Albergues casi vacíos y programas humanitarios “en la cuerda floja” por recortes: la vida en la frontera mexicana un año después del retorno de Trump

Para llegar al albergue Movimiento Juventud 2000 hay que atravesar las calles de la Zona Norte de Tijuana y bajar por el área donde se ofrecen drogas y servicios y espectáculos sexuales. El centro de acogida, situado a solo unos centenares de metros del muro que separa México de Estados Unidos, tiene capacidad para unas 170 personas, pero en estos días, cuando se acaba de cumplir un año de la segunda presidencia de Donald Trump, apenas hay 15.

José María García Lara, director del centro, recuerda que en algunos tiempos, este lugar llegó a acoger a más de 300 personas y el espacio estaba a rebosar de tiendas de campaña y hasta colchonetas. “Llenábamos la cocina, la ludoteca, la despensa...”, recuerda el responsable, con los codos apoyados sobre la mesa acristalada de su despacho.

Karen, que por motivos de seguridad prefiere no dar su apellido, su hijo y su marido llegaron a Tijuana “con la idea de cruzar” a Estados Unidos, pero mientras esperaban acabaron instalándose en la ciudad. Les echaron del lugar que alquilaban y, al verse en la calle, acudieron a Juventud 2000. “Estamos aquí para volver a estabilizarnos, encontrar un trabajo, un lugar para poder rentar”, asegura, mientras carga a su bebé en brazos para llevarlo a la zona de duchas y bañarlo.

Bárbara Rodríguez limpia un espacio del albergue mientras explica que es del Estado mexicano de Guerrero, pero vivió 20 años en Estados Unidos, donde siguen sus cinco hijos. La mujer cuenta que la trajeron a Tijuana engañada, para que lograra desengancharse de la marihuana, pero terminó viviendo en la calle. Su sueño es volver con sus hijos, pero por ahora no lo ve posible y se ha instalado en el albergue con el fin de tener un techo mientras logra un trabajo. “Esperemos que el Gobierno de Estados Unidos cambie, que no olvide que gracias a muchos mexicanos se saca adelante el trabajo del campo, de las fábricas...”, dice Rodríguez.

Situaciones muy parecidas se repiten en el resto de albergues de la ciudad. El más grande de Tijuana y del Estado de Baja California, llamado Embajadores de Jesús, gestionado por una organización evangelista cristiana, llegó a acoger a unas 2.200 personas y ahora alberga a tan solo 400, muchas de las cuales llevan ya entre uno y dos años instaladas allí. “Quienes están aquí son las personas que ya no pueden cruzar y no pueden regresar a su país, principalmente por miedo”, dice Janina Hofer, voluntaria y coordinadora del albergue.

Todo el entramado humanitario a este lado de la frontera ha cambiado enormemente desde el inicio del segundo mandato de Trump. La retórica antimigración de la administración estadounidense, la eliminación de la herramienta legal de solicitar asilo en Estados Unidos o las imágenes de deportaciones y detenciones de personas que se encuentran en situación irregular en el país están teniendo un efecto disuasorio entre la población migrante. Los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reflejan una caída de en torno al 88% de aprehensiones de migrantes irregulares en esta frontera en el último trimestre de 2025, que sumaron 17.793, en comparación con las cifras del mismo trimestre de 2024, durante la presidencia de Joe Biden, cuando se llegó a 147.107 detenciones.

Quienes están aquí son las personas que ya no pueden cruzar y no pueden regresar a su país, principalmente por miedo

Janina Hofer, voluntaria

El reto de buscar nuevos donantes

Pero no solo el flujo migratorio ha variado, también los recursos económicos. Nada más llegar a la Casa Blanca, Donald Trump decidió congelar durante 90 días los fondos para la ayuda al desarrollo y reevaluar su pertinencia. Estados Unidos era responsable de más del 40% de la ayuda humanitaria global. El 1 de julio del 2025, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció en un comunicado que la USAID, la agencia de cooperación estadounidense, “cesaba la implementación de ayuda exterior”.

En México, en la frontera con EE UU, esa decisión abrupta significó “la suspensión de programas alimentarios, de acogida y de asistencia jurídica” para personas que estaban varadas en la frontera con Estados Unidos, en palabras de Amnistía Internacional. “Algunos refugios y organizaciones temen que tendrán que cerrar por completo”, advertía la organización el pasado mayo.

Fue lo que ocurrió en algunos centros de acogida de Tijuana. Hofer, del albergue Embajadores de Jesús, fue testigo de esos cierres. Ellos han sobrevivido por ahora, aunque se han visto afectados. “Tristemente, muchas de las organizaciones internacionales que anteriormente ayudaban, ahora ya no ayudan”, explica.

Porque los recortes estadounidenses en cooperación impactaron también en la labor de la Oficina estadounidense de Población, Refugiados y Migración (PRM, por sus siglas en inglés), que financia a grandes agencias internacionales, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que el pasado julio advertía de que más de 11 millones de personas refugiadas o forzadas a huir de sus hogares podrían perder ese año “el acceso a la asistencia humanitaria directa” de la organización. Esta cifra representaba un tercio de las personas atendidas en 2024.

Observamos el cierre de oficinas de algunas agencias, recorte de personal y reducción de capacidades

Soraya Vázquez, Al Otro Lado

“Estamos en una especie de cuerda floja. Ha sido un reto empezar a buscar otros donantes” y eso incluso ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la organización, lamenta Sarah Soto, directora financiera y cofundadora de Espacio Migrante, otra organización comunitaria transfronteriza. En una entrevista telefónica, la responsable detalla que la incertidumbre financiera y política han marcado un 2025 complicado a nivel económico y emocional. Por ejemplo, su entidad se beneficiaba de programas administrados por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se redujeron o se cortaron completamente. Eran iniciativas centradas en garantizar comida, infraestructura para el albergue o artículos de higiene personal, entre otros. Ahora, tienen que “absorber estos gastos”, explica Soto, y eso les ha afectado bastante en su actividad diaria y les ha obligado a cerrar algunos servicios y reducir su presupuesto para artículos esenciales, como alimentos. Pero la responsable puntualiza que la crisis empezó antes del inicio de los recortes estadounidenses. Desde el 2024 “el tema de la migración estaba dejando de ser prioritario para los donantes grandes”, opina.

Según un artículo publicado en la organización estadounidense Center For Global Development, la financiación estadounidense a ACNUR en 2025 no llegaba al 40% de lo que había sido en 2024. En el caso de la OIM, la cifra del 2025 era un tercio de la alcanzada en 2024.

“Observamos el cierre de oficinas de algunas agencias, recorte de personal y reducción de capacidades”, afirma Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que presta servicios jurídicos a refugiados, migrantes y deportados a ambos lados de la frontera en el área de Tijuana.