Trabajadores de la FEMA denuncian una crisis en la gestora de emergencias en plena temporada de huracanes

Veinte años después de que el huracán Katrina devastara el país y dejara en evidencia la fragilidad del sistema estadounidense para responder a este tipo de catástrofes, más de 180 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) han decidido manifestarse. En una carta publicada este lunes, los funcionarios advirtieron que la institución atraviesa una crisis por los recortes del presidente Donald Trump, que podría provocar la repetición de los mismos errores que, en 2005, dejaron un saldo de más de 1.800 personas fallecidas.

El documento, titulado Declaración Katrina, recuerda que aquel desastre, uno de los más mortales en la historia de Estados Unidos y el más costoso, “no fue solo natural, sino también provocado por fallas gubernamentales”. En aquel momento, las autoridades mostraron falta de preparación en asuntos como la evacuación de la población más vulnerable o la capacidad de garantizar recursos básicos como agua y comida. Además, la FEMA enfrentó fuertes críticas por la lentitud de su respuesta. Ahora, según los firmantes de la carta, las políticas de la Casa Blanca “obstaculizan la rápida ejecución de nuestra misión y despiden a personal experimentado cuyo conocimiento y relaciones institucionales son vitales para garantizar una gestión eficaz de emergencias”.

En el último año, la agencia ha perdido casi un tercio de su plantilla a tiempo completo. Este recorte ha sido provocado por jubilaciones incentivadas, salidas voluntarias y el congelamiento de contrataciones. “No tenemos suficiente personal para responder a un desastre mayor”, aseguran los denunciantes al respecto. Entre las causas que han provocado esto, mencionan igualmente la presión para que empleados del FEMA sean reasignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a pesar de que la agencia ya está funcionando con personal mínimo. Según la carta, quienes rechacen esa reubicación pueden ser despedidos.

De acuerdo con el documento, una de las mayores trabas actuales es el requerimiento de que cualquier contrato, subvención o misión que suponga un costo superior a los 100.000 dólares, reciba la aprobación personal de altos cargos políticos; la mayor responsable de la agencia es la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Dicho mecanismo, aseguran, ha causado retrasos en situaciones graves, por ejemplo, durante las inundaciones ocurridas en Texas el mes pasado, cuando la ayuda federal demoró en llegar por trámites burocráticos.

El texto también hace referencia a la falta de un administrador con experiencia que mueva los hilos de la institución. Desde abril pasado, la FEMA está dirigida por un exoficial del Cuerpo de Marines sin ninguna trayectoria relevante en la gestión de catástrofes. “La falta de un liderazgo cualificado nos deja vulnerables”, señalan los empleados, al tiempo que recuerdan que una de las lecciones de Katrina fue que el nombramiento de directivos sin suficiente conocimiento tuvo consecuencias fatales.

Por otra parte, la declaración denuncia que el Gobierno ha eliminado programas esenciales de mitigación de riesgos. Entre ellos, mencionan el Building Resilient Infrastructure and Communities (Construcción de Infraestructuras y Comunidades Resilientes) y el Hazard Mitigation Grant Program (Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos), que financiaban proyectos destinados a minimizar con antelación posibles daños fundamentalmente en comunidades costeras, rurales o de bajos ingresos. “Cancelar estos programas es hipotecar el futuro”, señalan los firmantes.

La Declaración Katrina también acusa a la actual dirección del FEMA de censurar la ciencia climática. Desde febrero, la agencia ha recibido la orden de eliminar cualquier referencia al cambio climático en documentos oficiales y sitios web. Una víctima de esto fue el Future Risk Index (Índice de Riesgo Futuro), una herramienta pública que permitía anticipar riesgos a largo plazo. “Al negar la realidad del clima, estamos dejando a la ciudadanía a ciegas frente a las amenazas”, alertan los funcionarios, y añaden que esta política golpea, sobre todo, a las comunidades más vulnerables.

Los firmantes proponen al Congreso convertir a la FEMA en una agencia independiente, sin subordinación al Departamento de Seguridad Nacional. Piden, además, proteger legalmente las funciones esenciales de la agencia ante cualquier interferencia política, proteger a los trabajadores frente a los despidos arbitrarios, y asegurar transparencia en cualquier proceso de reducción de plantilla.