La igualdad no llega al campo: solo el 3,6% de las mujeres son cotitulares de la explotación que tienen con su pareja

El sudor con el que las mujeres han regado los campos de España ha sido históricamente invisibilizado. “Ellas toda la vida han trabajado en la majada, tanto como los maridos”, cuenta Violeta Alegre. “Pero siempre estuvieron en la sombra”. Alegre habla al teléfono desde Lago de Omaña, al norte de la provincia de León. Allí pastan durante la primavera las 1.200 ovejas que tiene con su pareja. Desde 2013, su negocio está registrado como una Explotación de Titularidad Compartida, figura que entró en vigor un año antes para dar representatividad económica y legal a las mujeres en el ámbito rural. Entonces, el Ministerio de Agricultura había estimado que 40.000 podrían potencialmente beneficiarse de ella. Alegre fue la primera ganadera de León en hacerlo. Además del pastoreo, es la representante legal de su ganado, la que hace el papeleo. “A mí ya me conocen, no soy ‘la mujer de”. Pero su caso no es el de la mayoría. Más de una década después de que se hiciera efectiva la ley solo hay 1.477 Explotaciones de Titularidad Compartida en todo el territorio español, según datos recogidos por el ministerio.

Una de las claves que lo explica es la política agraria del siglo XX. La creación del Ministerio de Agricultura, en 1900, tuvo como consecuencia la construcción de roles específicos dentro de un “sistema sexo-género”, explica Teresa María Ortega López, historiadora y una de las autoras de Mujeres y agricultura en la política del siglo XX. “Se las consideró ‘ayudante de campesino’, por tanto, no tenían que tener una visibilidad contundente”, argumenta la historiadora.

Sostiene, además, que, pasado el franquismo —período que define como una “dictadura de género”—, el ministerio perpetuó esta división mediante sus publicaciones. Aquello que se refería a la economía doméstica era siempre representado con iconografía femenina. El trabajo ganadero y de labranza, y los avances técnicos, ponían al hombre como figura central. A pesar de ello, la realidad del trabajo era muy distinta.

Alegre recuerda a su suegra, que trabajó toda su vida con el ganado. “Tuvo ocho hijos, daba a luz y a los dos días bajaba a ordeñar las vacas”, cuenta. “Esas mujeres de antes eran muy muy esclavas”. Cuando Alegre le contó que se daría de alta como cotitular de la explotación, su suegra dijo sentirse orgullosa. Ella jamás había podido demostrar que era dueña del ganado.

En este contexto, la creación de las Explotaciones de Titularidad Compartida, al menos en los papeles, supone un giro de 180 grados. No por nada el recorrido histórico que hace Ortega comienza con la creación del ministerio y acaba con la aparición de la ley. Pero en la práctica, los resultados son tímidos y varían enormemente según la comunidad autónoma o la provincia.

Castilla-León, la región donde más ha prosperado esta figura, acumula 706 —de las cuales 220 están en la provincia de León—, mientras que otras como Andalucía o Galicia, apenas suman 65 y 53, respectivamente. En Murcia hay una y en Madrid ninguna, según las cifras del ministerio. Estas diferencias tienen múltiples motivos que van desde la distribución de la tierra hasta la implicación de la ciudadanía y las administraciones, explica la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal. “Cada comunidad ha ido formalizando la ley a distinto ritmo; Madrid, que fue la última, lo hizo recién en 2019″, argumenta.

Otro motivo que produce estas diferencias, según Bombal, son los incentivos de carácter autonómico. Hay administraciones donde acogerse a la Explotación de Titularidad Compartida no aporta ningún beneficio, como es el caso de Cataluña, donde solo hay cuatro. En otras, como Castilla-León, los incentivos son parte fundamental de la ley. “Nosotros tenemos una ayuda anual de 1.500 euros, y si hay ayudas, somos una explotación de tipo prioritario”, cuenta Beatriz Figueroa Pérez, cotitular de Miel Camino de Santiago, en el pueblo leonés de Cacabelos.

Entre las ventajas generales que garantiza acogerse a la ley, Figueroa señala la cotización. Lo dice como si fuera una obviedad, porque lo es: “Si trabajan dos personas, tendrán que cotizar las dos”. Y menciona también la división de bienes ante una separación. “En el momento que hay un divorcio, una separación, la explotación es a las partes que hayas convenido; no quedas desvalida, tirada: tú has trabajado”.

Los aspectos particulares que hacen avanzar el modelo con lentitud tienen su base en las estructuras descritas por Ortega, que acaban por transformarse en dinámicas sociales y culturales. Para Verónica Lugo, presidenta en Galicia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), la causa principal por el que en su comunidad apenas crecen es la voluntad política. “Si hubiera difusión por parte de la consejería del medio rural, creemos que sería otro el número”, asegura.

“Un gobierno debe tener perspectiva de género y esta es una ley pensada para las agricultoras y ganaderas”, dice. Y aporta un dato: el total de explotaciones profesionales gallegas es casi de 20.000, de las cuales una tercera parte son susceptibles de acogerse a la figura de titularidad compartida. Pero estas no llegan al 0,3% del total.

En la provincia de León pasa algo parecido, con la diferencia de que el sindicato mayoritario UGAL-UPA se ha ocupado de llenar ese silencio. Tanto Alegre como Figueroa Pérez conocieron el modelo de cotitularidad por la organización. “Yo me enteré por el sindicato, desde las administraciones lo mueven poco”, asegura la apicultora. Bombal reconoce esta debilidad: “Hay un desconocimiento profundo”, asegura. A lo que añade el proceso kafkiano al que deben someterse las interesadas. Proceso que el ministerio está intentando corregir mediante un proyecto de ventanilla única.

Alegre, por último, hace hincapié en que todavía existe mucho machismo en el medio rural. Si bien a ella nunca la han hecho sentirse menos entre los pastores, admite que todavía hay muchos hombres que no llevan bien que la explotación esté también a nombre de sus parejas. En este sentido, observa que hay una gran diferencia con los jóvenes. “Los hombres más de antes lo llevan mucho peor”, dice.

Brecha generacional

Todas las incorporaciones del último año en Galicia son de menores de 40 años. Ortega hace un comentario histórico al respecto: paradójicamente, hace décadas, las madres de muchas de estas mujeres que hoy están al frente de explotaciones las animaban a irse a las ciudades en busca de otra profesión. El campo era muy sacrificado y no había futuro para ellas. Pero la lucha por la igualdad y la presión del asociacionismo femenino, indica la historiadora, han impulsado el afán de acabar con los resquicios de desigualdad que siguen existiendo. “Son las mujeres con una media de edad entre los 35 y 45 años las que hablan de los sacrificios que han hecho para poner de manifiesto que el medio rural también es un espacio para ellas”, sostiene.

En la experiencia de Alegre, lo que echa para atrás a las mayores que llevan años trabajando en el campo es la burocracia. “Ponen una serie de requisitos para que no acceda cualquier persona”, dice la pastora leonesa. Es allí donde Lugo cree que si hubiera más difusión de las ventajas, la cosa sería distinta. Las Explotaciones de Titularidad Compartida son mucho más baratas de constituir que una sociedad, por ejemplo, que requiere de notario. Además, aporta un dinero considerable según la comunidad.

Este beneficio económico es uno de los factores por el que tiene tanto empuje entre los jóvenes. Muchas parejas que quieren comenzar una vida en el campo encuentran en las Explotaciones de Titularidad Compartida una inyección económica que, de no haberla, no podrían ni empezar.

Si la igualdad en el campo se garantizara, problemas aparejados a ella encontraría soluciones. El fenómeno de la España Vaciada es uno de ellos. Aquellos municipios que han ido perdiendo población progresivamente en las últimas décadas podrían recuperar sus entramados socioeconómicos. Sin la reposición de jóvenes y de mujeres en el campo, dos de cada tres agricultores en 2030 estarán jubilados, dice Bombal. “La cotitularidad contribuye a que haya un buen desarrollo del sector y un asentamiento estable y de calidad de la población en el territorio rural”, agrega.

“Es una ley muy interesante, exigida tradicionalmente por el asociacionismo rural femenino”, asegura Ortega. “Pero no está dando los frutos que se esperaba, la administración se tendría que preguntar qué está sucediendo”.