos era ese lugar. Lo que está pasando ahora ha cambiado por completo la situación. Ya no confío en los valores que profesa la gente de este país”, admite.

Los muertos en custodia del ICE: “Aún no nos dieron la autopsia”

El padre de Josselyn Yáñez, detenido en el Centro Regional Imperial de Calexico, murió el 6 de enero mientras estaba bajo custodia del ICE. “No sé cómo reaccionaré al ver a mi padre en un ataúd”, dice la hija. “Siempre tuve la esperanza de que saldría de ese lugar y que le daría un enorme abrazo. Verlo así, ahora que me lo van a entregar, me va a destrozar el alma”.

Una llamada con un responsable del Departamento de Seguridad Nacional le hizo saber que su padre, Luis Beltrán Yáñez-Cruz, un hondureño de 68 años que hasta entonces había sido un hombre saludable, sin “ningún historial médico”, había muerto. No hubo mucha más explicación. “No me han dado los resultados de la autopsia. Solo dijeron que había fallecido por problemas del corazón”.

Yáñez-Cruz es uno de los cuatro migrantes fallecidos en centros de detención del ICE durante los primeros 10 días de 2026, tras un año que disparó las muertes bajo custodia: hubo 35 muertes, según datos oficiales.

Cuando finalmente llegue a Texas, donde lo espera su familia, el cuerpo de Yáñez-Cruz emprenderá un viaje de vuelta al país del que salió en 1993. En medio del luto, la familia organizó una recogida de fondos para repatriar el cuerpo. “En Honduras podrá descansar en paz”, asegura la hija con pesar, lamentando la muerte de su padre, trabajador de la construcción que adoraba a sus hijos y nietos, sin ningún antecedente criminal, y que fue detenido en noviembre tras salir del lugar en el que solía desayunar en Nueva Jersey. “Sin ninguna razón, solo por ser latino”, dice Josselyn.

Ahora la familia, con tantas preguntas sin aclarar, pide justicia. “Cuando él entró a ese centro entró sano, y no es justo que ahora me lo entreguen en un ataúd, sin darme un motivo válido. Yo quiero que mi papá descanse en paz, y eso será cuando a él se le haga justicia”.

Con información de Patricia Caro y Jesús Sérvulo González, desde Washington, y de Abel Fernández, desde Miami.