Seis de cada diez personas trans y no binarias han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida

Seis de cada diez personas de género diverso —que incluye a trans, no binarias o intersexuales— han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. El dato es una de las conclusiones de un metaanálisis que abarca casi un centenar de estudios, publicados entre 2010 y 2023, con opiniones de más de 65.000 personas provenientes de 22 países y que acaba de publicar ha publicado la revista especializada en salud Jama Network Open.

“Este trabajo representa la mejor evidencia disponible hasta la fecha sobre la prevalencia de la violencia contra las personas trans a nivel mundial”, apunta Sarah Peitzmeier, investigadora y profesora asociada a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Maryland, en un texto que comenta la investigación. La experta considera las conclusiones del trabajo una prueba “innegable” de la vulnerabilidad de estas personas y que exige algún tipo de intervención.

La investigación, que ha estudiado la prevalencia combinada de la violencia interpersonal ―física y sexual, pero no de la psicológica ni de la económica―, concluye que un 36% de las personas trans y no binarias ha sufrido ataques físicos en algún momento de su vida. Además, un tercio (33%) ha sido asaltada sexualmente, según el metaanálisis, liderado por la investigadora Cortney McLellan, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (perteneciente a la prestigiosa universidad estadounidense Johns Hopkins).

“Las personas trans tienen el doble (2,2) de probabilidades de experimentar violencia física por parte de una pareja íntima que las personas cis [alguien cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer] y 2,5 veces más de sufrir violencia sexual”, cuantifica el trabajo. Los investigadores vinculan ese aumento del riesgo con “factores estructurales multifacéticos: el estigma social, la falta de protecciones legal adecuada, y la discriminación económica o en el acceso a la atención sanitaria”. “Estos factores aumentan el riesgo de sufrir violencia y, al mismo tiempo, limitan el acceso a programas de prevención y respuesta de la misma”, alertan.

“Yo he recibido violencia física”, cuenta la política Carla Antonelli (Más Madrid), un referente, pues fue la primera mujer trans en España en ser elegida diputada en España y después también en convertirse en senadora. Habla de puñetazos, de golpes, de palizas o de “una pistola apuntándome a la cabeza”. “Esa violencia la sufrí cuando era más joven, cuando estaba más expuesta, en la calle, en el ámbito familiar, con la policía”, matiza. “Ahora, por suerte, ya no la sufro, aunque muchas personas trans la siguen padeciendo”.

Sin embargo, Antonelli denuncia que como política es víctima de otro tipo de ataques: miradas de desdén, humillaciones, mofas cuando interviene o un cuestionamiento continuado a sus opiniones: “Esa transfobia es mucho mayor de lo que yo pensaba y sigue ocurriendo a día de hoy. Se mezcla con el clasismo, pues hay gente en espacios políticos que considera que una mujer trans no merece estar ahí [en un puesto de representación pública]”.

El metaanálisis resalta también la importancia de la interseccionalidad ―la interrelación de diferentes realidades que pueden llevar a sufrir racismo, machismo, lgtbifobia, clasismo… o una mezcla de todos― a la hora de investigar la violencia y también en el diseño de estrategias de intervención. Y lo hace constatando un dato: “El 94% de las personas trans y de género diverso identificadas como asesinadas en 2023 en los trabajos analizados eran mujeres trans o personas transfemeninas. La amplia mayoría, además, eran negras o racializadas y todas estaban involucradas en el trabajo sexual”. “Hay una necesidad urgente de investigación interseccional”, inciden los autores.

“Ser una persona trans incrementa el riesgo de ser víctima de odio en cualquiera de sus formas. Es una violencia que no se limita a un contexto concreto, sino que es una situación estructural, que permea en todos ámbitos”, apunta la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias. “En España, en el último año, precisamente son las personas trans las que más reportan experiencias de agresión física o verbal. Además, más de la mitad de las personas no binarias han sufrido situaciones de discriminación”, ahonda. De ahí que considere como “imprescindible” la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

Marginación amplificada

La investigadora Peitzmeier, por su parte, recuerda que “la violencia es un problema de salud pública susceptible de prevención e intervención”. Mientras se ha trabajado para reducir la violencia contra las personas cis, especialmente contra las mujeres, no ha ocurrido lo mismo con respecto a las personas trans. “Esta marginación ahora se ha visto amplificada en Estados Unidos”, avisa en referencia a las políticas lgtbifóbicas de la Administración Trump. Solo en 2025, según los datos facilitados por la investigadora, en EE UU se han impulsado 12 órdenes ejecutivas presidenciales, 104 proyectos de ley federales y los distintos Estados han impulsado más de un millar de proyectos de ley para erosionar los derechos LGTBIQ+, y que han puesto especial énfasis en la exclusión de las personas trans de la vida pública.

“En Estados Unidos, las personas trans están asustadas ante el intento de destrucción masiva de sus vidas por parte del Gobierno de Trump. Al mismo tiempo, están muy activas”, resume Antonelli. “Hay sectores sociales y políticos, sobre todo vinculados a la extrema derecha, pero no solo, que intentan minimizar el sufrimiento trans y eliminar cualquier mecanismo de protección”, continúa. Ella considera que lo hacen porque “bien están tolerando esa violencia, bien la están ejerciendo”. “Si aceptaran realmente la hiperdimensión que ha adquirido la transfobia actualmente, quiero pensar que se sentirían culpables. Pero sería como delatarse, posicionarse como tránsfobos o lgtbifóbicos”.

“El trabajo liderado por McClellan subraya que estas políticas [de recorte de derechos trans] están despojando de servicios de prevención y respuesta a la violencia a una población que se ve gravemente afectada por ella”, incide Peitzmeier.

La investigadora también apunta a que el metaanálisis evidencia “vacíos críticos” a la hora de abordar la “pandemia de violencia contra las personas trans”. “Solo el 52% de los estudios incluidos en la revisión preguntaron a las personas encuestadas quién había perpetrado la violencia, y solo un pequeño número midió otros factores contextuales como el lugar donde ocurrieron los actos violentos”, ahonda la experta. Considera que esa falta de datos sobre los perpetradores y los lugares donde ocurrieron los ataques “dificulta la capacidad para diseñar intervenciones de prevención, ya sea mediante el cambio de comportamiento de potenciales agresores o a través de intervenciones ambientales basadas en el espacio donde ocurren”.