Una jurista demanda a Igualdad por trato discriminatorio y por apropiarse de su trabajo en la reforma de la ley del aborto

A finales de octubre de 2021, el Ministerio de Igualdad contactó a la jurista Adilia de las Mercedes ―especializada en Derechos Humanos, en salud sexual y reproductiva y en legislación internacional y experta para organizaciones como Naciones Unidas y gobiernos de Asia, Europa y América― para encargarle lo que desde la institución llamaron un “esqueleto” para la reforma de la ley del aborto en la que el ministerio estaba trabajando. Según la documentación, aquel “esqueleto” acabó siendo el borrador de la norma, aprobada en 2023, nunca le pagaron realmente por ello y le prohibieron decir que era la autora. Y la documentación es la demanda que ahora la jurista ha interpuesto contra Igualdad ante la Audiencia Nacional. Solicita que los contratos por aquel trabajo se consideren nulos, alega que el ministerio se apropió de forma ilegal de ese trabajo, que lo invisibilizó, que existió violencia institucional, y que todo lo anterior fueron hechos que “solo pueden calificarse como discriminación por razón de origen nacional por parte de la Administración” ya que ella, con nacionalidad española desde hace años, nació en Guatemala. Tiene 47 y 25 de carrera profesional. En aquel momento, la ministra era Irene Montero y en el escrito aparecen, sobre todo, cinco altos cargos de aquel equipo, que han rechazado las acusaciones.

La demanda, admitida a trámite por la Audiencia el 11 de febrero, asciende a 376.544,59 euros. Por un lado, 97.860 euros, que considera “el precio justo” del trabajo; y 278.684,59 euros por daños morales, psíquicos y físicos derivados del “trato discriminatorio” que se produjo, según la documentación, hasta 2023.

El escrito nombra principalmente a María Naredo, del gabinete jurídico del Ministerio; Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres; Ana Varela, que la sustituyó en esa dirección y antes fue subdirectora general de Programas del organismo; Celia Mayer, jefa de gabinete de Montero; y Ángela Rodríguez, la entonces secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

En el caso de Montero, su nombre aparece en diversas ocasiones, pero se aclara que nunca hubo relación directa y se incluye que “si la ministra no supo de la secuencia de tratamientos discriminatorios, incumplió las obligaciones de su cargo”, y “si lo supo y no evitó la discriminación, su responsabilidad es aún mayor”. Este periódico ha contactado con todas sobre esta información. Fuentes cercanas a la exministra no han respondido si Montero sabía de la situación de la jurista, pero apuntan que tuvo siempre “plena confianza en su equipo”.

Los hechos que recoge la demanda

El documento, de 162 páginas, inicia los hechos a finales de octubre de 2021, cuando Naredo, a la que la jurista conocía por cuestiones laborales, la contactó para encargarle verbalmente y “con carácter de extrema urgencia” lo que desde el Ministerio llamaron “esqueleto”, un esquema técnico que sirviera de base para el borrador del anteproyecto de ley y por el que le ofrecieron un máximo de 5.000 euros porque iban a pagarle por el sistema de caja fija [que tiene esa cantidad como tope] a través del Instituto de las Mujeres. Ella aceptó.

Al poco, las demandas por parte del Ministerio le hicieron ver que lo que estaban pidiendo no era un esquema, sino el borrador de la norma, por lo que ella solicitó que la retribución fuera “proporcionalmente mayor y más justa”. Desde el ministerio, según la demanda, se comprometieron verbalmente a hacerlo, pero nunca se formalizó.

Naredo, sobre esto, le escribió que “era consciente” del trabajo realizado. Y en una conversación verbal que reproduce la demanda, le dijo: “No, Mercedes, nosotras no podemos decir que tú hiciste el borrador y tú tampoco lo vas a poder decir. Eso nos acarrearía múltiples problemas, incluyendo que eres extranjera, lo cual usará la derecha para atacarnos”. Naredo, preguntada por esto, niega haberlo dicho.

En el escrito se recoge que esa fue la primera vez que Igualdad dijo a la jurista que tenía que “ocultar la autoría” del borrador, “lo que sorprendió sobremanera y para mal a la recurrente, especialmente porque el motivo argüido fue su origen nacional extranjero, aunque tenía la nacionalidad española desde hacía muchos años”.

Las cinco exrepresentantes ministeriales han enviado una comunicación conjunta en la que afirman no saber nada del procedimiento judicial, niegan “tajantemente la acusación por un posible trato discriminatorio” y afirman que “las contrataciones se realizaron conforme a ley”. Sin embargo, no responden a la mayoría de preguntas realizadas, como si hubo otros contratos similares para otras normativas como la Ley de Libertad Sexual o en base a qué criterios se estimó que 5.000 euros era el monto a pagar. Según alegan, “siguieron el procedimiento legalmente establecido y fueron debidamente facturados y cobrados por parte de la demandante, como corrobora el dictamen del Consejo de Estado de 2024”.

Antes de interponer la demanda ahora admitida por la Audiencia Nacional, De las Mercedes pidió la revisión de oficio de su relación laboral con el ministerio en búsqueda de la nulidad de su contrato con la Administración. El Consejo de Estado ―que es órgano competente para emitir dictamen en casos como este― dirimió que no había razones para considerarla nula y alegó que, aunque hubiese acabado haciendo otro trabajo distinto por el que en principio la habían contratado, ella “dio por buenas las condiciones” al emitir la factura del primer contrato y firmar el documento de condiciones de un segundo que llegó después. El Instituto de las Mujeres, unos meses después, notificó a la jurista la denegación de la revisión de ambos contratos.

En la demanda se concreta que si la abogada mantuvo la relación laboral fue porque “actuó de buena fe” y porque la propia Administración, que debe responder al principio de transparencia y confianza en sus administrados, le solicitó “expresamente” esa confianza. “Nunca pensó que la verdadera intención era borrar cualquier rastro suyo, maltratarla y discriminarla”, explica el documento.

En declaraciones por escrito, De las Mercedes ―autora de memorias como el Informe sobre la situación de las presas palestinas en las cárceles israelíes para el Tribunal Russell (2009-2014) y parte de comités expertos como el que dio origen a la Declaración del Consejo Académico de Naciones Unidas sobre Feminicidio, en Viena (2012)―, afirma que la institución “buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos tanto en las Américas como en Europa, para después apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio”.

El 9 de enero de 2022, De las Mercedes envió a Morillas y Naredo “la redacción final del borrador del anteproyecto de ley”. Por ese trabajo que conllevó el análisis y revisión de cientos de documentos nacionales e internacionales, realizado en dos meses, cobró 4.701,32 euros, “ostensiblemente por debajo del precio de mercado”, dice la demanda, que incluye ejemplos de otras contrataciones nacionales y autonómicas de menor envergadura normativa, con importes entre los 20.000 y los 60.000 euros.

En la documentación oficial ―la autorización de pago del Instituto de las Mujeres por ese trabajo―, ese texto consta como una “asistencia técnica especializada en materia de salud sexual y reproductiva hasta el 31 de diciembre”. Es lo que alegan también las fuentes cercanas a la exministra y las cinco representantes del ministerio. Y en esa respuesta por escrito afirman que la norma “se elaboró tras un dilatado y amplio proceso participativo en el que se involucraron expertas, organizaciones feministas y profesionales, así como un proceso de consulta pública en el que participaron más de una treintena de entidades sociales”.

Este periódico ha podido comprobar las distintas versiones de ese texto y la similitud de la norma ya en vigor con el documento entregado por De las Mercedes, tanto en la forma como en el contenido. De los 48 artículos de la ley, hay 13 idénticos a los que redactó la jurista; a otra decena se le han añadido o eliminado cuestiones, pero son similares en la redacción; hay 17 en el mismo sentido en el que los redactó la abogada, y uno sigue la misma línea, aunque también ha tenido añadidos y eliminaciones. Solo siete son nuevos respecto al texto que entregó.

Meses después de aquel encargo, el Ministerio le hizo otro ―que es el segundo contrato al que hace alusión el dictamen del Consejo de Estado―, algo que la jurista les había propuesto cuando estaba redactando el borrador de la ley: preparar “un argumentario jurídico sólido que permitiera al Ministerio de Igualdad exponer y defender los cambios legislativos” que ella estaba introduciendo en esa norma, y que partían de “los más altos estándares internacionales”, que están, en este ámbito, en Latinoamérica.

En marzo de 2022, De las Mercedes se reunió con Ana Varela, en aquel momento subdirectora general de Programas en el Instituto de las Mujeres, que le comunicó que lo harían “mediante un contrato menor a cuya licitación la recurrente sería invitada”. El 22 de julio le llegó la invitación a una licitación que, afirma la demanda, “se basaba exactamente en la propuesta que la recurrente había formulado”.

En septiembre le fue adjudicado el contrato y ella entregó el argumentario jurídico a mediados de marzo de 2023. Por él cobró 16.872 euros, aunque, se explica en la documentación, tampoco se llegaron a cumplir las condiciones pactadas en torno a ese segundo trabajo que jamás ha sido publicado, a pesar de que esa era una de esas condiciones: “La impresión de 100.000 ejemplares, la traducción del documento a los idiomas oficiales y su presentación en el marco de las actividades de la presidencia española de la Unión Europea”.

Por todo lo anterior, De las Mercedes pide en la demanda que se le expida desde el Ministerio un certificado “en el que conste expresamente su autoría”; que le devuelvan ese segundo documento de argumentos jurídicos “y se prohíba al ministerio quedarse con una copia y su posterior utilización”; y que Igualdad emita “una disculpa pública por el maltrato y trato discriminatorio” y lo haga en todos los canales de comunicación y redes sociales de dicho ministerio.

Desde ese departamento, que ahora dirige Ana Redondo, han respondido recordando que “la denuncia se debe a hechos producidos entre 2021 y 2023, correspondientes a una etapa anterior del Ministerio”, y explican que la administración actual “ya ha puesto a disposición de la Justicia el expediente completo, y seguirá colaborando en todo lo que se le requiera”.