Bruselas veta que una empresa china participe en la ampliación del metro de Lisboa
Un consorcio participante en el concurso público se ve obligado a cambiar al suministrador de trenes chino por otro polaco


La Comisión Europea ya ha dado luz verde a la adjudicación del concurso para ampliar del metro de Lisboa. Bruselas había detectado en uno de los consorcios candidatos la participación del fabricante de trenes chino CRRC Tangshan, que podría haber recibido ayudas de su país. Eso lo situaban en condiciones ventajosas de forma injusta que, por tanto, “distorsionaban el concurso público”, según argumenta el Ejecutivo comunitario. Finalmente este grupo de empresas, llamado Mota-Engil, se ha comprometido con la Comisión a reemplazar al socio asiático por uno polaco, denominado PESA, y se han eliminado así los obstáculos para que continúe el proceso de adjudicación.
Ya hace casi tres años que entró el vigor el reglamento europeo sobre subsidios extranjeros. El objetivo es evitar que empresas que reciben dinero público sin cumplir con las normas europeas e internacionales aprovechen esa ayuda para participar con ventaja en el mercado único, lo que distorsiona la competencia. El campo de acción de este reglamento va desde las operaciones corporativas, en las que una compañía puede adquirir otra con subvenciones, o la participación en concursos públicos. En teoría, la nacionalidad no importa. Pero es evidente que la norma tiene un objetivo claro: frenar a las compañías chinas que hayan recibido ayudas tanto económicas como de otro tipo (cadenas de valor, ventajas regulatorias...).
Las ayudas públicas a empresas que distorsionan el mercado es una de las objeciones europeas al régimen chino, como también lo es la sobrecapacidad instalada en bastantes sectores (siderurgia, paneles solares, coches eléctricos). Y esto ya ha provocado diversos choques y actuaciones desde la capital de la Unión. Por ejemplo, la investigación sobre los vehículos eléctricos desplegada entre 2023 y 2024 concluyó que China daba ayudas a sus fabricantes “desde la mina hasta el puerto” y acabó con aranceles adicionales a las importaciones de estos productos.
No obstante, aunque ese haya sido el choque más llamativo, no se basaba en el reglamento sobre los subsidios extranjeros, sino en las normas de la Organización Mundial del Comercio. Sí que se han basado en esa regulación reciente otros casos, como la investigación, a comienzos de 2024, de un concurso público en Bulgaria para el suministro de una veintena de trenes y su mantenimiento durante 20 años. El proceso acabó con la firma china CRRC Qingdao Sifang Locomotive renunciando a participar en el contrato.
En el caso del metro de Lisboa, el consorcio Mota-Engil no se ve obligado a retirar la oferta, sino que tiene que cambiar a la empresa que suministra los trenes. “Basándose en el análisis preliminar, la Comisión abrió una investigación en profundidad el pasado 5 de noviembre, sobre los indicios de que Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock habría recibido subvenciones extranjeras que distorsionaban el concurso público, permitiendo al consorcio [implicado] presentar una oferta ventajosa”, explica la Comisión.
Estas sospechas se vieron confirmadas y Bruselas ha forzado al consorcio a proponer cambios en su oferta, que consisten, básicamente, en este cambio de socio. Ahora el proceso puede seguir adelante y le corresponde a Metropolitano de Lisboa decidir qué oferta resulta ganadora y, también, que se cumplen todos los requisitos reclamados. No obstante, la Comisión advierte de que vigilará para que se cumplan los compromisos que ha adquirido el consorcio investigado.
A diferencia del caso búlgaro, en el que no hubo decisión final porque CRRC Qingdao Sifang Locomotive renunció a participar en el concurso, esta vez sí que la hay porque la Comisión ha tenido que dar por válidos los compromisos ofrecidos por el consorcio Mota-Engil. Este es uno de los finales previstos en el reglamento europeo, que también contempla el veto de la operación corporativa —si lo que se plantea es la compra de una empresa por otra— o la prohibición de participar en el concurso público.


























































