Rosa Urbanos, catedrática: “No tiene sentido ‘blindar’ la gestión pública si esta tiene problemas serios. Hay que abordarlos”

Rosa Urbanos (Madrid, 55 años) es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), fue la primera directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Es una de las figuras de referencia en España en la investigación sobre los determinantes sociales de la salud, así como la evaluación de las políticas públicas y la gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y responde por escrito a EL PAÍS el mismo día que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.

Pregunta. ¿Cómo valora, por lo que ha trascendido hasta el momento, el anteproyecto presentado por el Ministerio de Sanidad?

Respuesta. La intención es buena, pero dudo mucho que sea el instrumento adecuado para propiciar mejoras en la gestión sanitaria en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. A mi modo de ver, no tiene sentido intentar “blindar” la gestión pública si esta tiene problemas serios, lo que hay que hacer es abordarlos.

P. ¿Era necesario en este momento poner coto a la gestión privada en la sanidad pública después de lo conocido sobre el Hospital de Torrejón?

R. El problema no es la oportunidad, sino la pertinencia del instrumento. Los problemas asociados a algunas fórmulas de colaboración público-privadas son bien conocidos desde hace tiempo. En la Comunidad Valenciana empezaron a aflorar pronto cuando se desarrolló la concesión de Alzira, y desde entonces hemos ido comprobando una y otra vez los riesgos que se asocian a estas concesiones de obra y servicio. La clave aquí es que la raíz de esos problemas se encuentra principalmente en el propio sector público: en el mal diseño de los contratos, en las deficiencias de los modelos de control y supervisión, y en los déficits de calidad institucional. Por ejemplo, hemos visto muchos casos en los que las fórmulas de colaboración con el sector privado se han utilizado para defender intereses particulares, en lugar de priorizar el interés general. En mi opinión, es en esos puntos donde deberíamos poner el foco, además de en la imprescindible mejora de la gestión pública.

P. Teniendo en cuenta las competencias de las comunidades, ¿tiene esta iniciativa posibilidades de tener un impacto real sobre los sistemas autonómicos de salud?

R. Sospecho que no. Aunque el anteproyecto contempla limitar las opciones de gestión indirecta a situaciones “excepcionales”, si la excepcionalidad la deciden los servicios autonómicos de salud, no cambiarán mucho las cosas.

P. ¿Es esta iniciativa legislativa una buena vía de garantizar la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud?

R. Sinceramente, no lo creo. En primer lugar, los problemas de calidad y sostenibilidad en el SNS son complejos y difícilmente van a resolverse mediante un texto legislativo. Pero, además, necesitamos mejorar la gestión de los centros, y la gestión directa tradicional impone un marco burocrático muy restrictivo que ata de pies y manos a los gestores. Hay que proporcionar marcos flexibles que permitan que los centros se adapten de forma ágil a unas circunstancias y una demanda que son cambiantes, no impedir que prosperen. Los estudios disponibles sugieren que un marco flexible de regulación y gestión se asocia con mejoras de la eficiencia, y que es más importante para una gestión eficiente que un hospital tenga personalidad jurídica que el hecho de que sea de propiedad pública o privada.

P. Tras casi tres décadas en vigor, ¿cómo valorará el impacto que ha tenido en el Sistema Nacional de Salud la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión?

R. La ley 15/1997 posibilitó la aparición de fórmulas que han sido muy útiles, porque han permitido esa mayor flexibilidad de la que hablaba antes. Algunas han tenido más implantación, otras menos. Unas han tenido más éxito, otras menos. Por ejemplo, nunca se habla de una modalidad de gestión indirecta como es la de las Entidades de Base Asociativa (EBA), que son cooperativas de profesionales que prestan servicios de atención primaria, y que apenas están extendidas (sólo hay algunas en Cataluña) pese a que las evaluaciones que se han hecho hasta ahora arrojan muy buenos resultados. La Ley 15/1997 aportó algo muy positivo, que fue posibilitar la innovación y la diversidad en el ámbito de la gestión.

P. ¿Cuáles son, en su opinión, los problemas más urgentes que debe resolver el Sistema Nacional de Salud?

R. A mí me preocupa especialmente el riesgo de que el SNS caiga en una crisis de legitimidad de la que no se pueda levantar. Los ciudadanos cada vez son más críticos con el sistema público y cada vez contratan en mayor medida seguros privados, y esto ocurre porque algunos problemas, lejos de resolverse, se agudizan, como el de los tiempos de espera. En algunos lugares, las esperas se han contagiado incluso a la atención primaria, y esto me parece grave. Por otra parte, los profesionales también muestran su descontento, y el fenómeno del burn-out, del profesional quemado, se extiende. La gestión del personal es uno de los elementos clave para que el SNS funcione adecuadamente.

P. ¿Y cómo cree que podrían afrontarse desde el Ministerio de Sanidad?

R. El Ministerio no lo puede todo, no hay que olvidar que la mayor parte de las competencias en sanidad está en manos de las comunidades autónomas. Desgraciadamente, la dinámica parlamentaria tampoco ayuda y ahora mismo parece difícil llegar a acuerdos políticos con independencia de cuáles sean las iniciativas propuestas.