Hora de cambiar

El nuevo sistema de financiación autonómica anunciado este viernes por el Gobierno supone el primer intento real y sólido de acabar con la anomalía de tener caducado desde hace 12 años el método de reparto que rige desde 2009. Sucesivos gobiernos han evitado abrir un debate imprescindible para la financiación de los servicios públicos en España, que en buena medida recaen sobre las comunidades autónomas. Por este motivo es una buena noticia que finalmente haya una propuesta firme y que el Gobierno se haya puesto a buscar apoyos para aprobarla más allá de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido que más ha presionado al PSOE para que presente un nuevo modelo de financiación y que el jueves se arrogó la autoría de la propuesta.

La nueva fórmula destaca por inyectar 21.000 millones de euros al sistema de reparto, de los que 16.000 saldrán de una ampliación de la parte de IRPF e IVA que el Estado cede a los territorios. Es decir, hay considerablemente más dinero a repartir que en el modelo anterior y se da mayor corresponsabilidad fiscal a las Comunidades Autónomas. Se incorporarán a la cesta de tributos cedidos también el 100% del impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos.

El plan fue presentado por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pero el acuerdo fue anunciado el día anterior por el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta escenificación se puede comprender como una cortesía con un aliado parlamentario imprescindible en Madrid y en Cataluña, pero es cierto que conlleva el coste de enturbiar un debate de país en el que se tienen que implicar todos los partidos y territorios. El escepticismo con una propuesta que se presenta de entrada como una petición de Cataluña es lógico. Pero la realidad es que el nuevo sistema mantiene a la Generalitat dentro del régimen común y no entra en una de las grandes reivindicaciones de ERC, que era el 100% del IRPF.

Ahora se abre un complejo proceso de validación del nuevo sistema. El Partido Popular, pese a no haber presentado ninguna propuesta propia por la incapacidad de consensuarla internamente, argumenta que es un “traje a medida” para Cataluña. En Cataluña, Junts también la rechaza por considerarla insuficiente. Sorprende que estas críticas lleguen de formaciones políticas que tuvieron responsabilidades de gobierno en el pasado y que no trabajaron para actualizar el sistema cuando caducó en 2014.

El Gobierno ha anunciado reuniones multilaterales y bilaterales con todas las autonomías para acabar de ajustar el modelo. Estas reuniones deberían servir para mejorarlo y garantizar que los servicios públicos se prestan en clave de igualdad en el conjunto de España. Cualquier intención que no sea esta debería quedar fuera de la sala, por más que estemos en un nuevo ciclo electoral.

Con un crecimiento espectacular en el entorno europeo y un contexto macroeconómico muy favorable, España no puede desaprovechar la oportunidad de mejorar sustancialmente un sistema de financiación autonómica obsoleto e injusto que tensiona los servicios públicos. Esa reforma no la va a hacer Cataluña, sino todas las comunidades autónomas juntas; ni tampoco el Gobierno, sino las Cortes. Una propuesta concreta que desbloquea el debate y echa a andar la negociación tiene que ser bienvenida. Falta saber qué proponen todos los demás que se van a sentar a la mesa y cuyos ciudadanos necesitan este dinero.