Asociaciones antiabolicionistas de la prostitución acusan a Igualdad de “imposición ideológica” en el acceso a fondos públicos

Más de 50 organizaciones han rechazado este martes los cambios del Ministerio de Igualdad a los requerimientos para solicitar subvenciones para la prevención de la violencia machista y el apoyo a víctimas de trata y sus hijos. La cartera de Ana Redondo propuso en enero modificaciones en las bases reguladoras del acceso a dos líneas de crédito, para que las asociaciones que las soliciten reconozcan la prostitución como una forma de violencia, junto con la explotación sexual y reproductiva. Representantes de sindicatos de trabajadoras sexuales, asociaciones feministas e investigadoras han denunciado que la propuesta “vulnera principios constitucionales y debilita la lucha contra las violencias machistas”.

Las voces críticas con la decisión consideran que Igualdad “impone una posición ideológica de carácter abolicionista como requisito para acceder a fondos públicos”. Las asociaciones alegan que afectará el trabajo de organizaciones no abolicionistas o donde coexisten posturas diversas, con “consecuencias sobre la calidad, el alcance y la eficacia del acompañamiento” a personas que sufren violencia. Consideran, además, que “restringe el pluralismo y excluye injustificadamente a entidades con amplia experiencia en atención a víctimas”.

Por ello, las participantes solicitan al Ministerio “que respete el principio de neutralidad y pluralismo democrático en el diseño de las políticas públicas”. La intervención fue convocada por CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo), OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), Alianzas Rebeldes, AFEMTRAS, Accionenred Madrid, Accionenred Andalucía, la Red de Voces Feministas por los Derechos, La Laboratoria Feminista, la Asamblea Feminista de Madrid y ALTERA.

Fuentes de Igualdad defienden que la redacción de las órdenes dadas es “jurídicamente sólida, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuosa con los principios que rigen el régimen de concurrencia competitiva en materia de subvenciones”. En 2025, estas ayudas sumaron casi siete millones de euros, que fueron repartidos entre 340 asociaciones.

El Ministerio explica que ha optado “de manera expresa” por un modelo abolicionista de la prostitución, y que la “exigencia de coherencia con la consideración de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contra las mujeres no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y protección de los derechos humanos”.

El ministerio que comanda Redondo está trabajando desde el pasado verano en la redacción de una ley de abolición de la prostitución de la que apenas se conocen las líneas maestras ―como el enfoque hacia el proxenetismo digital―, y que, aunque se preveía que para estas fechas estuviese más avanzada, aún no existe ni un borrador listo para llevar a Consejo de Ministros, que es el primer paso para comenzar el trámite parlamentario de una norma.

Igualdad modificó las dos órdenes ministeriales con el objetivo de adaptarlas al marco estratégico del Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado en 2025, según se explica en la memoria del impacto de las modificaciones legislativas. El plazo de audiencia pública terminó el pasado 9 de febrero y las asociaciones dicen haber presentado alegaciones al texto, pero no haber recibido respuesta por parte del Ministerio.

En su comunicado, las asociaciones críticas con la decisión del departamento de Redondo argumentan que “la prostitución no está legalmente definida como violencia en España”: “No está tipificada como delito en el ordenamiento jurídico español y no se ha establecido normativamente su eliminación”. También alegan que los “instrumentos internacionales de derechos humanos no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia”.

Desde Voces feministas por los derechos, que une a investigadoras de 20 universidades españolas, Begonia Mayona ha afirmado que a la Academia le parece “muy preocupante la instrumentalización política de un debate importante dentro del feminismo”. “Igualdad no puede ahogarlo; debe asumir esa pluralidad”, ha añadido. La investigadora explica que “no existe consenso académico internacional de la prostitución como violencia per se”. Además, reclama que las políticas se construyan aplicando “variedad de enfoques” y que se basen en “evidencia, pluralismo y evaluación de impactos a través de estudios no sesgados”. También ha reclamado incorporar la visión de quienes están en el terreno.

Por su parte, Justa Montero, cofundadora de Asamblea Feminista de Madrid, ha comentado que las entidades se enteraron de la modificación iniciada por Igualdad “por casualidad”. Ha explicado que solicitaron una reunión con el organismo, que fue rechazada después de que enviaran sus reclamos. El grupo de organizaciones convocantes ha comentado que su gabinete de abogados está esperando la respuesta del Ministerio y analizando qué acciones emprender si la orden “sigue en estos términos”.

Para Iris Meza, representante de AFEMTRAS, este cambio en las bases reguladoras es solo “el golpetazo final” y la institucionalización de la exclusión que sufren hace años por parte del ala abolicionista del feminismo. En esa línea, la portavoz de CATS, Cumbres Sánchez, ha lamentado que se diseñe “un motivo legal para excluir formalmente de las financiaciones”.