El bueno, el feo y el malo: tres escenarios para el petróleo en Venezuela

La intervención de Estados Unidos en Venezuela deja un panorama de incertidumbre política que determina el futuro petrolero del país. El descarte por parte del presidente Donald Trump de una transición rápida y su insistencia en controlar el crudo venezolano ha descolocado a propios y extraños. Esta incertidumbre se proyecta sobre un sector petrolero arrasado por casi tres décadas de nacionalismo, mala gestión y corrupción con el chavismo, agravados por una década de sanciones estadounidenses. Como resultado, el país pasó de producir casi 3,5 millones de barriles diarios en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, a apenas 800.000 barriles/día en diciembre de 2025, menos del 0,7% de la producción mundial. Venezuela cuenta con cerca del 20% de las reservas de petróleo del mundo —las mayores— pero también unas de las más caras de extraer y procesar por su alta densidad.

Antes de pasar a conjeturar sobre el futuro, conviene repasar el pasado reciente. Venezuela alcanzó un pico de producción de casi 3,8 millones de barriles al día en 1970, pero tras la nacionalización del sector y la sujeción a las cuotas de la OPEP cayó por debajo de los dos millones de barriles diarios a mediados de la década siguiente. Un segundo pico, de casi 3,5 millones de barriles/día, se produjo en 1998, fruto de la apertura a la inversión extranjera en los años precedentes. El auge terminó cuando Chávez llegó al poder al año siguiente y su enfrentamiento con los dirigentes de la petrolera estatal PdVSA provocó la huelga de 2002. El declive se intensificó tras la salida de las compañías internacionales, que rehusaron reestructurar sus acuerdos con PdVSA para otorgarle una participación mayoritaria en sus proyectos. Esa negativa llevó a la confiscación de activos de las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips, que ganaron arbitrajes internacionales con indemnizaciones millonarias nunca satisfechas. A esto se refiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando habla, impropiamente, de “robo”: las expropiaciones no se hicieron correctamente ni fueron indemnizadas, pero no hubo robo de un petróleo que siempre fue y será venezolano y sobre el que las compañías estadounidenses solo tenían concesiones; de hecho, Chevron siguió operando bajo las nuevas condiciones.

La primera presidencia de Trump sancionó al sector petrolero de Venezuela prohibiendo a su Gobierno y PdVSA el acceso a los mercados financieros, congelando los activos de PdVSA en Estados Unidos y prohibiendo a sus nacionales realizar transacciones con ella y sus filiales. Trump también impuso sanciones secundarias a las empresas y personas físicas que hicieran negocios con las petroleras venezolanas, incluyendo navieras e intermediarios, favoreciendo así el surgimiento de una flota fantasma para eludirlas, ampliando la influencia de Irán y Rusia, e incentivando una mayor opacidad y corrupción en el sector. Las sanciones expulsaron a muchas empresas occidentales ante la imposibilidad de cobrar sus servicios y las que siguieron operando limitaron su presencia e inversiones esperando tiempos mejores. Como resultado, la producción pasó de unos 2,5 millones de barriles diarios en 2016 a menos de 700.000 en 2021.

La presidencia de Joe Biden autorizó la reanudación de algunas operaciones de canje de crudo con PdVSA por la deuda generada con las compañías internacionales, y que Chevron reanudara sus operaciones y exportaciones a Estados Unidos. Tras la firma de los Acuerdos de Barbados de 2023 entre el Gobierno venezolano y la oposición, por los que aquel se comprometió a convocar elecciones con plenas garantías democráticas, Estados Unidos levantó las sanciones a condición de que se cumpliera lo acordado. El impacto sobre un sector muy deteriorado por la falta de inversión y de mano de obra cualificada fue limitado, y la producción aumentó modestamente hasta apenas un millón de barriles diarios en 2024. La segunda presidencia de Trump recuperó las sanciones (salvo para Chevron) y terminó 2025 con un bloqueo que ha incluido la confiscación de dos petroleros y el descenso de la producción hasta unos 800.000 barriles al día el pasado diciembre.

Tras la “extracción” (ilegal, por si las comillas no bastan) de Maduro, el sector petrolero venezolano afronta un incierto panorama que dependerá del futuro político del país y del que pueden derivarse tres posibles escenarios. A mi juicio, el óptimo consistiría en una transición razonablemente rápida y ordenada hacia una presidencia surgida de los resultados de las elecciones de 2024, cuando Edmundo González ganó las presidenciales apoyado por una coalición opositora. Este traspaso de poderes no puede darse de la noche a la mañana, pero sí tener un calendario y un horizonte claros: debería ser cuestión de meses, no de años. Un gobierno de raíz democrática tendría la legitimidad para emprender las urgentes y profundas reformas que el sector petrolero requiere: despolitización, transparencia, racionalización, eficiencia y apertura a la inversión extranjera, pero preservando la soberanía energética del país y el control de sus recursos.

Sin sanciones ni bloqueos, el sector petrolero venezolano podría reintegrarse a los mercados internacionales para volver a operar con normalidad, accediendo a las inversiones, servicios y profesionales imprescindibles para revitalizarlo. Según algunas estimaciones, a corto plazo la producción podría aumentar hasta 200.000 barriles al día sin necesidad de invertir en nuevos proyectos de exploración y producción, en función de la evolución de las reformas y de los precios del petróleo. Bastaría con poder acceder a la financiación internacional, los diluyentes y las tecnologías necesarias para procesar el crudo ultrapesado del país y acometer inversiones relativamente modestas en operaciones ya existentes. A largo plazo, la apertura a las compañías internacionales podría incentivar un proceso inversor en exploración y producción como ocurrió en la década de 1990 y acercarse en unos años al pico entonces alcanzado.

Este escenario resultó descartado de entrada en la rueda de prensa del pasado 3 de enero, cuando el presidente Trump tuvo un feo gesto desdeñando a María Corina Machado e insistiendo obsesivamente en controlar el petróleo venezolano. No especificó en qué consistiría ese control ni qué tipo de acuerdo implicaría, pero señaló a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, como elegida para gestionar una transición larga y estrechamente supervisada bajo la amenaza de nuevas intervenciones. Aplicando el corolario Trump de la doctrina Monroe desarrollado en la Estrategia de Seguridad Nacional del pasado noviembre, ello implicaría un control exclusivo y excluyente de los recursos naturales venezolanos por parte de las compañías estadounidenses. La exclusión de Rusia y China podría justificarse por su connivencia con el chavismo, pero no la de empresas europeas cuyos países han apoyado la democratización de Venezuela, reconocido a Edmundo González y presionado al Gobierno de Maduro.

Bajo este escenario, la producción petrolera aumentaría con el retorno en condiciones preferentes de las compañías estadounidenses. Pero la ausencia de competencia por parte de otras compañías extranjeras reduciría el margen de maniobra de Venezuela y los beneficios esperados para sus ciudadanos. Ese alineamiento petrolero forzado implicaría una renuncia a la soberanía energética del país y la subordinación a los intereses estadounidenses. Si el objetivo es recuperar plenamente el sector energético venezolano antes de avanzar en la transición democrática, esta podría retrasarse años. Solo mediante incentivos muy agresivos puede esperarse que las compañías estadounidenses lleven a cabo el enorme esfuerzo inversor que ello supondría, especialmente en el actual contexto de bajos precios del petróleo.

Finalmente, no puede descartarse una mala evolución política. No está claro que el enfoque estadounidense sea sostenible en el tiempo y podría dar lugar a un ciclo de inestabilidad e indefinición, con intervenciones periódicas que erosionen el marco inversor del sector y su credibilidad a largo plazo. Una incertidumbre prolongada que genere un vacío de poder entre los rescoldos del chavismo, el dirigismo de Estados Unidos y las aspiraciones de la oposición mandaría un pésimo mensaje a los inversores. El mantenimiento de las sanciones y del bloqueo, la exclusión de actores no estadounidenses, la indefinición en las reformas y del papel de PdVSA podrían prolongar el deterioro de la producción y de la economía del país. Evidentemente, puede darse una combinación de escenarios y la incertidumbre no solo afecta al petróleo, pues Venezuela cuenta con las mayores reservas de gas de América Latina e ingentes recursos minerales. Pero en el actual momento de incertidumbre, el futuro del sector petrolero venezolano parece pintar entre feo y muy feo.