Freno al coche eléctrico

Los malos augurios se han cumplido y la Comisión Europea ha acabado por ceder a las presiones del sector del automóvil y del ala más dura de la Eurocámara y ha acordado alargar la vida del vehículo de combustión más allá de 2035. Apenas dos años después de su aprobación, Bruselas recula en una de las principales medidas recogidas en el Pacto Verde. Mal precedente para una UE que sobre el papel sigue teniendo objetivos climáticos relativamente ambiciosos, pero que en los últimos meses ha tomado decisiones que rebajan, diluyen o aplazan parte de ese compromiso.

Ante las presiones de Alemania e Italia —y en menor medida de Polonia, República Checa y Hungría—, la Comisión ha presentado una revisión del paquete legislativo para la industria del automóvil, por la que sustituye la prohibición total de la venta de vehículos contaminantes para 2035 por un objetivo de reducción de emisiones. La industria del motor deberá rebajar un 90% las emisiones de la flota que haya en circulación dentro de una década. El 10% restante puede compensarlo con créditos verdes, con el uso de acero fabricado en Europa (con bajo contenido de carbono) o de combustibles renovables sostenibles.

Los fabricantes confían, de esa forma, en mantener abiertas las plantas que exportan modelos a otras regiones menos estrictas con los requisitos ambientales. España (segundo mayor fabricante de coches del Viejo Continente) se opone frontalmente a los cambios impulsados por la Comisión, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado en calificar de error histórico.

Bruselas ha identificado los grandes males que aquejan a la industria automovilística de la UE (crisis de demanda, retraso tecnológico y deslealtad competitiva internacional) y ninguno se va a solucionar solo con este indulto parcial, que alarga la vida del coche de combustión pero también prorroga la dependencia de un petróleo que Europa no produce y debe importar de terceros países como Estados Unidos o Arabia Saudí.

Ahora que la decisión ya está tomada, el plan tiene que acompañarse de otras iniciativas para garantizar que un sector fundamental para la economía y el empleo de la UE —2,4 millones de empleos directos y un 7% del PIB del continente— culmina su adaptación sin poner en riesgo esos puestos de trabajo a la vez que deja de apostar por una tecnología —el motor de combustión—que tiene los días contados mientras el resto del mundo sigue avanzando.

La revisión incluye medidas que van en la dirección correcta, como la creación de una nueva categoría de vehículos eléctricos pequeños (no más de 4,2 metros de longitud), baratos (hasta un máximo de 25.000 euros), sometidos a normas menos estrictas y que, para impulsar su comercialización, servirán a los fabricantes para reducir sus emisiones de CO₂. Pero si Europa quiere recuperar su credibilidad como zona verde y líder en innovación, el compromiso con la descarbonización debe permear toda la cadena de producción y consumo. La insuficiente red de puntos de recarga de los vehículos eléctricos seguirá lastrando la venta de estos coches y la transición automovilística si no hay una apuesta firme para revertir esa carencia. Hay voces respetadas que apoyan la decisión de la Comisión de rebajar sus objetivos precisamente por la incertidumbre que rodea todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico. Pero la decisión del Ejecutivo comunitario es más que un simple ajuste técnico, simboliza una fractura en la política climática europea y lanza un mensaje de inseguridad regulatoria, precisamente ahí donde la UE dice exhibir músculo.