Un juzgado investiga por detención ilegal a la directora de Salud Pública de Baleares que confinó a los estudiantes en Mallorca

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha citado a declarar en calidad de investigada a la directora general de Salud Pública de Baleares, Maria Antònia Font, por un presunto delito de detención ilegal tras ordenar el confinamiento forzoso en un hotel de Palma de 235 jóvenes considerados contactos estrechos de positivos por coronavirus. La madre de uno de los estudiantes confinados durante un viaje de fin de curso a la isla presentó una denuncia contra la directora general por un presunto delito de detención ilegal al mantener confinados en el establecimiento a estudiantes que habían dado negativo en la prueba de coronavirus, pero que el Ejecutivo balear consideró que eran contactos estrechos de personas positivas. La comparecencia de Font se ha señalado para el próximo 7 de septiembre.

La madrugada del 27 de junio, la directora general firmó una resolución en la que ordenaba el confinamiento forzoso bajo custodia policial de 235 jóvenes en el hotel Palma Bellver que el Gobierno de las islas tiene habilitado para turistas que dan positivo o son considerados contactos estrechos de pacientes de coronavirus. Un elevado número de los jóvenes que seguían de viaje de fin curso en la zona del Arenal de Llucmajor se negaba a hacerse la prueba para comprobar si estaban infectados, y pretendían regresar a sus comunidades autónomas de origen sin someterse a ningún test y evitar tener que pasar la cuarentena en la isla.

El Gobierno de las islas basó la resolución en los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y en diversas normativas autonómicas y nacionales. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a la medida y una jueza del juzgado de lo contencioso administrativo de Palma anuló finalmente el confinamiento de quienes habían dado negativo o los que no se habían sometido a una prueba y ratificó el encierro de los que habían contraído la enfermedad. La magistrada consideró que la resolución estaba poco fundamentada porque no especificaba las circunstancias que le habían llevado a calificar a algunos jóvenes como contactos estrechos de otros.

El Gobierno de las islas movilizó un buque, en el que reservó un espacio aislado para el retorno de más de un centenar de jóvenes que viajaron a Valencia y de ahí a sus respectivas comunidades.

En un comunicado, el Gobierno de las islas ha manifestado que respeta las decisiones judiciales, pero ha insistido en que ello es compatible con la defensa y el apoyo a la actuación de la Dirección General de Salud Pública y de sus miembros para controlar el macrobrote. Desde el Ejecutivo balear subrayan que la actuación fue proporcionada y adecuada a la defensa y protección de la población. “Los jueces no atendieron las peticiones de habeas corpus, y los comportamientos de riesgo confirmados tras el seguimiento de las autoridades reafirman que se desarrollaron las actuaciones oportunas”, subraya el Gobierno autonómico.