¿Qué pasa cuando un agresor sexual sale de la cárcel? Un programa de apoyo para algunos perfiles trata de evitar que haya más víctimas

Álvaro Iglesias, conocido como Nanysex, salió de la cárcel a mediados de mayo tras cumplir el máximo de 20 años de la condena que se le impuso por abusar sexualmente de cinco niños de entre uno y cuatro años en la localidad murciana de Lo Pagán y en la madrileña de Collado-Villalba. Él mismo reconoció que se aprovechó de su condición de canguro para agredir sexualmente a los menores y declaró que había abusado de más de cien. Era, además, el cabecilla de una red que grababa y difundía vídeos de violaciones y vejaciones a menores en Internet. Iglesias fue condenado a 58 años en 2008 y el Supremo rebajó la pena a 44. Cuando salió de la cárcel, en algunos grupos de WhatsApp de la sierra de Madrid circularon fotos suyas en la que se advertía de su puesta en libertad y se invitaba a las familias con niños pequeños a tener cuidado. Su caso queda todavía en la memoria colectiva como uno de los crímenes más aterradores.

Cada cierto tiempo sale de la cárcel un agresor sexual que ha cumplido condena. La alarma social que genera la puesta en libertad de los condenados por delitos contra la libertad sexual, nunca es fácil de gestionar. La legítima preocupación de la sociedad choca con el derecho de un reo que ha cumplido condena a rehacer su vida. Lo explica así Gema Varona, doctora en Derecho Penal y presidenta de la Sociedad Mundial de Victimología (World Society of Victimology) y una de las máximas expertas en justicia restaurativa. “Hay que partir de un marco ético-jurídico que es indispensable para cualquier tipo de delito, incluso los más graves o los que más horrorizan. Y ese marco es el mandato constitucional de reinserción y de reeducación”.

Las internos por delitos contra la libertad sexual representan el 8,3% de la población penitenciaria en España; también es importante destacar que esta tipología delictiva cuenta con una elevada cifra oculta ya que se estima, según datos de investigaciones internacionales, que sólo se denuncian uno de cuatro delitos sexuales. Además, el 80% de las violaciones que se denuncian en España nunca llega a juicio (ocho de cada diez agresiones sexuales se archivan y solo una acaba en condena). Una revisión de 13 estudios con más de 48.000 agresores sexuales de alto riesgo encontró tasas de reincidencia entre el 2% y el 8% en los primeros 5 años, que aumentaron a entre el 10% y el 20% en seguimientos de 10 años. Otros cifran las tasas de reincidencia entre el 6% y el 13% dependiendo del estudio y del período de seguimiento. Los expertos no lo consideran un porcentaje elevado comparado con otro tipo de delitos (según el estudio de reincidencia penitenciaria 2009-2019, los robos y hurtos tienen, por ejemplo, una tasa del 76%), pero el impacto social es tan grande y las consecuencias tan dolorosas que el miedo y el rechazo son entendibles.

Lo explica Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y psicóloga jurídica. “La alarma social es comprensible. Los delitos sexuales generan un daño profundo, difícil de reparar, y afectan directamente al sentido de seguridad colectiva. Aunque las tasas de reincidencia sean relativamente bajas, la percepción de riesgo es alta, sobre todo cuando no existe información clara sobre el proceso seguido durante la ejecución de la pena privativa de libertad o sobre el estado actual del agresor”.

¿Qué ocurre cuando uno de ellos vuelve a salir a la calle tras haber cumplido condena? ¿Qué puede ayudar a que no haya más víctimas y por lo tanto a que se rehabilite y no vuelva a reincidir? Si un juez lo estima puede imponer medidas de libertad vigilada. En 2022 se implantó en España un programa llamado Círculos de Apoyo y Responsabilidad (Circles of Support and Accountability, CoSA). Nacido en Canadá en 1994, empezó a funcionar en el Reino Unido en 2002 y ahora se está utilizando en 10 países europeos. Está orientado a la gestión del riesgo para delincuentes sexuales que no están cumpliendo ya condena en prisión, pero que aún presentan un riesgo moderado o alto de reincidencia. No todos los agresores sexuales cumplen las condiciones para acceder al programa, hay una evaluación exhaustiva previa de los técnicos para identificar aquellos que puedan tener un aprovechamiento real. Son perfiles que cumplen penas por delitos de naturaleza sexual, que han pasado la mayor parte de su condena en 2º grado (en el centro penitenciario), que en el propio centro han seguido el programa de intervención para delitos de agresión sexual con un buen desarrollo del mismo, y que requieren una fase de acompañamiento en comunidad y de supervisión en el tránsito hacia la vida en libertad.

Un círculo lo compone la persona identificada con riesgo moderado o alto ―hay factores que pueden contribuir a ello: tener una desviación sexual evidente, no asumir la responsabilidad por el delito cometido, no querer participar en un programa de tratamiento― y con peor pronóstico de reinserción al que acompaña un grupo de entre tres y seis voluntarios que pertenecen a su lugar de residencia y que han recibido una formación específica. Al principio se reúnen con él semanalmente ―cada Círculo dura 18 meses― para desarrollar un vínculo y favorecer así conductas prosociales, ofreciendo apoyo emocional y ayudándolo ante sus necesidades prácticas. Eso puede incluir acompañarle a hacer la compra, a un evento deportivo o cultural. Es decir, le facilitan su reintegración en la sociedad (hay veces que la familia rompe por completo los lazos). También le cuestionan actitudes o comportamientos antisociales. Este círculo de apoyo está supervisado por un círculo externo de profesionales del ámbito penitenciario, judicial, policial, etcétera al que reportan y trasladan dudas y posibles situaciones de riesgo.

No hay que olvidar que, además, en el contexto penitenciario, existe un programa de tratamiento específico para el control de la conducta sexual que lleva tiempo desarrollándose tanto en el régimen cerrado como en el medio abierto. El 95,7% de las personas que lo finalizan no reincide en delitos sexuales, según cifras facilitadas por Instituciones Penitenciarias. Cualquier preso, al ingresar en la cárcel, es sometido a un estudio para valorar sus necesidades, carencias y problemas a partir del cual se elabora un programa de tratamiento específico para su delito y tiempo de condena. El objetivo prioritario es el mismo: evitar que haya más víctimas. Es voluntario. Igual que Círculos.

A más aislamiento, más riesgo de reincidir

“Es fundamental que las personas que participan en él quieran el cambio, quieran continuar con el cambio que empezaron en la cárcel y se comprometan a ello”, afirma Laura Negredo, subdirectora general adjunta de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas y vocal de la junta directiva de Círculos Europa. Y añade: “Es un programa dirigido a internos con necesidades de apoyo a los que se identifica que están más aislados socialmente. La literatura científica ha demostrado que, si un interno es aislado y carece de contacto con el exterior, el riesgo de que reincida aumenta. Por tanto, lo que buscamos es crear una red de apoyo social para mitigar ese riesgo. Círculos ha demostrado su eficacia en otros países, es una necesidad social y penitenciaria”.

Desde que, en 2022, Círculos empezó a funcionar en toda España —en Cataluña, que tiene las competencias transferidas, se empezaron a hacer tres Círculos pilotos ya en 2013—, Negredo explica que lo han trabajado con 22 personas. “Nueve están en activo y 13 han finalizado. A lo largo de este año empezaremos nueve más. No puedo todavía trasladar datos porque la evolución se tiene que medir a medio o largo plazo con un periodo de seguimiento”, explica.

Este modelo está basado en dos principios fundamentales que son “no más víctimas” y “no hay secretos”. Como indica Negredo: “Es el lema, lo primero que se les dice cuando entran en el programa”. Para llegar allí, subraya, hay un trabajo previo. “Círculos busca ayudarles a cambiar su propia identidad narrativa: que construyan una nueva identidad que les aleje del delito. Está demostrado que el cambio de narrativa, es decir, lo que te dices a ti mismo sobre quién eres, ayuda a evitar nuevas reincidencias”.

Sobre ese cambio de narrativa, Timanfaya Hernández apunta esto: “En términos técnicos, no se trata solo de que la persona no quiera volver a delinquir, sino de que haya desarrollado nuevas formas estables de autorregulación, de gestión del impulso sexual y resolución de conflictos, que sustituyan aquellas que le llevaron al delito. Es decir, que haya reconfigurado aspectos centrales de su funcionamiento psicológico y social”.

Gema Varona remarca que no existe nada que sea de “riesgo cero”, pero insiste en la importancia de que haya, una vez que estas personas salen, un “seguimiento y un apoyo para ayudarlas en su vuelta a la sociedad y, al mismo tiempo, si siguen teniendo problemas, poder tener a quien acudir para evitar que del pensamiento se pase al acto”. Y añade: “La evidencia nos dice que normalmente hay reos que cuando salen no tienen nada que les sujete”. De ahí, dice, la importancia y la valía del programa Círculos. “Tanto esa conexión como el apoyo psicoterapéutico y de terapia en general es muy importante. Siempre habrá personas que pueden ser más peligrosas que otras, pero lo que no podemos pretender es que la prisión haga el trabajo que no se ha hecho antes en la sociedad o que luego la sociedad no vaya a hacer”, matiza.

Hernández está de acuerdo con ello. “La pena privativa de libertad, en sí misma, no transforma. Lo determinante es cómo se utiliza ese tiempo para interrumpir una trayectoria delictiva y generar procesos de cambio reales. Y eso implica abordar dimensiones complejas: la asunción del delito, el posicionamiento empático con la víctima y la responsabilidad por el daño causado. A nivel psicológico, el reto no es sencillo. Muchos agresores sexuales llegan a tratamiento negando o minimizando los hechos, ya sea como estrategia jurídica o como defensa psíquica. Por eso, el trabajo no comienza directamente con la conducta, sino con la conciencia del hecho y sus consecuencias. Se trata de generar un contexto clínico estructurado y profesional que facilite el reconocimiento del daño causado, sin justificaciones ni atajos”.