José M. G., un agresor persistente movido por la venganza

Detrás del arresto de José M. G. el miércoles como presunto autor del incendio en el que murió su expareja, Dolores; la madre de ella, Antonia; y Laura Valentina, una vecina, hay un historial de violencia machista perpetrada siempre en Miranda de Ebro, una localidad de 36.000 habitantes al noreste de Burgos. José, de 60 años, es lo que se conoce en lenguaje técnico como un agresor persistente, uno de esos hombres que a lo largo de su vida ejercen violencia contra más de una mujer. Es el supuesto autor de la agresión machista con más víctimas —entre muertas y heridas— desde que hay registros. Acababa de salir de la cárcel, donde había cumplido su segunda condena por agredir y atar con cadenas a una expareja. La jueza lo envió a prisión sin fianza el viernes tras un interrogatorio de hora y media. Se enfrenta a tres delitos de asesinato, entre otros. Algunas de sus agresiones del pasado, según su entorno, han quedado impunes.

El sobrino de Dolores recuerda una relación anterior de José M. G., una pareja con la que tuvo “cuatro o cinco hijos. La maltrataba”. No se conoce si ella es la misma a la que también maltrató y por lo que entró, en 2007 a formar parte del Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas y sus agresores; un caso que, según confirmó estos días el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya estaba inactivo. Fuese o no la misma, los golpes y vejaciones a aquella mujer con la que tuvo varios hijos implicaron que ella decidiera abandonarlo y marcharse de Miranda.

Él se quedó viviendo en ese casco viejo de calles estrechas y casas levantadas hace décadas que contrastan con un ayuntamiento y una plaza construidos no hace tanto y donde se han celebrado los minutos de silencio estos días. Por las tres víctimas mortales, pero también por las cuatro personas más que resultaron heridas, entre ellas dos niños. El viernes, una jueza de Miranda de Ebro ordenó su prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se enfrenta a tres delitos de asesinato, siete homicidios en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones.

Según cuenta el sobrino de Dolores, que pide figurar sin nombre, él poseía un ruinoso bloque de viviendas que fue demolido hace años. A partir de ahí, relata, llegó “la decadencia. Se echó al alcohol”. Y aunque es común relacionar violencia y alcohol sin entrar al fondo, no es causante directo de la violencia. Sí es, por otro lado, uno de los múltiples factores que pueden agudizarla o facilitarla, y es, de hecho, uno de los indicadores de riesgo que las instituciones evalúan en casos de violencia.

Tras ese primer registro del maltrato ejercido por José M. G., que nunca se conoció de forma pública, hubo un segundo que sí saltó a los medios. Fue en diciembre de 2015. Entonces, este hombre engañó a través de otras personas a una niña de nueve años para llevarla a su casa, secuestrándola desde las seis de la tarde hasta la mañana del siguiente día. Era la hija de una expareja, afirma el sobrino de Dolores. La retuvo, la ató y abusó de ella, según consta en la sentencia que lo condenó en 2017.

Fue necesaria entonces la actuación de cuerpos policiales de élite para arrestar al secuestrador, que no quería entregarse. Alrededor de su casa esperaban vecinos, familiares de la menor y conocidos de la familia. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional junto a la Guardia Civil y policías locales acordonaron la zona para evitar problemas de orden público y lograron detenerle. Fue condenado a seis años de prisión: tres por detención ilegal y tres por “abuso sexual sobre menor de 16 años”.

“Se dijo que era una trifulca entre clanes de la droga, pero no, ese hombre estuvo con la madre de la niña, lo dejó y por venganza le quitó a la hija, que no era de él. No han vendido drogas en la vida. Lo hace todo por vengarse de las mujeres y joderlas”, detalla el sobrino. La joven víctima, añade, apenas vuelve por Miranda: solo se la ve de vez en cuando.

El acusado siguió en la localidad, pero no solía acudir a esta barriada, donde viven muchos parientes de ella, que hoy ya es una mujer de 20 años. “Por la cuenta que le traía, desde que salió de la cárcel por lo de la niña, lo tenían que haber desterrado”, afirma el mirandés. Según la documentación facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este miércoles, “la fecha de cumplimiento de la pena de prisión se fijó para el 4 de diciembre de 2021”. Solo dos años después, llegó el segundo episodio de violencia con consecuencias penales.

El sobrino de Dolores cuenta que la mujer a la que José M. G. agredió y ató con cadenas en noviembre de 2023 había sido una de sus parejas: “Con Carmen estuvo un tiempo. Ella lo dejó por maltrato, y la cogió y la ató”. Esta logró escapar, él entró en prisión provisional y un año después fue condenado a un año y siete meses de cárcel por “un delito de detención ilegal en grado de tentativa, concurriendo la agravante de reincidencia” y a tres meses de multa por lesiones leves.

En el fallo, se lee que, en aquel momento, esa mujer era prima de la pareja de José M. G. También que era una mujer con drogodependencia que “estaba recibiendo tratamiento con metadona”. Y esa es una de las cuestiones que el sobrino de Dolores cuenta sobre las relaciones del sospechoso: mujeres vulnerables, con problemas con el alcohol o las drogas, y a veces aisladas, sin redes de apoyo. “¡Es un obsesivo con las mujeres. Si salen con él y lo dejan, las golpea, las maltrata, es un cobarde de mierda!”, exclama.

Una hermana acogió un tiempo a José M. G., pero lo acabó despachando y le cedió una vieja casa donde, cree el sobrino, se instaló cuando salió de prisión por esa última condena. Según la información del TSJ castellanoleonés, la pena se hacía efectiva el 20 de febrero, aunque el hombre llevaba ya un tiempo fuera; al haber estado en prisión preventiva, ya se daban las condiciones para su puesta en libertad.

Cuando salió esta última vez de la cárcel, no lo supieron: “Si lo hubiéramos visto, lo habríamos echado. En Miranda viven dos hermanos suyos, al menos. No quieren saber nada de él”, señala el sobrino, recordando que uno de esos hermanos, el patriarca Gabriel, fue rotundo: “Mientras yo viva, ese hombre aquí no pisa”. Pero murió y el tipo regresó.

En Miranda y fuera muchos se hacen la misma pregunta: por qué estaba en la calle, por qué no seguía en prisión. Explican diversas fuentes jurídicas que, ante hechos y agresores reincidentes como José M. G., es común pensar estas cuestiones. Una fuente del Consejo General del Poder Judicial recuerda que “una vez que se comete un delito, hay condena, y se cumple, se concede la ejecución de la pena, se concluye y están libres”. Y añade que “las normas procesales y penales son las mismas para cualquier tipo de delito”, aunque para algunos de ellos la sociedad comprenda más o menos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondía a esa cuestión el jueves en el minuto de silencio por las víctimas convocado en Miranda de Ebro. Redondo reclamó a jueces y fiscales aplicar las penas con “contundencia”, que lleguen “a los máximos que permiten las leyes”. La catedrática de Derecho Penal María Acale Sánchez insiste, por su parte, en que “la imposición de más penas no garantiza la disminución de los delitos“. Señala también que más que el porqué están en la calle ciertos agresores, ”que lo están una vez han cumplido sus penas", hay que plantearse otra cuestión: “Qué se hace con los condenados, para su reinserción, mientras están en la cárcel”. Eso, para ella, es lo esencial.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.