Sin una reacción institucional a Trump, dejará de existir el derecho internacional

La agresión de Estados Unidos a Venezuela —de “ataque espectacular” la ha calificado el propio Trump— es un acto criminal, agravado por la ostentada y complacida brutalidad. La lista de los crímenes es amplia y variada: viola la prohibición (artículo 2 de la Carta de la ONU) del uso de la fuerza contra un Estado soberano, calificada como crimen de agresión por el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional; el asesinato de al menos 80 personas, que han perdido la vida a causa de los bombardeos sobre el Parlamento de Venezuela, la sede del Gobierno, los aeropuertos, cuarteles y bases militares; el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, capturados por los agresores invadiendo arbitrariamente su domicilio; la violación de la Constitución estadounidense, cuyo artículo primero, sección 8, atribuye la decisión en materia de guerra al Congreso, que ni siquiera ha sido informado de la agresión. El hecho de que Maduro sea un dictador no atenúa la gravedad de estos crímenes. El narcotráfico, obviamente, es un pretexto. Los verdaderos objetivos son dos: las inmensas reservas de petróleo de Venezuela y, sobre todo, la demostración al planeta de quién es el verdadero soberano del mundo.

Trump no solo se ha jactado, como siempre, de su excepcionalidad y de su potencia militar, sino que ha declarado que Venezuela será a partir de ahora gobernada por Estados Unidos, o lo que es lo mismo, que es una tierra de conquista; hasta el punto de que, por si fuera necesaria, ya está programada una segunda agresión militar. Ha proyectado el sustancial control del petróleo venezolano como cosa nostra y los miles de millones que ingresarán las compañías estadounidenses. Ha amenazado a toda América Latina, comenzando por Cuba y Colombia, pero también al mundo entero, ante el que ha exhibido la indiscutible superpotencia militar de Estados Unidos.

Hace más penosa esta vicisitud el sustancial silencio de la Unión Europea; asimismo su justificación por parte del Gobierno italiano. Durante cuatro años en Europa se ha censurado cotidianamente a Putin, repitiendo que de una parte hay un agresor y de otra un agredido. Hoy, frente a una nueva agresión, en la que hay un agresor y un agredido, la ausencia de indignación de la Unión anula la ya débil credibilidad de toda la política europea, incapaz en cuatro años de una sola iniciativa política frente a Rusia. El alarde incontestado de Trump por la operación marca abiertamente el fracaso del derecho internacional, sustituido por la ley del más fuerte, ostentada, por lo demás, y no solo practicada también por los autócratas sus aliados, Putin y Netanyahu.

Esta general explícita abdicación del derecho internacional producirá el efecto de hacer desde ahora legítima cualquier posible violación del mismo, pasada o futura: ayer la invasión rusa de Ucrania, mañana la de Taiwán por China, y luego otras, de Cuba a Groenlandia, por lo demás, ya hoy amenazadas. Así, hasta la normalización y mundialización de las guerras de agresión.

Nunca como hoy sería necesaria, para frenar esta deriva, una reacción institucional, sin la cual dejará de existir el derecho internacional: ante todo, la incriminación de Trump, como antes la de Putin y la de Netanyahu, por el Tribunal Penal Internacional, cuyos miembros, sin embargo, han sido reiteradamente agredidos, amenazados y gravemente intimidados por estos criminales. En segundo lugar, una condena política, decidida por mayoría por la Asamblea General de Naciones Unidas, además de por todos los países que aún creen en las razones del derecho. En tercer lugar, la movilización en todo el mundo de las fuerzas pacifistas y, más sencillamente, de todas las personas civiles. La impunidad del crimen, su pasiva y despavorida aceptación, el sometimiento a su violencia y prepotencia equivalen siempre a su legitimación.

El 3 de enero ha significado un giro en el ya trastornado derecho internacional. Después de tantas guerras —Serbia, Afganistán, Irak, Libia, disfrazadas con los calificativos hipócritas de guerra ética, exportación de la democracia, defensa preventiva y similares— la mayor potencia militar del mundo ha proclamado oficialmente la ley del más fuerte. Esta ley salvaje, en un mundo en el que la fuerza es la de las 12.000 cabezas nucleares divididas entre nueve potencias, casi todas animadas por la lógica del enemigo, equivale, antes o después, a la autodestrucción del género humano. La única alternativa, improbable pero posible, es, como siempre, una refundación constitucional de la Carta de la ONU, que no se limite a proclamar la paz, sino que introduzca la sola garantía capaz de hacer imposibles las guerras: la prohibición de las armas —de todas las armas concebidas para matar— mediante la previsión y el castigo severo de su producción y comercio como crímenes gravísimos contra la humanidad. Una utopía, cierto: pero es lo único que tenemos. Consiste en una perspectiva, solo lejanamente posible, pero que, precisamente por eso, estamos obligados a perseguir.