Vida y muerte en la charlotada

Entre los proyectos anunciados por el Gobierno se encuentran la abolición de la soledad, la erradicación del bombero torero y la prohibición de bebidas energéticas a menores de 16 años. La soledad, dijo uno de esos ministros que aparecen con el cambio de tiempo como una prenda olvidada en un armario, se debe a una antropología neoliberal. La monserga comunitarista de derecha e izquierda hará que más de uno eche de menos el neoliberalismo: no tenía corazón pero al menos entendía que a menudo la comunidad oprime. A estas alturas no debería sorprender que algunos digan que el burka es libertad religiosa, pero desconcierta que haya políticos españoles críticos con la charlotada (festejo taurino bufo; actuación pública, colectiva, grotesca o ridícula): pueden acabar prohibiéndose a sí mismos.

Vox dice que hará un referéndum para ilegalizar los partidos independentistas: un dúo (referéndum, propuesta inconstitucional) que recuerda al secesionismo. El Partido Popular propone un marco para las negociaciones con Vox que incluye la premisa asombrosa de que los acuerdos respeten la “unidad nacional, el marco constitucional y el Estado de derecho”. Santiago Abascal critica que la dirección del PP se imponga a los líderes autonómicos, que en el caso de Vox nadie sabe quiénes son.

El Gobierno presenta un anteproyecto de ley de publicidad del sector público. Por lo visto se pretende “evitar que instituciones como gobiernos autonómicos o locales puedan estar financiando medios sin viabilidad económica, sin apenas audiencia, prácticamente sin ingresos privados vía publicidad o suscripciones, pero que se convierten en instrumentos al servicio de esos gobiernos que los financian”. Ya se sabe cómo son los gobiernos autonómicos y locales, a diferencia de los centrales: no te puedes fiar. Pero hay que encontrar maneras de no perjudicar a los amigos. Se diseña un mecanismo para que algunos medios de alcance regional queden al margen de las restricciones. Por ejemplo, si al menos el 70% de su audiencia se concentra en tres comunidades limítrofes. Uno se pregunta de dónde podrían ser esos medios, y además digo yo que habrá que proteger a los que usen lenguas minoritarias. Debemos promover la transparencia, aunque sobre todo si los medios son pequeños y privados. Al conflicto de intereses, cuando es grande, se le llama interés general o estratégico. Habrá que crear comités que establezcan estándares éticos y canalicen el dinero, y habrá que designar expertos de reconocido prestigio. Mientras se desclasifican documentos del 23-F, no hay una explicación de las razones del apagón, descubrimos que Adif se llevó materiales del accidente de Adamuz y no hay una nueva ley de secretos oficiales. En mitad de la charlotada, Ucrania lleva cuatro años de guerra.