De Sudán a Gaza: el hambre como arma o el fracaso de la comunidad internacional

En mayo de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 2417, dando un impulso político a las obligaciones contenidas en los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977, que prohíben el uso del hambre como arma de guerra. En la Resolución se hacía un llamamiento explícito a todas las partes en conflicto para que permitan el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria y garanticen el suministro de alimentos a la población. Insta a que se investiguen y sancionen los actos que destruyan recursos esenciales para la supervivencia de la población civil.

Siete años después, los resultados son concluyentes: por primera vez, hay dos casos en los que se ha judicializado el hambre como arma de guerra —a través del Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional—, pero en numerosas regiones en guerra y crisis, el hambre se sigue utilizando deliberadamente como arma, con consecuencias devastadoras y ante la mirada de una comunidad internacional en gran medida muda.

Cómo los conflictos destruyen la seguridad alimentaria

Los conflictos armados obligan a millones de personas a abandonar sus hogares, a menudo sin posibilidad de regresar. No solo pierden sus casas, sino también sus trabajos, sus tierras y sus medios de vida. En las regiones rurales, donde mucha gente vive de la agricultura, los campos permanecen en barbecho y las cosechas fracasan. El resultado: el hambre y la malnutrición aumentan drásticamente, tanto entre quienes se quedan como entre quienes han huido. A esto se suman las minas, que a menudo permanecen en el suelo durante décadas y dificultan la producción local de alimentos.

La guerra no solo destruye los medios de subsistencia, sino también la infraestructura que es esencial para la supervivencia: hospitales, escuelas, suministros locales de agua y mercados. Como resultado, las enfermedades y el hambre aumentan.

La situación se ve agravada dramáticamente por el bloqueo de la ayuda humanitaria. En muchas zonas de conflicto, los trabajadores humanitarios no pueden acceder a las personas más afectadas. Los bloqueos de fronteras y puertos, la destrucción de rutas de transporte o los ataques selectivos contra el personal humanitario obstaculizan el suministro de medicamentos y alimentos vitales. Estas restricciones, en gran medida evitables, exacerban aún más la crisis alimentaria y se cobran cada vez más vidas, especialmente de las personas más vulnerables.

La situación en Sudán, una de las mayores crisis humanitarias del mundo

Desde el estallido del conflicto en Sudán en abril de 2023, el país vive una de las peores crisis alimentarias de su historia. Más de la mitad de la población —más de 25 millones de personas— se ven afectadas por la inseguridad alimentaria aguda y necesitan ayuda humanitaria. Más de ocho millones de personas se encuentran actualmente al borde de la hambruna.

Este año, se espera que 3,2 millones de niños y niñas en Sudán sufran desnutrición aguda, más de 770.000 graves. Sin una ayuda que llegue rápido, muchos no sobrevivirán. Sin embargo, el acceso humanitario está siendo sistemáticamente bloqueado: se están denegando los permisos de entrada y las organizaciones de ayuda están en el punto de mira. 2024 fue el año más mortífero de la historia para los trabajadores de ayuda humanitaria en Sudán: 54 personas fueron asesinadas y muchas más fueron secuestradas. Muchas organizaciones humanitarias han tenido que cesar su trabajo en el terreno.

Se espera que 3,2 millones de niños y niñas en Sudán sufran desnutrición aguda, más de 770.000 graves. Sin una ayuda que llegue rápido, muchos no sobrevivirán

El año pasado, expertos de Naciones Unidas informaron sobre cómo las partes en el conflicto de Sudán están obstruyendo deliberadamente la ayuda humanitaria y pidieron el fin inmediato del uso del hambre como arma de guerra. Sin embargo, los mecanismos de la Resolución 2417 —alerta temprana, acceso sin trabas, rendición de cuentas— han sido anulados. Además, la falta de interés público significa que la comunidad internacional no ejerce suficiente presión, no impone sanciones o amenaza con consecuencias personales, lo que significa que la impunidad de los actores sigue siendo la regla.

Gaza: una crisis sin precedentes

La crisis en Gaza ha alcanzado proporciones sin precedentes: desde principios de marzo, no se ha permitido la entrada de suministros de ayuda en la Franja de Gaza. Hay escasez de alimentos, agua potable y medicinas. Según el último informe de la CIF (Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria) sobre la situación alimentaria, alrededor de 1,94 millones de personas en toda la Franja de Gaza están afectadas por una inseguridad alimentaria aguda grave, lo que corresponde al 93% de la población. Si las circunstancias no cambian drásticamente, alrededor de 71.000 niños y niñas menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda, 14.100 de ellos desnutrición aguda severa. Decenas de miles de mujeres embarazadas y lactantes también se verán afectadas por la desnutrición aguda, y necesitarán tratamiento para evitar que los bebés se vean impactados.

Alrededor de 1,94 millones de personas en toda la Franja de Gaza están afectadas por una inseguridad alimentaria aguda grave, lo que corresponde al 93% de la población

El bloqueo de los suministros de alimentos se identifica claramente como la causa principal del hambre en el informe de la CIF. Desde el comienzo del asedio, más de 177 cocinas y panaderías comunitarias han sido destruidas o se han visto obligadas a cerrar. El precio de la harina de trigo ha subido más de un 3.000%. Todo esto dificulta aún más el acceso a los alimentos. Solo la presión internacional ha llevado a que hace unos días el Gobierno de Israel autorizara una reanudación limitada de la ayuda. Sin embargo, esto es solo una gota en el océano: las entregas de ayuda hasta la fecha están lejos de ser suficientes y las restricciones en curso deben levantarse para evitar una hambruna, al igual que un alto al fuego permanente.

Se necesita voluntad política y una aplicación coherente de la Resolución 2417 para combatir el uso del hambre como arma de guerra

Los intereses geopolíticos y las prioridades contradictorias han obstaculizado repetidamente la acción colectiva. En un momento en el que los poderes de veto ejercen regularmente sus derechos —por ejemplo, en el contexto de los conflictos en Ucrania u Oriente Próximo—, es aún más importante implicar a otros actores eficaces.

La UE y los gobiernos nacionales también deben aplicar el Derecho Internacional Humanitario, adaptar su política exterior y de seguridad al mismo y garantizar que la ayuda humanitaria no se vea obstaculizada. Los parlamentarios desempeñan un papel central en este sentido: a través de la legislación, el control presupuestario y los debates públicos, pueden hacer visible el problema del hambre en los conflictos y hacer que los Gobiernos rindan cuentas.

Ya es hora de poner fin a la instrumentalización del hambre por motivos políticos y garantizar la protección de la población civil.