El debate | ¿Las listas electorales deben diferenciar a los candidatos no binarios?

Mientras no se reconozca un tercer sexo en el Registro Civil, cualquier candidato en una lista electoral deberá declararse como hombre o mujer, según declaró recientemente la Junta Electoral Central.

Para Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres, introducir categorías subjetivas quiebra la estrategia para la igualdad de sexos. El profesor Alberto López Ortega defiende que la igualdad se preserva incorporando a quienes siguen fuera

Romper la lógica de la paridad daña a las mujeres

Elena Valenciano

La Junta Electoral Central (JEC) se pronunció recientemente sobre la posibilidad de que personas que se definen como “no binarias” puedan figurar con dicha identidad en las listas electorales y determinó que la normativa sólo reconoce las categorías “hombre” y “mujer”.

Existe un consenso universal sobre las barreras que dificultan la participación de las mujeres en el poder político. El fenómeno es mundial y se explica por una tradición que ha situado a las mujeres dentro del espacio privado y ha tratado de excluirlas del público. De la batalla para entrar a la Universidad a la lucha por el voto femenino, las mujeres han ido venciendo los obstáculos construidos por el poder patriarcal. Los derechos de las mujeres están retrocediendo en muchos países, y que las mujeres son hoy minoría en parlamentos, gobiernos y jefaturas de Estado: a nivel mundial, las mujeres ocupan menos de tres de cada 10 escaños; menos de uno de cada cuatro ministros son mujeres; solo 19 países tienen a una mujer como jefa del Estado y 22 al frente del Gobierno.

La preocupación por una democracia incompleta y por el déficit de representación femenina nos llevó en 1992 a Atenas para la cumbre Mujeres en el Poder, convocada por la Comisión Europea. La Declaración de Atenas constata la desigualdad política de las mujeres en Europa y reivindica la paridad como principio democrático básico: “Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes que contribuyan a una sociedad más justa y equitativa”. La Declaración reclama reformas estructurales que garanticen la igualdad efectiva en los procesos decisorios públicos.

Este es el camino que han seguido los países democráticos y avanzados como España. La Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, impone que las listas electorales estén integradas por personas de uno y otro sexo, ordenadas de forma alternativa, para asegurar la paridad entre mujeres y hombres. La JEC interpreta en su instrucción 3/2025 que la norma es muy clara al exigir alternancia y equilibrio entre sexos y por eso establece que en las candidaturas figure sólo la clasificación “hombre” o “mujer” según el DNI, “sin que quepa sustituirla por ninguna otra mención relativa a la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género”. No existe una regulación específica que reconozca un tercer sexo en el Registro Civil.

El debate sobre la inclusión de personas no binarias en las listas no es una cuestión de sensibilidades individuales, sino un conflicto político y jurídico que afecta al núcleo de la paridad como principio democrático fundamental. La paridad y la acción positiva no buscan equilibrar identidades subjetivas, sino garantizar que las mujeres puedan alcanzarlo a través de una representación equilibrada de ambos sexos (ninguno más del 60% ni menos del 40%).

Si introdujéramos una categoría no binaria en las candidaturas, se rompería la lógica de una norma que busca corregir la desigualdad política de las mujeres. ¿Esa tercera categoría se contaría aparte? Entonces desaparecería el principio de equilibrio entre mujeres y hombres. Y si la autoidentificación es libre, entonces el criterio deja de ser verificable. Ya no podríamos constatar la paridad en las listas y la ley quedaría desactivada de facto.

Este conflicto se extendería a muchos otros espacios donde las políticas de igualdad intentan corregir desequilibrios entre los dos sexos. El impacto alcanzaría a acciones positivas como las cuotas en órganos de decisión, consejos de administración, etcétera. Si mujeres y hombres dejan de ser los sujetos de derechos ¿cómo medimos las brechas de la desigualdad? Introducir categorías subjetivas quiebra todo el andamiaje y la coherencia de la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres.

Mantener la claridad en las categorías “mujer” y “hombre” no debe verse como un acto de exclusión de nadie sino como una garantía para mantener los mecanismos que protegen el derecho de las mujeres a participar en el poder político, del que han estado excluidas durante siglos.

Un reconocimiento que fortalecería la democracia

Alberto López Ortega

En un reciente ensayo, el sociólogo de Princeton Kristopher Velasco defiende que los derechos LGTBIQ+ se han convertido en un componente estructural de las democracias contemporáneas, porque funcionan como uno de los indicadores más nítidos de sus avances y retrocesos. Los ejemplos son incontables: democracias en regresión como Hungría que prohíben el Orgullo, o las restricciones en EE UU al acceso de las personas trans a documentos oficiales, lo que las borra en la práctica del Registro Civil. En ese patrón encaja la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) que obliga a las personas no binarias a inscribirse como hombres o mujeres para figurar en listas electorales. Hablamos de unas 400.000 personas en España que, de repente, se ven en la disyuntiva de mentir sobre su identidad o renunciar a ser candidatos.

Quienes defienden la decisión apelan a la igualdad: proteger la paridad. España ha pasado de un 6% de mujeres en el Congreso en 1979 a superar el 40%. Es un avance histórico, fruto de décadas de presión feminista y reformas institucionales. Pero de ahí a afirmar que reconocer a las personas no binarias pone en riesgo esos logros hay un salto injustificado.

Llevo años investigando cómo la ultraderecha instrumentaliza causas legítimas para erosionar otras. He documentado cómo se invoca el feminismo para atacar a inmigrantes o personas trans, o cómo se utilizan los derechos LGTBIQ+ para justificar políticas xenófobas. El patrón es siempre presentar la igualdad como un juego de suma cero en el que el avance de un grupo implica el retroceso de otro. Esa trampa retórica convierte los derechos en un bien escaso y siembra desconfianza entre ciudadanos que solo quieren vivir en libertad. Y, sobre todo, adopta el lenguaje de la igualdad mientras trabaja contra ella. Aquí sucede exactamente eso. Se dice proteger la paridad, pero se defiende una interpretación rígida de las categorías de género que deja fuera a quienes no encajan en ellas. No es avanzar en igualdad; es preservar un statu quo excluyente.

La contradicción entre los derechos de las mujeres y los de las personas no binarias es falsa. Existen soluciones viables: crear una cuota específica restada del porcentaje masculino; permitir la inclusión sin alterar el cómputo siempre que se respete el mínimo de mujeres; fijar un mínimo de mujeres y un máximo de hombres dejando margen para otras identidades, o registrar su identidad en una categoría distinta. Alemania, Países Bajos, Canadá o Argentina ya han reconocido identidades no binarias sin que sus sistemas de paridad se tambaleen. Encontraron soluciones porque entendieron que enfrentar a mujeres y personas queer es un falso dilema.

El fondo del asunto es el derecho a la representación, que no funciona con lógica de suma cero. La inclusión amplía el perímetro democrático. Cuando una persona no binaria ve a alguien como elle en un Parlamento, recibe un mensaje poderoso: existes, importas, este sistema también es tuyo. La representación descriptiva aumenta la participación política, la confianza institucional y la salud mental de quienes han crecido sintiéndose invisibles. No es un capricho identitario; es un mecanismo de legitimación del sistema.

Las razones para la inclusión son muchas. Están las jurídicas: el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya ha expresado su preocupación por la situación en España. Están las de coherencia: no podemos presumir de país abierto mientras pedimos a cientos de miles de ciudadanos que falseen su identidad para participar en política. Y están las feministas: el feminismo lleva décadas defendiendo que la biología no es destino y combatiendo los moldes que encorsetan. Las personas no binarias no amenazan al feminismo: lo encarnan.

Desde fuera, muchos ven a España como ejemplo de país inclusivo. Fuimos pioneros en matrimonio igualitario, en autonomía reproductiva y en leyes de identidad de género. Cada conquista tuvo sus profetas del apocalipsis. Y, cada vez, ampliar derechos no le restó nada a nadie. Reconocer a las personas no binarias es coherente con esa trayectoria y, en un contexto de retrocesos de la democracia, recuerda que la igualdad no se preserva excluyendo, sino incorporando a quienes siguen fuera.