HazteOír es condenada en firme por discriminar a las personas trans y no binarias con los mensajes de sus autobuses

La organización ultra HazteOír ha sido condenada a pagar 20.000 euros de multa por la difusión en vía pública de mensajes discriminatorios contra las personas trans y no binarias. Concretamente, por la contratación de autobuses para que, el 10 de noviembre de 2022, circularan por el centro de Barcelona con mensajes lgbifóbicos como: “Les niñes no existen”; “Las mujeres no tienen pene”; “No a la mutilación infantil”. La sentencia, publicada el 12 de enero y ya sin posibilidad de recurso, ha desestimado las alegaciones presentadas por el grupo ultracatólico contra una condena de 2023. Es la primera vez que la organización es castigada por este motivo: aunque el autobús tránsfobo circuló también por otras ciudades españolas y hubo condenas por ello, siempre había conseguido esquivar las sanciones tras recurrirlas.

HazteOír inició una serie de campañas en varias urbes españolas en las que puso en circulación ese autobús en pleno proceso de aprobación por parte del Gobierno central de la Ley trans (la 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI). El 10 de noviembre de 2022, la desplegó en Barcelona. Ese mismo día, los Mossos d’Esquadra ya ordenaron la inmovilización del vehículo y la retirada inmediata de los mensajes denigrantes. Además, se inició un expediente sancionador al considerar que la campaña vulneraba la norma catalana de igualdad de trato y no discriminación, debido a que “la negación de la identidad y la expresión de género de personas trans y no binarias, especialmente menores de edad” era discriminatoria, al igual que “la exhibición en vía pública de los mensajes”.

Meses después, en abril de 2023, la Oficina de Igualdad de trato y no discriminación de la Generalitat consideró que la campaña de los ultras tenía como objeto “anular o menoscabar el disfrute o el ejercicio en condiciones de igualdad de derecho en la autonomía personal de las personas por motivo de su identidad sexual o de género”. También “atentar contra la dignidad de las personas trans y no binarias ―negando su existencia, identidad y realidades, sobre todo en el marco de su infancia y adolescencia―, contribuyendo a crear un clima discriminatorio, de rechazo y menosprecio hacia ellas”. Por ello, impuso una multa de 20.000 euros a la organización y prohibió que, durante cinco meses, recibiera subvenciones públicas, así como contratar con la Administración catalana.

HazteOír, usando como argumento la libertad de expresión, recurrió la sanción, primero por la vía administrativa y después por la contencioso-administrativa. La sentencia publicada el 12 de enero resolvía este recurso. El fallo explica que la libertad de expresión y de información “tienen su límite en el respeto a los derechos ―especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen― y a la protección de la juventud y de la infancia”. De ahí que haya ratificado la sanción impuesta por la Generalitat. Además, apunta que los mensajes no constituían una crítica legítima a la Ley trans, otro de los argumentos de los ultras, sino que se enmarcaban en un ataque a la existencia y dignidad de las personas trans y no binarias.

“Esta resolución es una victoria importante para los derechos humanos y para la protección de las personas trans y no binarias frente a campañas de odio perfectamente organizadas”, ha detallado Saúl Castro, abogado especializado en derechos humanos y presidente de la Asociación española contra las terapias de conversión No es terapia (NET), que, además de denunciar los hechos, solicitó ser considerada parte interesada por su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+. Algo que tanto la Generalitat como la Justicia le reconocieron.

“Es la primera sanción impuesta a Hazte Oír que los juzgados mantienen y no anulan”, ha incidido el presidente de No es terapia, “y coincide con que es la primera vez que una asociación se persona en el caso judicial para pelear por la confirmación de la sanción”. “El respaldo a nuestra intervención confirma que la sociedad civil organizada tiene un papel legítimo y necesario en la defensa de los intereses colectivos. Esta es nuestra forma de hacer un nuevo activismo a través del litigio y está dando buenos resultados”, ha agregado Castro.

Aunque las acciones de HazteOír han sido denunciadas en al menos tres ocasiones por discriminación, con condenas judiciales, todas ellas fueron anuladas tras los recursos de la organización. Así ocurrió, por ejemplo, hace cuatro años, cuando la justicia anuló sendas multas que el Ayuntamiento de Barcelona había impuesto a la organización ultra en 2019 y que sumaban más de 60.000 euros. En este caso también había un autobús implicado, pero con mensajes machistas.

Entonces, el juzgado consideró que las proclamas no atentaban contra la dignidad de la persona ni vulneraban derechos constitucionales: “Es una manifestación de un ideario para derogar la ley de género y sancionar solo la violencia doméstica; una controversia sobre una cuestión discutida entre la violencia de género y la violencia doméstica”, detalló la jueza del caso. Además, el fallo apuntaba que la libertad de expresión debía prevalecer frente a otros derechos.

En 2017, el vehículo lgtbifóbico también circuló por las calles de Madrid, pero el Ejecutivo regional, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente, decidió no sancionarlo. A raíz de esa acción, en febrero de 2019 el Ministerio del Interior revocó la declaración de utilidad pública a HazteOír por “incumplir el deber de promover el interés general”.

Esta organización ultracatólica fue fundada en 2001 por Ignacio Arsuaga, que sigue formando parte de la junta directiva (compuesta íntegramente por hombres), para defender valores conservadores y en contra del aborto, los avances feministas o los derechos LGTBI+. En 2013, se expandió internacionalmente bajo la marca CitizenGo y ha estado vinculada a partidos de extrema derecha como Vox en España; Fidesz en Hungría (al frente del cual está Viktor Orbán); Agrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen; o incluso a Rusia Unida de Vladímir Putin. Además, la organización ha sido vinculada con la secta mexicana El Yunque.

El teléfono 028 atiende a las víctimas de lgtbifobia las 24 horas del día, todos los días del año. También conocido como teléfono Arcoíris, es un servicio de información y atención a víctimas de delitos de odio y de discriminación anónimo, gratuito, confidencial y accesible. Además, se puede contactar por correo electrónico (028-online@igualdad.gob.es) o conectar a través de un chat online.