Las patronales catalanas consideran insuficiente el pacto para el nuevo modelo de financiación
Foment del Treball saluda la llegada de nuevos recursos, pero reclama la recaudación y gestión de todos los impuestos que se generan en Cataluña

La propuesta para la renovación del modelo de financiación autonómica, pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, no termina de convencer a las patronales catalanas, aunque sí ha recibido un primer visto bueno de los sindicatos y de algunas organizaciones económicas. La propuesta pactada plantea ceder parte del IRPF y del IVA a las comunidades autónomas, lo que dejaría a Cataluña como la segunda comunidad que más recursos nuevos reciba (4.686 millones de euros), después de Andalucía. Tanto Foment del Treball como Pimec ya han avisado de que, si bien es interesante que lleguen más recursos, el acuerdo en conjunto es insuficiente. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre considera que la propuesta es “claramente insuficiente” y recuerda que su posicionamiento siempre ha sido más ambicioso: pide que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos generados en Cataluña, y que tenga capacidad normativa. En los últimos tiempos, Foment ha sido uno de los principales interlocutores que Junts tiene en el mundo empresarial, y han coincidido en algunas reivindicaciones que luego se han plasmado en el Congreso. En este caso, así como el partido de Carles Puigdemont ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad porque quieren un concierto económico, Foment se limita a decir que la propuesta no cumple con sus expectativas.
La propuesta del Gobierno y ERC pretende poner presión sobre el partido de Puigdemont, que tiene la llave para que el nuevo modelo prospere en una votación en el Congreso. Junts ya ha avanzado su rechazo, pero el Govern de Salvador Illa quiere mantener la presión para que reconsideren su postura. En este marco hay que entender las reuniones que el Ejecutivo catalán está teniendo estos días con las entidades representativas de los empresarios y los sindicatos. Este viernes, el propio president se reunirá con Foment, Pimec, CC OO y UGT, con el objetivo de convencer a los agentes sociales para que a Junts se le haga inevitable votar a favor. En este sentido, para el Govern es clave convencer a la patronal catalana, porque es la que ha tenido mayor interacción con Junts en los últimos meses. Los contactos entre Foment y Junts son fluidos, y se han materializado en gestos como las visitas del presidente de la patronal a Puigdemont en Bruselas. Su presión se ha traducido en varios posicionamientos del partido independentista en el Congreso, como por ejemplo con su rechazo a la reducción de la jornada laboral.
El pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, según la patronal de las grandes empresas, “no resuelve los déficits históricos y estructurales que tiene Cataluña en su financiación y en la inversión en infraestructuras”. Foment del Treball lleva años analizando las consecuencias de estos déficits, que lastran la productividad de la economía catalana, y para solucionarlo reclaman una capacidad de financiación, y de decisión, mucho mayor. “La falta de inversión en infraestructuras durante los últimos 14 años supone un déficit de 42.500 millones de euros. Con estas premisas Foment solo puede apuntar que el modelo que ha presentado el Gobierno, fruto de este pacto con ERC, es insuficiente”, señala la patronal en un comunicado. En el mismo, la entidad lamenta que no quede claro si el principio de ordinalidad en la distribución de los recursos se garantiza “o es solo un deseo”. “El modelo es de 2009 y caducado desde 2014, se ha demostrado perjudicial para todas las comunidades autónomas, y también para Cataluña”, señala Foment.
“Si bien es positivo para Cataluña acceder a más financiación, no vemos el cambio de modelo que hace falta para mejorar su financiación e incrementar las inversiones en infraestructuras”, abunda Sánchez Llibre en la nota en la que no obstante destaca que, si sale adelante el pacto, “estos 4.700 millones de euros serán bienvenidos, y esperamos que estos nuevos ingresos sirvan para bajar impuestos e implementar políticas públicas que ayuden a la mejora de la productividad”.
Para Foment, el principio de ordinalidad es clave para que el nuevo modelo represente una mejora sustancial. Con el modelo actual, y sin contar Euskadi y Navarra, Cataluña es la segunda comunidad en PIB per cápita, pero la décima en los recursos recibidos, “y baja hasta la 14ª cuando se corrige por el coste de la vida”. La patronal catalana dice estar de acuerdo en promover la solidaridad interterritorial, pero rechaza “que las comunidades que más aporten acaben siendo las que reciben menos”.
El blindaje del principio de ordinalidad también es de vital importancia para Pimec, la patronal de las pymes catalanas. La entidad presidida por Antoni Cañete reclama que este principio quede blindado con rango legal, y considera que la mejora de la financiación “debe ir acompañada de una política presupuestaria que permita resolver los déficits estructurales de la economía catalana y el impulso de la actividad económica”. Pimec advierte de que aunque se cumpla todo lo acordado “el déficit fiscal de Cataluña continuará siendo muy elevado, hecho que pone de manifiesto que la reforma no resuelve todavía el desequilibrio de fondo del sistema”.
Con todo, la patronal de las pymes “valora muy positivamente” el acuerdo alcanzado, sobre todo la parte en la que las comunidades autónomas participan más de los impuestos. Pero la línea roja es el principio de ordinalidad, es decir, que quien aporte más no termine recibiendo menos: “Es una condición esencial para que la solidaridad entre territorios no derive en una penalización estructural y recurrente de las economías más productivas”.
Hay quienes se han mostrado más a favor, o al menos intentan ver el vaso medio lleno. El sindicato CC OO, por ejemplo, expresó el jueves, solo conocer la propuesta, que esta era “un gran paso adelante para asegurar la autonomía financiera y la mejora de la financiación de los servicios públicos”. Por su parte, la Cambra de Comerç de Barcelona también valora positivamente el acuerdo, aunque pide introducir mejoras para reconocer la singularidad y el peso económico de Cataluña, garantizar el principio de ordinalidad y tener en cuenta el coste de la vida. “La propuesta representa una mejora cuantitativa y cualitativa muy importante respecto al modelo actual”, señala la Cambra.
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