El principal motivo del choque entre Justicia, Igualdad e Infancia: qué hacer con las visitas de los hijos a sus padres en casos de maltrato

Redactar o reformar una ley siempre conlleva debates, conflictos y discrepancias entre los distintos ministerios que participan. Lo que no suele ocurrir es que uno de ellos decida retirarse de la redacción del texto y quitar su firma como coproponente en el documento. Es lo que ha ocurrido este jueves: el Ministerio de Juventud e Infancia se desmarcó de la ley de violencia vicaria machista, en la que trabajaba junto a Justicia e Igualdad, este último el ministerio principal, de donde salió el primer texto, el que se conoce hasta ahora. Un choque más entre ministerios ―el primero en manos de Sumar; los segundos, del PSOE― y en la lista de conflictos en la coalición de Gobierno.

Según fuentes de Juventud e Infancia, Rego solicitó cambios en la forma en que el anteproyecto de Igualdad tipifica la violencia vicaria, en la regulación del régimen de visitas y la patria potestad de los hijos y en el derecho de escucha de los menores. Estas fuentes señalan que se trata de asuntos “indispensables” para una ley garantista con los derechos de las víctimas. Por ejemplo, tildan de inaceptable que el texto actual no prohíba, sin excepciones, que los hombres inmersos en procedimientos judiciales por violencia machista o en aquellos casos con indicios de violencia puedan mantener el contacto con los hijos.

La cuestión es que en dos normas en las que trabaja el Gobierno se están introduciendo medidas sobre los mismos aspectos que se contradicen entre sí. Por un lado, el anteproyecto de ley de violencia vicaria machista, que lidera Igualdad. Por otro, la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como Lopivi, bajo la batuta de Juventud e Infancia. En la redacción de ambos textos, intervienen los tres mismos ministerios. Fuentes cercanas a las negociaciones son tajantes: “O lo que dice Igualdad o lo que dice Infancia, pero ambas cosas no pueden ser. Justicia va a tener que establecer su criterio y no puede ser otro que el jurídico”.

Ni Igualdad ni Justicia han entrado en el fondo del asunto. Desde el departamento de Ana Redondo —que esta misma semana ha afirmado que la ley de violencia vicaria podría ir el próximo martes a Consejo de Ministros, aunque también que la redacción final de la norma estaba aún ultimándose— se han limitado a responder que para ellas las negociaciones siguen abiertas. En Justicia, informan de que están “trabajando en ultimar una redacción jurídicamente impecable del proyecto de ley que ofrezca la máxima protección y la máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores”.

¿Qué es lo que se está discutiendo principalmente?

Cómo establecer las visitas, la patria potestad o las custodias a hombres inmersos en casos de violencia machista o en casos en los que existan indicios de que se está produciendo esa violencia. Esa cuestión la regulan dos artículos del Código Civil, el 92 y el 94. Ahora mismo, esos dos artículos estipulan que aquellos padres con condenas o con procedimientos abiertos, o si existen “indicios fundados” de violencia, no tendrán derecho a visitas, pero que “no obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial”.

La redacción de la ley de violencia vicaria de Igualdad es prácticamente igual a la que está en vigor, y ahí es donde choca con Juventud e Infancia. El departamento de Sira Rego quiere cerrar la puerta del todo a que eso suceda. Fuentes del ministerio insisten en que un maltratador no puede ser un buen padre y en que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Así que quieren eliminar ese “no obstante” y todo lo que sigue. Y es lo que anda analizando el Ministerio de Justicia, que por el momento se niega a asumir la petición del departamento de Rego, según han confirmado distintas fuentes cercanas tanto a una como a otra ley.

¿El motivo? Según distintas personas conocedoras del debate entre ministerios, porque no puede establecerse algo tan cerrado sin dar posibilidad a la excepción, y porque negar la posibilidad de decidir a los jueces supondría vulnerar el arbitrio judicial, que es el margen que tienen para fallar en uno u otro sentido en función de las pruebas y la interpretación que consideren más correcta. Hacer eso, afirman, “podría suponer encontrarse con recursos de inconstitucionalidad por parte de los jueces”.

Otras fuentes conocedoras de la negociación consideran, sin embargo, que el interés superior de los menores debe prevalecer: “El derecho del padre no puede prevalecer sobre el derecho de protección del niño, que tiene que estar por encima de todo. Así consta en la legislación internacional”.

Los datos existentes son contundentes. En más de ocho de cada diez casos, las visitas a los padres agresores se mantienen, según un estudio publicado el año pasado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis sobre el tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derechos de familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género. “No puedes decir que la justicia es patriarcal porque la judicatura se levanta en armas, pero sí puedes decir, porque son datos contrastables, que la mayoría de veces se dan visitas, custodias y tutelas a padres maltratadores, incluso con sentencias”, afirma una experta cercana a la reforma de la Lopivi.

Esta ley, según ha declarado múltiples veces la ministra Rego, estaba lista por parte de su departamento ya el pasado diciembre, a la espera de las aportaciones de Justicia para llegar a Consejo de Ministros. El diputado de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, apuntó esta misma semana a un bloqueo en las negociaciones. “Francamente, lo que creemos es que deben dejar de plantearse problemas por parte de otros ministerios, que son problemas muy lícitos, pero que están retrasando mucho la tramitación de esta ley”, afirmó en una rueda de prensa en el Congreso.

El derecho de los menores a ser escuchados

Otra de las cuestiones es el derecho de los menores a ser escuchados, que el texto de Juventud e Infancia prevé que sea reforzado. Ahora mismo, la legislación establece que debe oírse a los niños que tengan de 12 años en adelante, y que a los menores de esa edad puede escuchárseles. Juventud e Infancia quiere eliminar ese matiz para que sea obligatorio escucharles siempre. Fuentes de este ministerio consideran que en el anteproyecto de ley de violencia vicaria machista, este derecho no queda garantizado. Es otro de los escollos de la negociación.

Un tercero es la propia tipificación de la violencia vicaria machista en la ley, errónea no solo según el Ministerio de Juventud e Infancia ―que cree que la actual redacción deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica―, sino también organizaciones feministas, diversas expertas y el propio Consejo General del Poder Judicial, cuyo informe para analizar esta norma incluyó entre sus conclusiones finales “repasar la definición de violencia vicaria” y “revisar para garantizar que se identifica claramente y se refiere a violencia de género”.

Tal y como está redactado ahora el anteproyecto, y como afeó este miércoles la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional en una carta abierta a los tres ministerios, se crea “un delito neutro de violencia vicaria”, ya sea ejercido por hombres o por mujeres. Eso, según la carta, va “en clara contradicción no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza”.

Después de conocerse esa misiva, la ministra Rego respondió a las organizaciones feministas con otra en la que consideraba que “la protección de la infancia frente a la violencia no admite dilaciones, ambigüedades ni respuestas parciales”. Y añadía: “Hoy sabemos que el sistema sigue fallando cuando no escucha a niñas y niños, cuando llega tarde, cuando duda sistemáticamente de sus relatos o cuando obliga al contacto con quienes ejercen la violencia”.

Juventud e Infancia considera inaceptable que la ley de violencia vicaria machista siga su curso con la redacción actual, y fuentes del departamento subrayan que su propósito en todo momento ha sido el de mejorar el texto y aseguran que mantienen la puerta abierta al diálogo para tener una ley a la altura. Ahora, tal y como está la situación, no parece fácil llegar a según qué acuerdos en los próximos días, que es lo que haría falta para que la norma de violencia vicaria llegara a Consejo de Ministros el martes, como apuntó Ana Redondo. Aunque el choque parezca técnico, es en realidad una cuestión de profundidad en torno a un problema social, estructural, como es esta violencia.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.